¿Cómo detener la ola de violencia en el Cauca? Habla el Defensor del Pueblo

Las alertas tempranas no para controvertirlas, sino para cumplirlas. Una alerta atendida, es una muerte evitada”, asegura el defensor nacional del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, a propósito de la situación de violencia que se está registrando en el norte del Cauca.

Según él, los constantes confinamientos en ese departamento, las amenazas a líderes sociales y los enfrentamientos entre bandas por el negocio de narcotráfico han sido alertados en más de una ocasión al Gobierno y las autoridades nacionales y locales.

Además, no descarta que una situación similar se presente en Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño.

Defensor, se está registrando una situación crítica en materia de orden público en el Cauca, ¿qué es lo que pasa?

Existe un control territorial de las disidencias de las Farc, de dos columnas: la ‘Jaime Martínez’ y la ‘Dagoberto Ramos’, pero también hay presencia del ELN y el EPL, que se ha crecido. Esto lo que quiere decir es que dichos grupos se pelean por un control territorial que tiene cultivo ilícito de marihuana creepy y cocaína, pero también de minería ilegal.

La Defensoría ha emitido nueve alertas en ese departamento. ¿El Gobierno las ha acatado?

Las alertas tempranas no son para controvertirlas, sino para cumplirlas. Una alerta atendida, es una muerte evitada. Estas nueve alertas son desde enero de 2018 a la semana pasada. Si el Gobierno, las Fuerzas Militares o la Policía Nacional no hubieran atendido las alertas en esta zona, la afectación habría sido mayor en la población civil, habría sido mayor la muerte de los comuneros y de la guardia indígena.

¿Qué hacer para evitar que esa situación se siga presentando?

Nosotros hemos propuesto y estamos trabajando en un mecanismo que hemos denominado ‘la Carpa Blanca’, donde estemos todos los actores: el Congreso de la República, las organizaciones indígenas como Acin y Cric, las autoridades indígenas, así como el Gobernador, los alcaldes e incluso las Naciones Unidas, la Misión de Verificación del proceso de paz, la Procuraduría, la Defensoría y la Fiscalía, con el fin de coordinar y conocer los hechos que allí se presentan.

Pero además de esa propuesta de institucionalidad, ¿qué ha hecho el Gobierno Nacional?

El Gobierno, a raíz de toda esta problemática, ha tomado la medida de devolverle al Cauca una fuerza armada que tenía: la Fuerza de Tarea Apolo, que se le había retirado. Hay una nueva tropa, según lo anunció el Ministro, son más o menos 1200 hombres. De modo que aspiramos a que esta Fuerza Pública logre controlar los asesinatos y las amenazas que tenemos en el departamento contra la guardia indígena y los campesinos, porque si no la situación se nos puede agravar.

¿Usted considera que ese aumento de Fuerza Pública será suficiente para mitigar los factores que generan la violencia en el Cauca?

Lógicamente la Fuerza Pública siempre es importante, pero lo que queremos en este terreno es que esté la inversión social. Los campesinos o los indígenas que se dedican a esta actividad ilícita lo hacen porque no tienen otra opción de vida, porque los cultivos lícitos que ellos pueden tener en sus parcelas no tienen cómo venderlos. Diferente ocurre con la hoja de coca o la marihuana creepy, se las compran en la puerta de la casa y este par de productos tienen, en el caso de la hoja de coca, hasta cuatro cosechas al año... Con inversión social y Fuerza Pública creo que vamos a poder tener un Cauca distinto.

¿Cree que otros departamentos podrían sufrir una situación similar?

Sí claro, existen otros departamentos, como son Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Nariño. Todo lo que tiene que ver con Tumaco y con la cordillera, son los lugares con mayores afectaciones.

El Valle del Cauca ha venido siendo afectado en la parte del norte, pero la Fuerza Pública está trabajando muy fuerte para que eso no ocurra, y del lado del Gobierno debemos seguir insistiendo en inversión social. Si hay inversión social, ahí no va a haber cultivos ilícitos ni minería ilegal.

“La campaña electoral debe permitirnos reflexionar y avanzar en mensajes de respaldo, apoyo y reconocimiento para los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, para que en este proceso electoral no muera ni un líder más”.

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Pasando al tema de la migración de venezolanos, ¿cómo analiza el visado humanitario implementado por el Gobierno de Ecuador?

Muy grave. Les están pidiendo unos documentos que son técnicamente imposibles de conseguir. Ellos no van a poder conseguir pasaporte, no van a poder conseguir los antecedentes penales y resulta que vamos a generar es un negocio, el negocio de los ‘coyotes’, el negocio de la trata, el negocio de las trochas.

La gente no va a quedarse quieta. La gente va a buscar a su familia a Ecuador, a Chile, a Argentina, a Bolivia, de modo que la solidaridad de Perú y Ecuador les duró muy poquito.

En Colombia, el llamado es a que el canciller Carlos Holmes Trujillo, que ha hecho un muy buen trabajo, les diga a sus colegas de Ecuador y Perú que esa es una medida que va a incentivar la xenofobia contra los venezolanos en ese par de países.

Precisamente, ¿con tantos requisitos de parte de esos dos países, cómo queda Colombia frente a la migración de venezolanos?

Tendremos que arropar, trabajar con los ciudadanos venezolanos; tenemos que incluirlos en nuestra economía y en nuestra sociedad, porque por ahora yo no veo, sin meterme a asuntos que son de política exterior, que haya un mejoramiento en la situación económica de los venezolanos.

Otro de los temas coyunturales, Defensor, es el de las amenazas y asesinatos de los excombatientes de las Farc...

En el 2016 hice un pronunciamiento en el sentido de que no podía asesinarse ni a un excombatiente de las Farc. Desafortunadamente ya van entre 130 y 140, una cifra dramática, porque lo que están haciendo los excombatientes es tratar de construir país, creer en la institucionalidad y cuando los asesinan la gente y los excombatientes de las Farc se preocupan porque no tuvieron la garantía de seguridad que se les había prometido en el proceso.

Yo me reúno continuamente con todos los sectores del país, con las Farc, con la UP, con los partidos tradicionales, para poder escucharlos. Eso quiere decir que nosotros permanentemente estamos donde hay vulnerabilidad, donde está la grave afectación en lo que tiene que ver con los derechos humanos.

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¿Pero no hay una instancia que prevenga las amenazas y esos asesinatos?

Sí, hay un mecanismo. El mecanismo está en el Acuerdo de Paz y es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, donde van el Fiscal, el Procurador, el Defensor, las plataformas de Derechos Humanos y el Gobierno.

La mesa está en la Comisión, pero, a mi parecer, está en el voz a voz, en hablarle al vecino, es decir ‘hombre, hay que respetar el derecho de todos estos ciudadanos que decidieron hacer la paz, porque no los podemos matar’.

¿Y qué le han expresado los jefes del Partido Farc en esos encuentros?

La senadora Victoria Sandino vino a conversar conmigo precisamente de la situación en el sur de Córdoba, donde está alertado San José de Uré y Tierra Alta, Montelíbano, que es un corredor estratégico de los violentos, Bajo Cauca antioqueño y todo ese sector.

Vino con un líder de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba que, aunque tiene esquema, siente preocupación porque no ve que la situación mejore allá. Seguiremos conversando con ella, como lo hago con Pablo Catatumbo y con Aída Avella, entre otros.