Chiribiquete, el tesoro natural de Colombia que empieza a ser golpeado por la deforestación

El Parque Nacional Natural Chiribiquete —ubicado en el corazón de la Amazonía colombiana— se ha convertido en el objetivo más reciente de las organizaciones que se lucran con la destrucción del medioambiente.

Pese a que, en 2021, la deforestación disminuyó en los parques amazónicos de Tinigua, La Macarena, Los Picachos y la Reserva Nukak, el daño en los bosques del PNN Chiribiquete tuvo un aumento significativo, pues pasó de 1.948 hectáreas devastadas (en 2020) a 2.207 hectáreas (en 2021), según la respuesta del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) a un derecho de petición enviado para esta investigación.

Mientras usted se toma unos minutos para leer este informe y la atención de la mayoría de colombianos se centra en el precio histórico del dólar, en qué países no exigen visa, a dónde ir de vacaciones o cómo le va a su equipo en la liga de fútbol, en Chiribiquete hay un ejército de motosierras talando las 6,1 hectáreas de bosque que arrasan diariamente, según la respuesta entregada por el Ideam. Es el equivalente a desaparecer doce estadios de fútbol cada 24 horas.

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Lo preocupante —según entrevistas con directivos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), una de las organizaciones más representativas de la lucha por el bienestar de la Amazonía— es que históricamente el Gobierno colombiano no ha prestado la suficiente atención al problema. Aun así, el expresidente Iván Duque se comprometió en la Conferencia sobre Cambio Climático, en Glasgow (Escocia), a acabar con la deforestación para el año 2030.

Un acuerdo que reafirmó el actual presidente, Gustavo Petro, en la Cumbre Climática COP27, celebrada en Sharm el-Sheij (Egipto), y en la que se anunció el fortalecimiento del Fondo para la Recuperación de la Selva Amazónica.

 
Mientras la deforestación sigue ganando terreno en la llamada ‘Maloca del jaguar’ y el parque permanece sin vigilancia tras la salida de los funcionarios de Parques Nacionales por amenazas de grupos delincuenciales, las comunidades y organizaciones que trabajan por la conservación de la Amazonía tienen identificada la forma en que operan los grupos dedicados a deforestar.

La danza de árboles caídos inicia entre septiembre y octubre, con el rugir de las motosierras en la selva. Permanecerán en el suelo mientras se secan al sol, y entre enero y febrero les prenderán fuego; los satélites de alta resolución, como el SkySat, mostrarán con mayor intensidad cómo arde el corazón de la selva amazónica.

El satélite SkySat pertenece a la empresa privada Planet Labs, con sede en San Francisco (California), y hace parte de los 88 pequeños satélites que se lanzaron en 2017 para realizar monitoreo ambiental. Son instrumentos equipados con un telescopio de alta potencia y programados para realizar revisión constante en franjas específicas de la tierra.

De acuerdo con la misma empresa propietaria del satélite, estas imágenes “pueden ser [vistas] en línea, y algunas de ellas están disponibles bajo una política de acceso libre […] que proporciona la información actual pertinente para monitorear el clima, cambios en el uso del suelo, controlar la deforestación, predecir la cosecha de los cultivos, ordenar la planificación urbana y coordinar la respuesta antes de algún desastre”.

El eco de las alarmas lanzadas por las ONG que trabajan contra la deforestación en la Amazonía no irá más allá de marzo o abril, cuando la tala se haya reducido, el fuego se haya extinguido y sobre la tierra carbonizada empiecen a crecer verdes pastizales, donde lo único que aflorará será el ganado. Vendrá luego una leve calma hasta que aparezcan de nuevo en el calendario septiembre y octubre, y con ellos la tala exterminadora. La rueda, entonces, vuelve a girar.

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“Uno se preocupa porque estén quemando la Amazonía, pero es que ya la tumbaron hace tres meses. No podemos esperar para ir a apagar el fuego. Hay que actuar hoy porque ya lo han empezado a tumbar y eso está documentado; hay estadísticas que tiene el Ideam y que tiene la FCDS muy detalladas en las que uno puede prever que, en 15 días, en determinada vereda, va a empezar la tala. Ya hay que hacer prevención y atención y no esperar a ver el fuego y que a Bogotá lleguen las cenizas y los contaminantes”, relata Emilio Rodríguez, biólogo y coordinador del Programa de Forestería Comunitaria de la FCDS.

Mientras recorremos la zona de amortiguación del parque junto a un equipo de la FCDS, en una mañana de finales de septiembre, luego de dejar atrás el corregimiento El Capricho (en San José del Guaviare), encontramos tres lugares donde el fuego va consumiendo los restos de lo que aparentemente fueron enormes árboles; en otros sectores es claro que la vegetación lleva solo horas de haber sido talada y un motor que ruge en la distancia —en la vía ilegal hacia La Macarena—advierte que la selva está siendo violentada.

Solo entre el 12 de abril de 2021 y el 13 de octubre del 2022 la plataforma Global Forest Watch lanzó más de dos millones de alertas de posible deforestación en 30.800 hectáreas de bosque en el Guaviare, y de otras 52.200 en Caquetá: los dos departamentos sobre los cuales descansa el Chiribiquete, que en lengua karijuna significa “el cerro donde se dibuja”.

Sin embargo, ese lienzo natural de montañas chatas, con milenarias pinturas rupestres —y descubierto por accidente en 1986 por el arqueólogo Carlos Castaño Uribe, cuando tuvo que desviar la avioneta en que viajaba en medio de una tormenta— tiene como custodios a los municipios que lideran el listado de los más afectados por la deforestación en el país: Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, San José del Guaviare y Calamar, según datos del Ideam.

“Cada vez que se tala una hectárea de bosque tropical, ese carbono que estaba contenido en las ramas, en los troncos, en las raíces de los árboles, se convierte en dióxido de carbono, que es el que ocasiona el cambio climático. Por ello, esa deforestación que tenemos en Colombia de más de 170.000 hectáreas es muy grave porque representa una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero”, explica Aura Robayo, asesora de Clima y Bosques de la Embajada de Noruega en Colombia.

Si perdiéramos el bosque amazónico continental, advierte Rodrigo Botero, director ejecutivo de la FCDS, tendríamos hasta 1.5 grados más de temperatura en el planeta; “eso en general nos está diciendo que la región amazónica funciona como un gran riñón planetario que regula el clima mundial”.

Pero las razones por las que varias ONG han centrado su trabajo en este lugar de la Amazonía no obedecen solo al factor climático o por ser un Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. El PNN Chiribiquete es una gran reserva de biodiversidad, hogar del jaguar, del águila arpía, el tapir y de especies recién descubiertas. Es también una reserva cultural como pocas en el mundo, donde habitan pueblos indígenas en aislamiento voluntario y sobre los cuales se levanta el riesgo de un etnocidio, como ocurrió con el pueblo nukak.

Entre las causas para que hoy se esté destruyendo el Chiribiquete y buena parte de la Amazonía está la ganadería. Existe una relación directamente proporcional entre la deforestación y el aumento en las cabezas de ganado. Solo en San Vicente del Caguán —el segundo municipio más deforestado del país— en 2016 se talaron 10.987 hectáreas de bosque y contaba con 612.573 cabezas de ganado. Para marzo de 2021, las hectáreas deforestadas eran 16.872 y el ganado bovino aumentó a 944.103. Es decir, 331.530 reses más y 5.885 hectáreas de bosque menos, según cifras entregadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Eso se explica, según Rodrigo Botero (de FCDS), en que “hoy por hoy la carne que se vende en una fama ha tenido en el último año más de un 33 % de aumento en el precio” y en que “hay una especulación también con una burbuja exportadora”.

Buena parte del ganado que hoy se cría en Colombia, en fincas, haciendas o zonas de reserva forestal está siendo exportado vivo a mercados de oriente medio y a precios superiores a los que se distribuyen en el país. Solo entre enero y abril de 2022 salieron hacia el exterior 194.109 animales vivos; 69.490 más que en el mismo periodo de 2021, lo cual significó un valor de 148 millones de dólares, con un aumento de 78 millones, como detalló en junio de 2022 un informe del diario La República.

Es un sábado de finales de septiembre y con 30° de temperatura iniciamos el recorrido desde San José del Guaviare hacia la zona de amortiguación del PNN Chiribiquete. La antesala de lo que ocurre adentro es la primera finca, la de don Pacho Mejía, a quienes todos han oído nombrar, pero pocos conocen. Aquí las cabezas de ganado se cuentan por miles a lado y lado de la vía, y su finca se extiende por más de 15 kilómetros. Media hora después del camino aún observábamos los cercos blancos de puntas verdes de su enorme hato.

El acaparamiento de predios en general en las zonas de reserva forestal en la Amazonía se ha denunciado durante años por organizaciones ambientales, sociales y medios de comunicación. Solo unos pocos ganaderos acumulan cientos de miles de hectáreas, entre otras cosas porque estas tierras no son las mejores para la cría de ganado y para mantener un hato como el de Pacho Mejía se necesitan grandes extensiones.

De acuerdo con Rodrigo Botero (de la FCDS): “Estas tierras de la Amazonía son malas para pastizales y por eso se necesita mucha más extensión de tierra que en otros lugares del país para sostener una sola cabeza de ganado”.

Por eso la presencia de ganado en la Amazonía sigue aumentando y la causa de la deforestación en Chiribiquete puede encontrarse a término medio o tres cuartos en un restaurante lujoso en Bogotá, en un asado entre amigos en el Eje Cafetero o en el comedor de cualquier familia del centro o el sur del país, que desconoce de dónde proviene la carne en su mesa.

Según Emilio Rodríguez, biólogo y coordinador del Programa de Forestería Comunitaria de la FCDS, si se hiciera control al ganado en Guaviare, Caquetá y Meta, se eliminaría más del 70 % de la deforestación en Chiribiquete y la Amazonía. Una labor en la que sería fundamental el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que vacuna a los más de 28 millones de reses que hay en el país, incluidos en las áreas protegidas, y que tiene registrado el lugar exacto donde están las reses, el nombre de la vereda, la finca y los propietarios; la cantidad de animales que cada uno tiene y por dónde se movilizan (origen y el destino).

Sin embargo, fue un informe de mediados de mayo de 2021 de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) el que reveló que gran parte del ganado que sale de la zona de amortiguación del Chiribiquete terminaba en las cadenas de suministro de supermercados como Éxito (en las grandes ciudades del país), como lo replicaron varios medios de comunicación en Colombia.

Así, la popular cadena de supermercados Éxito, señala el informe, compra entre el 6,5 % y el 10 % del volumen total de la carne vacuna que se produce en Colombia, según explican desde EIA, pero en estas cantidades se incluyen cabezas de ganado que provienen de proveedores involucrados en actividades ilegales. La investigación también señala a otras cadenas de supermercados como Colsubsidio.

“Las movilizaciones de ganado proveniente de la Zona de Reserva Forestal que rodea el norte y noreste del PNN Chiribiquete indican que el 90 % del ganado que proviene de allí y que tiene como destino directo una planta de beneficio, llega directamente a la ciudad de Bogotá. Lo anterior representó 6.017 cabezas de ganado en el periodo 2016-2020, siendo 2020 el año que más movilizaciones registró, con 2.360”, agrega otro aparte del informe tomado por Mongabay.

A través de comunicados oficiales, las cadenas de supermercados negaron tener relaciones comerciales con el proveedor señalado en el informe de la EIA, que investiga los nexos empresariales con organizaciones criminales que fomentan la destrucción ambiental a lo largo y ancho del mundo, pero el informe llamó la atención sobre la importancia de hacer seguimiento a los productos que se extraen presumiblemente de zonas de reserva ambiental.

Infortunadamente, para el bienestar ambiental del país, el proceso de paz marcó el inicio del mayor conflicto para los bosques de la Amazonía colombiana, porque las Farc ejercían el control sobre regiones como las que circundan el Chiribiquete cuando estuvieron en armas; tras la firma del acuerdo, el Estado no ocupó esos territorios y el resultado generó nuevos conflictos.

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Mientras el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y el jefe de guerrilla, Timoleón Jiménez, firmaban el documento en el Teatro Colón de Bogotá, en varias regiones de la Amazonía nuevos colonizadores empezaron a llegar para apoderarse de predios.

Con las disidencias ejerciendo el control (al mando de ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’) se le dio un vuelco total a la tenencia de tierras y la nueva estructura dejó en segundo plano el tema ambiental. A la región ya no llega el que puede, sino el que pague.

“Después de estos cinco años y de ver que perdimos 700.000 hectáreas desde el acuerdo de paz hasta la fecha, es un error monumental continuar en esta dinámica. Inclusive los mismos grupos armados están diciendo ‘hombre, venga y hablemos’, lo cual me parece una gran oportunidad para el país”, dice Rodrigo Botero, de la FCDS.

El pasado 15 de mayo de 2022, mediante un comunicado, las disidencias en Guaviare y Meta ordenaron que “este año nadie tumba montaña, arreglan todos los cañeros y potreros enrastrojados y, cuando tengan todo su predio organizado, podrán volver a tumbar con la autorización de las Farc-EP”. “Sobre las tierras baldías, nadie más coge terrenos para trabajar, nadie estará autorizado para repartirlos; quien lo haga después de leída esta orientación perderá su trabajo y será merecedor a una sanción impuesta por la organización”.

Conscientes de que la solución es también política, en septiembre pasado se presentó en primer debate el Proyecto de Ley 009 del 2022, con el cual se disponen instrumentos para la trazabilidad de la cadena de ganado que garanticen una producción libre de deforestación; un proyecto de ley
—iniciativa del representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, y con Julia Miranda como ponente— que busca la creación de un sello de carne libre de deforestación.

“Hablamos con Fedegán, con ganaderos grandes y pequeños, con el Ministerio de Agricultura y se llegó a la conclusión que en este momento hay una serie de herramientas bien importantes que pueden […] lograr el efecto que se busca, que es articular las herramientas y generar unas obligaciones para lograr el seguimiento efectivo al ganado en todo el proceso, desde la crianza hasta la venta”, explicó la congresista Julia Miranda.

“Creemos que está diagnosticado eso tan doloroso y tan grave que está ocurriendo; que la ganadería es de los mayores factores y causas de la deforestación y que si logramos una responsabilidad del sector ganadero y una trazabilidad de la carne, vamos a frenar una de las causas mayores y más graves del daño ambiental”, dijo Miranda.

Al respecto, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, aseguró que el gremio que representa “no respalda ni está de acuerdo con lo que ha sido la colonización armada para control territorial en lo que es el arco amazónico. Evidentemente es una colonización dirigida; esos no son campesinos que de alguna forma están buscando una mejor manera de vivir en otras partes y se van con dos o tres vaquitas, no. Ahí han construido cientos de kilómetros de carretera, ahí han destruido bosques, ahí han cometido un impacto altísimo negativo contra el medio ambiente”.

Pero no es solo Fedegán la que se ha sumado a esta cruzada contra la deforestación en la Amazonía colombiana. La FCDS viene trabajando también con el Centro Nacional de Biodiversidad del Agua, organismos de la Asociación Nacional de Industriales (Andi). “De la mano con la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, hemos entendido de primera mano la problemática, los avances y brechas de la trazabilidad en Colombia y ver cómo podemos avanzar”.

“Reconociendo que la deforestación es uno de los mayores desafíos ambientales en Colombia y que su principal causa es la apropiación de tierra y economías ilegales, venimos analizando los marcos nacionales e internacionales que están definiendo para sectores agrícolas (café, cacao, palma), subproductos del ganado (carne y leche), entre otros, la necesidad de cumplir con una debida diligencia y trazabilidad frente al origen y sus prácticas socioambientales, con un enfoque hacia cero deforestación”, respondió la Andi a un cuestionario para este informe.

“En este acuerdo podemos ir de la mano no solo con la organización industrial más importante del país, sino también con autoridades locales y nacionales para el proceso de zonificación territorial y de ordenamiento; igualmente con la cooperación internacional, buscando que los ‘países sean cada vez más exigentes con los productos que reciben, premiando a quienes cumplen con los criterios de trazabilidad’”, explicó Botero, director de la FCDS.

Saliendo de San José del Guaviare hacia la zona de protección o amortiguamiento del Parque Nacional Chiribiquete, la vía obligada —con un trazado irregular sobre tierra roja— deja al descubierto la extensa cicatriz sobre una parte de la reserva forestal a la que le han arrancado la piel boscosa.

En esta arteria artesanal y clandestina desembocan decenas de trochas más pequeñas que serpentean de manera rudimentaria y por las que salen motocicletas cargadas con hasta diez pimpinas de leche y camiones que sacan el ganado hacia otras partes del país.

Si las leyes, decretos y normas que se han expedido en diferentes instancias judiciales tuvieran algún efecto, la Amazonía colombiana sería una de las zonas más protegidas del planeta. Pero eso solo existe en el papel porque en el último año se han encontrado 742 kilómetros de nuevas vías, según el informe Deforestación en la Amazonía (2018-2022) publicado por la FCDS. Casi la distancia que hay de ida y vuelta entre Bogotá y Medellín.

Una de esas últimas sentencias dictadas en favor de la zona de amortiguamiento del PNN Chiribiquete permanece engavetada en la oficina del Juzgado Promiscuo Municipal de San José del Guaviare. En ella se ordena el cierre de la vía Calamar – Miraflores, uno de los mayores focos de deforestación de los últimos meses. Un trazado controlado por hombres armados y donde ningún conductor se atreve a llevar personas desconocidas.

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) endilgó responsabilidad por el daño ambiental a los entonces alcaldes de Calamar, Pedro Novoa, y de Miraflores, Jhonivar Cumbe, por haber facilitado supuestamente el avance de las obras y haber sido demasiado pasivos y permisivos frente a las irregularidades que se presentaban en sus municipios, por lo que fueron multados. También la Fiscalía les imputó cargos por daño a los recursos naturales agravado e invasión de área de especial importancia ecológica.

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“La deforestación se triplicó en Guaviare durante el periodo de gobierno de los mandatarios (investigados): pasó de 11.456 hectáreas en 2015 a 34.527 hectáreas en 2018. Varios de los focos deforestados e incendios están relacionados con el área de la carretera”, señala el comunicado expedido por la Fiscalía en 2019.

Hasta hace poco el transporte entre los dos municipios era fluvial, a través del río Unilla, por el que además se llevaba carga hacia Mitú y Vaupés. Embarcaciones con capacidad de llevar hasta 110 toneladas de carga. “El río Unilla dejó de recibir agua y por eso hoy por hoy en los veranos es imposible navegar y no hay agua porque toda la cuenca media y alta del río se deforestó absolutamente y perdió el agua por el desarrollo de la gran ganadería. Entonces la primera reacción es: ‘Hagamos una carretera y rompamos el bosque’, en vez de decir: ‘oye, ¿no será que hay que restaurar y recuperar los bosques para tener agua en la cuenca, alta y media del Unilla?’”, reflexiona Rodrigo Botero, de FCDS.

El coronavirus también le pegó duro al Chiribiquete. Escudado en la pandemia, el juez promiscuo de San José del Guaviare, Edwin Piñeres, levantó en marzo de 2020 la medida de restricción vehicular en el corredor ilegal entre Calamar y Miraflores, que entonces tenía un trazado de 138 kilómetros. Meses después, la misma vía ya tenía 175 kilómetros; le habían anexado 37 kilómetros más, detalla la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, basada en los sobrevuelos y las mediciones realizadas en el sector, en cuyos costados de la vía permanecen arrumados los esqueletos de los que fueron enormes árboles.

“Mientras no lleven a la cárcel a los perpetradores de esa vaina, no vamos a hacer nada. Yo creo que la más efectiva medida está en el Código Penal y claramente que la Fiscalía abra unas investigaciones a fondo y que penalicen con cárcel a aquellas personas que han sido los autores intelectuales de esas deforestaciones”, señala en entrevista Manuel Rodríguez Becerra, ambientalista y primer ministro de Ambiente que tuvo Colombia.

Al consultar con la Fiscalía sobre sus acciones, el ente investigador asegura que entre 2017 y septiembre de 2022 han sido capturadas 301 personas en la Amazonía colombiana por los presuntos delitos de daño en los recursos naturales, deforestación y ecocidio, siendo 2017 el año en que más se registraron capturas: 85. De los aprehendidos, 37 tenían orden de detención emanada por un juzgado y el resto capturados en flagrancia.

Pero hay otro nombre que causa pavor entre los ambientalistas: la carretera Marginal de la Selva. Una serpiente gigantesca que une a San José del Guaviare con el municipio de La Macarena (Meta) y que fue un proyecto vial del Gobierno nacional desde 1963 para unir a Venezuela con Ecuador a través de la Amazonía colombiana para el transporte de carga.

Aunque en 2018 el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció que la vía quedaba cancelada por los daños ambientales que ocasionaría, informes del Ideam, con cierre a 2020, revelaron que en ese año, el 16 % de toda la deforestación en Colombia se concentró en la Marginal de la Selva, uno de los llamados doce núcleos de deforestación destacados en el informe y que incluye parte del PNN Chiribiquete.

En solo cinco meses, luego de que se anunció la Marginal de la Selva, fueron deforestadas alrededor de 2.000 hectáreas de bosque en las áreas ribereñas, hubo gran especulación con el valor de la tierra y se aceleró la llegada de nuevos colonizadores desde diferentes regiones del país, según el informe Deforestación en la Amazonía (2018-2022), de la FCDS.

“Hay una conexión natural entre el PNN Chiribiquete y el PNN Macarena, justamente aquí muy cerca del municipio de San José del Guaviare, donde también la construcción ilegal de lo que es la carretera Marginal de la Selva —que derivó incluso en muchas otras carreteras informales o ilegales de tercer nivel— rompe con esa conexión al norte del río Guayabero con el parque Sierra de la Macarena y al sur del río Guayabero con el parque Chiribiquete, con toda esa red vial informal”, explica Emilio Rodríguez, biólogo de la FCDS.

Por más que la carretera Marginal de la Selva no será una realidad avalada por el Gobierno nacional, dentro de la Amazonía su trazado va de lado a lado entre el Guaviare y el Meta; peor aún: sin que autoridad alguna logre controlar lo que ocurre a lo largo y ancho de esta vía, porque parques como Chiribiquete se tienen que cuidar solos.

Tanto los guardabosques de Parques Nacionales como los empleados de la autoridad ambiental en la región han debido escapar ante las amenazas de muerte. Amenazas que confirmaron las disidencias de las Farc a comienzos de año en un comunicado en el que dictan las medidas de control para el comportamiento, transporte y tenencia de la tierra en esa parte de la Amazonía.

En febrero de 2022, la Sociedad Zoológica de Frankfurt, tras llevar a cabo un sobrevuelo por la zona, encontró una carretera ilegal en la zona de amortiguación del parque que está siendo utilizada para penetrar la selva, derribar bosque con tala e incendios e ir destinando los predios a la ganadería y los cultivos de uso ilícito.

“Nosotros ya estamos sintiendo la falta de agua en los veranos cada vez más fuertes. Cada vez somos más conscientes de que si tumbamos la naturaleza acaban las aguas; que ese es el resultado de talar las cabeceras de los nacimientos. Nuestro reto en este momento es volver a nutrir esas fuentes hídricas”, señala Flor Matilde Acevedo, secretaria de la Cooperativa de Familias del Chiribiquete.

Como ella, muchas más personas sienten cada vez menor el caudal de los caños y hoy no tienen la certeza de si el líquido que baja por los pequeños afluentes es el milagro de la vida, o el llanto de la montaña.

Esta investigación se realizó en el marco del proyecto Becas CdR, de Consejo de Redacción.