Centros Poblados debe pagarle al Estado $87.027 millones por incumplir polémico contrato

La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República emitió un fallo de responsabilidad fiscal de $87.027 millones por las irregularidades que se presentaron en el contrato que el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados celebraron en 2020 para llevar internet a zonas apartadas.

El daño a las finanzas públicas se materializó, de acuerdo con la Contraloría, en el incumplimiento de la entrega total de equipos para culminar el proyecto. La falta de elementos para la población vulnerable acordada en el convenio “impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales del Estado”, indicó el ente de control.

Para el Ministerio Público, hubo una “gestión fiscal, ineficiente e inoportuna”, dado que el consorcio y el Ministerio no concluyeron el proyecto Centros Digitales, que tenía como objeto instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos. El fallo se dirigió a las firmas que conformaron Centros Poblados y su representante legal.

Al no entregar los equipos necesarios para llevar conectividad a las regiones, el Ministerio terminó el contrato anticipadamente. La unión había presentado una garantía bancaria falsa y sin ella la cartera de las tecnologías no hubiese desembolsado los $70.000 millones por concepto de anticipo.

La Contraloría determinó que la empresa proveedora de los equipos omitió su deber de entregarlos, por lo que también declaró a su representante legal responsable fiscal. Adicionalmente, el ente de control falló en contra de los miembros del consorcio interventor, pues aprobaron unas órdenes de pago sin validar los documentos de soporte.

No obstante, frente al Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, administrado por el Ministerio de las TIC, la Contraloría decidió que no fue responsable fiscalmente. La entonces representante del Fondo, Adriana Meza, no sabía de los incumplimientos hasta mayo de 2021, según su defensa.

Sandra Orjuela, subdirectora de gestión contractual del Ministerio, por su parte, “adelantó todos los procedimientos que le eran exigibles funcional y legalmente para la aprobación de las garantías bancarias”, afirmó la entidad de control, que indicó que la exfuncionaria “fue inducida en error” por parte de los miembros de Centros Poblados.

La Unión Temporal Centros Poblados estuvo conformada por la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería Seguridad e Innovación; ICM Ingenieros SAS; INTEC de la Costa SAS, y Omega Building Constructora SAS. Su representante legal fue Luis Fernando Duque Torres y el consorcio interventor estuvo representado por Paola Izquierdo Rivera.

Información de Colprensa.