Cerrejón pidió a comunidad Wayúu levantar bloqueos en La Guajira. Llevan días con las vías férreas paralizadas

“Cerrejón hace un llamado a poner fin a los bloqueos ilegales de la línea férrea por parte de las comunidades representadas por Nación Wayúu”, de esta manera la empresa ubicada en el departamento de La Guajira pidió las autoridades tradicionales indígenas levantar el bloqueo de la línea férrea que este jueves cumple 12 días.

Los puntos críticos de la manifestación han sido dos específicamente, pero el llamado es para los municipios de Albania, Maicao, Uribia y Manaure. A través de un comunicado se hizo la solicitud y quedó como constancia que la comunidad no asistió al encuentro programado para este miércoles donde se tratarían los temas a solucionar.

“Lamentamos profundamente que, el día de hoy (23 de agosto) esta organización no se presentara a una reunión entre las partes auspiciada por la Secretaría de Asuntos Indígenas de Maicao, que se había ofrecido como garante”, dice el escrito.

La compañía confía en que Nación Wayuu muestre un liderazgo constructivo, de la misma manera que ya lo ha hecho con otras 69 comunidades que representó durante el proceso de consulta, en el marco de la sentencia T-704, y con las cuales ya se han firmado los acuerdos.

De acuerdo con la compañía los bloqueos ilegales de la línea férrea impactan negativamente a todos en La Guajira, incluidos los miembros de la comunidad y las empresas.

“Estas acciones afectan el traslado de insumos esenciales para nuestra operación minera, el transporte de carbón al puerto e impiden la entrega de agua potable a las 163 comunidades vecinas a nuestra operación, donde viven alrededor de 2.350 familias, que se benefician de la iniciativa del Tren del Agua que se viene implementando desde 2014″, explica el documento.

En otras noticias del departamento también con afectaciones en los servicios esenciales se conoció que la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la puesta en marcha, el Sistema Integral de Acueducto y Alcantarillado formuló pliego de cargos contra el actual alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, y el exalcalde, Juan Carlos Suaza Móvil, quien fungió en el cargo en el período del año 2018-2019.

Según el ente de control se pudo establecer que, aun cuando las obras de construcción del acueducto y alcantarillado para el corregimiento de Camarones fueron terminadas y entregadas a satisfacción desde el 14 de noviembre del año 2018, estas nunca habrían sido puestas en funcionamiento por el alcalde del momento ni por su sucesor.

Y lo más grave es que ni siquiera parece que se pudieran poner a funcionar a partir de ya, pues con el paso del tiempo se han ido deteriorando y están siendo desmanteladas por delincuentes.

“Se constató que la geomalla textil de las lagunas de oxidación de la PTAR había sido hurtada y que la maleza estaba invadiendo la obra, de lo cual obran fotografías en el expediente”, asegura el auto en uno de sus apartes.

José Ramiro Bermúdez Cotes es investigado por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad, y el pasado 26 de abril el órgano de control había suspendido al funcionario por un término similar, medida cautelar que fue enviada en consulta a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría, instancia que confirmó la decisión adoptada.

“Al verificar el estado de las obras construidas, estas no están prestando ningún servicio a la comunidad. Se evidenció que las obras fueron entregadas, pero no se les tiene garantizados la operación y mantenimiento, lo que pone en riesgo la funcionalidad y la sostenibilidad del proyecto”, agrega el documento.

De acuerdo con la Procuraduría, las obras objeto de la investigación disciplinaria fueron financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, con un presupuesto superior a los 11 mil millones de pesos.