Combates entre el ELN y disidencias de las Farc en Buenaventura tienen confinada a la población

En estos momentos se registran enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN, en la zona rural de Buenaventura.

De acuerdo con la Personería Distrital, cerca de 150 familias del corregimiento de Aguaclara se encuentran en una situación de confinamiento, ya que no se permite el paso de ningún tipo de trasporte para la zona, quedando en medio del fuego cruzado.

“Desde el pasado jueves, el servicio de transporte se ha prestado solamente hasta un sitio conocido como El Tatabro, que queda aproximadamente a 10 minutos del casco urbano del corregimiento. Esto denota que sí está ocurriendo este confinamiento de la comunidad”, dijo José Luis Bernat, personero delegado para los Derechos Humanos de Buenaventura.

Asimismo, Bernat informó que las fuerzas del batallón de Alta Montaña de la Tercera Brigada del Ejército están en camino hacia este lugar para recuperar el control de la situación en Aguaclara.

Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo lanzó una nueva Alerta Temprana, la 039 de 2023, que revela que el accionar violento de los grupos armados ilegales y de la delincuencia organizada tiene a la población de Buenaventura inmersa en la intranquilidad y en “riesgo extremo”.

En ese distrito portuario, que actualmente tiene unos 310 mil habitantes, hacen presencia el llamado Estado Mayor Central, con su frente Jaime Martínez, y la autodenominada Segunda Marquetalia. Ambos grupos son disidentes de la extinta guerrilla de las Farc, cuyos integrantes están reincorporándose a la vida civil.

Además de las disidencias, en el territorio persiste la presencia, según la Defensoría, del ELN, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también llamadas Clan del Golfo, y de las bandas delincuenciales que este año han encontrado en el Gobierno algún tipo de mediación: los Shottas, los Espartanos y La Empresa.

La Alerta Temprana 039 apunta que en 112 de los 136 barrios que tiene Buenaventura están repartidos los siete grupos ilegales junto a nuevas organizaciones, como los Chiquillos o Jalisco Nueva Generación.

“Esta situación genera una grave afectación a los derechos humanos”, afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

La comuna 12 del distrito es la que, según la Defensoría, “presenta mayor complejidad”, debido a que “prácticamente” todos los grupos criminales actúan allí.

Según lo explicó la entidad, la razón es que se trata de un corredor estratégico “que permite el auge de rentas ilícitas”.