Colombia rechaza informe de la ONU sobre situación de defensores de DD.HH. en el país

El Gobierno Nacional, en cabeza de la canciller Claudia Blum, rechazó de manera enfática el informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el país, que este miércoles se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza.

El informe hace un llamado sobre la situación de inseguridad que viven los líderes sociales y asegura que Colombia es el país donde más se asesinan defensores de derechos humanos.

Blum rechazó la supuesta criminalización estatal de los defensores de derechos humanos en Colombia, denunciada en el informe. Dijo que esa acusación es inadmisible porque desconoce las garantías y los ordenamientos constitucionales y legales que tiene el país en procesos administrativos y judiciales.

Así mismo, objetó las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan y estigmatizan a defensores de derechos humanos. Además, negó la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales y aseguró que estas afirmaciones se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas.

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“Las conclusiones sobre la supuesta falta de determinación política y de asignación de fondos para implementar el acuerdo de 2016 desconocen de plano logros reconocidos por otros órganos de la ONU en la política de paz con legalidad y en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet”, agregó.

Claudia Blum negó las supuestas restricciones estatales a la libertad de expresión, la reunión pacífica y a las consultas previas. Dijo que las consideraciones sobre el modelo de desarrollo reflejan opiniones políticas subjetivas.

“Al tiempo que Colombia reconoce el papel de la ONU en la promoción de los Derechos Humanos, es importante enfatizar en la necesidad de que los relatores cumplan su importante función en línea con el Código de Conducta adoptado por el Consejo de Derechos Humanos”, añadió.

Según Blum, el relator especial de Naciones Unidas, Michel Forst, debió establecer hechos sobre la base de información objetiva y fidedigna, de fuentes contrastadas debidamente, y tener en cuenta de forma íntegra y oportuna la información proporcionada por el Estado.

“Colombia seguirá trabajando con la valiosa cooperación de las Naciones Unidas en las políticas de prevención de riesgos y amenazas que afectan a los defensores; así como en medidas de protección cada vez más eficaces y en el fortalecimiento de las autoridades judiciales para seguir reduciendo la impunidad”, concluyó.