¿Cómo negociar el levantamiento del paro?, crónica de un episodio inédito en Colombia

La profesora Karmina Arias permanece en el punto de resistencia de la carrilera con 70, en el barrio Alfonso López de Cali. Los conductores, ahora expertos en atajos para eludir los bloqueos, lo llaman “el punto de las mujeres”. La mayoría de quienes taponan la vía allí son madres cabeza de hogar, adultas mayores, profesoras, amas de casa. Sobre la calle escribieron en letras blancas: ‘López Rexiste’.

Desde que comenzó el paro nacional en Colombia, el 28 de abril de 2021, ellas instalaron una olla comunitaria para los jóvenes que también las acompañan. Algunos son estudiantes de colegio o de alguna carrera técnica. Otros son pelados sin acceso a la educación, así que se rebuscan la vida en lo que pueden.

— Hay de todo. Muchachos que tienen proyección, y los que no – dice Karmina.

Hasta el momento no se ha presentado un solo acto de violencia en el ‘punto de las mujeres’. Ni vandalismo, ni enfrentamientos con la Fuerza Pública. Ni un herido, ni un muerto. Hace unos días llegó el Esmad. Los agentes venían con los ánimos calientes después de enfrentarse con algunos muchachos en el Paso del Comercio. En Alfonso López se encontraron en cambio con una eucaristía. Cuando la comunidad los vio, sacó banderas blancas.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, solicitó a Colombia luz verde para una visita y observar de primera mano la situación en el país.

Las mujeres no permiten la presencia de desconocidos. Cuando se inició el paro aparecieron unos jóvenes que pretendían tumbar un poste de la energía y los detuvieron. En otra ocasión unos muchachos en moto rondaron el punto y después se dedicaron a insultar a la Fuerza Pública. Las mujeres señalaron a los agresores de no pertenecer al barrio y les pidieron que se fueran con una advertencia, mientras se ubicaban como escudos entre ellos y los policías: la protesta aquí jamás será violenta.

— ¿Por qué se están manifestando? – le pregunto a Karmina.

— Por derechos fundamentales, un mínimo vital. En el barrio Alfonso López hay familias que, debido a la situación económica por la pandemia del coronavirus, los toques de queda y las cuarentenas, no tienen con qué comer. Por eso una de las reclamaciones es algo tan básico como un comedor comunitario que por lo menos le garantice el almuerzo al que no tiene. También pedimos que se garantice el acceso a la educación de nuestros jóvenes. En el barrio está la Universidad Obrera, pero no todos pueden acceder, por los costos. Como maestra sé que una comunidad educada tiene una proyección distinta, oportunidades diferentes. Hoy nuestros muchachos luchan por sobrevivir. En este barrio no se vive, se sobrevive.

Cali es hoy una ciudad de 25 ‘puntos de resistencia’, sumando los ubicados en los alrededores como Juanchito y Poblado Campestre, y en cada uno hay reclamaciones particulares (otras coincidentes) lo que hace compleja la negociación del paro. Se hacen llamar Unión Resistencia Cali. En cada punto las peticiones van desde necesidades locales como una biblioteca, una cancha, hasta asuntos más estructurales.

En el punto bautizado como Loma de la Dignidad, sobre la Calle Quinta, el pliego de peticiones incluye la reforma policial, una renta básica universal, la implementación de los Acuerdo de Paz, eliminar la fumigación con glifosato y prohibir el fracking, acelerar el plan de vacunación contra el covid, educación gratuita.

Uno de sus líderes, quien pide la reserva de su identidad, dice que el Gobierno Nacional y los mandatarios locales apenas están aprendiendo, en terreno, lo que está pasando en Cali.

763 civiles han resultado lesionados en las protestas en Bogotá, Cali, Neiva, Medellín, Pasto, Risaralda y Valle, así como 887 uniformados, de los que 3 permanecen hospitalizados.

— Lo que sucede es un estallido popular que por primera vez en la historia va mucho más allá de las representaciones tradicionales sindicales, obreras y demás organizaciones sociales. Quienes están en la calle manifestándose son sobre todo jóvenes, pero es un estallido de comunidades de sectores populares que incluye a la clase media, a trabajadores, a movimientos feministas, personas de la tercera edad, educadores, artistas, camioneros. Son las personas del barrio, de la cuadra, los que no tienen cómo entrar a la universidad, o los que ni siquiera entrando tienen trabajo, los que están protestando. Y por supuesto, en medio de este contexto, confluyen las distintas organizaciones sociales, como la minga indígena, para apoyar, aportar, y buscar salidas. Pero es un estallido barrial – reitera, y al fondo se escuchan arengas.

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El profesor del doctorado de sociología de la Universidad del Valle, Luis Carlos Castillo, considera que la conflictividad que vive hoy Colombia es inédita. Ni siquiera se podría comparar con el paro cívico del 14 de septiembre 1977, que dejó una treintena de muertos (la Defensoría del Pueblo asegura que en el actual paro ya son 42 las personas asesinadas y 168 desaparecidos), pero además jamás se había bloqueado una ciudad internamente y por tanto tiempo como sucede con Cali. Tampoco existía la diversidad de grupos de manifestantes con los que se debe dialogar como sucede hoy. En el 77 el paro fue liderado por las centrales obreras.

— A pesar de que el paro de trabajadores de 1977 tuvo enormes movilizaciones, y algo similar ocurrió en mayo de 1957, lo que tuvo como consecuencia la renuncia del general Rojas Pinilla, lo que vemos ahora es mucho más problemático y complejo. Estamos ante una explosión social que no había ocurrido antes, y se debe a unas causas estructurales muy profundas. La reforma tributaria que motivó el paro apenas fue el Florero de Llorente – dice el profesor Castillo.

Las causas estructurales de las protestas se relacionan sobre todo con un proceso acelerado de la pobreza y la miseria, a raíz de la pandemia del coronavirus. Colombia dio un salto brusco en los niveles de pobreza: del 35.7%, al 42%. Con la pandemia, 3.6 millones de colombianos fueron arrojados a la condición de pobres. Casi la mitad del país vive con $331.688 mensuales (87 dólares). Unos 7 millones de ciudadanos están en condición de miseria, es decir, no reciben ingresos suficientes para comer. Según el Dane, 94,5% de los caleños comían tres comidas diarias antes del coronavirus, y hoy el dato es del 77,7%.

A ello se le suma el desempleo, especialmente en los jóvenes. En Cali la tasa de desempleo juvenil es del 28,3%, una de las más altas del país, y entre ellos las mujeres son las más afectadas (34.9%). Por otro lado, según el Sistema de Información del Ministerio de Educación, solo 52 de cada 100 jóvenes en el país acceden a la educación superior (técnica, tecnológica o universitaria) y apenas el 10% de los jóvenes estrato 1 entran a una universidad.

Pero la conflictividad de hoy, continúa el sociólogo Luis Carlos Castillo, se debe también a la herencia del narcotráfico que surgió en Cali desde los años 50, que dio origen a uno de los carteles más grandes del continente. Una vez desmantelado el Cartel de Cali, quedaron pequeños grupos dedicados al microtráfico de drogas y al manejo de las armas. A ellos se le suman las pandillas juveniles, que también tienen acceso a las armas, como las milicias urbanas de grupos guerrilleros, y ciudadanos que decidieron armarse. Cali es una ciudad armada en todos sus frentes, algo que ya se había envidenciado en las protestas del 21 de noviembre de 2019.

— Todo eso fue configurando una situación de carácter explosiva, prácticamente inmanejable, que se profundizó con la situación de miseria y pobreza. Para salir de ello es fundamental que el Gobierno entienda el reto que enfrenta. Hasta el momento ha hecho una lectura de que estamos ante un desafío de una delincuencia de carácter común y disidencias de la guerrilla que lo que hace es destruir el sistema de transporte, las instalaciones públicas, los cajeros, las sedes bancarias. Y con esa visión equivocada no logra atinar que lo que hay detrás en realidad es una explosión de carácter social que tiene diferentes manifestaciones, entre ellas por supuesto violentas, pero hay una gran complejidad social que es urgente que el gobierno lea – dice el profesor Castillo.

La virtualidad que obligó la pandemia del coronavirus, sospechan algunos analistas, explica parte de lo que está ocurriendo. En los colegios, en las universidades, se canalizan los conflictos de los jóvenes, se debate. Con los muchachos en las casas debido a la pandemia salieron a las calles para desfogar el descontento. Y cuando se llega al punto de sacar un arma y disparar, o tomar una piedra y lanzarla contra el otro, se configura la expresión de una promesa incumplida en una sociedad: la promesa de la educación, dice Carlos Wladimir Gómez, profesor de estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle.

En los puntos de resistencia aseguran estar dispuestos a iniciar el diálogo para el cese de las movilizaciones, pero exigen ciertas condiciones: respetar, primero, las asambleas populares, lo que en otras palabras traduce en que el Esmad no les lance más gases y se detengan lo que llaman ‘escuadrones de la muerte’: hombres armados que, desde camionetas de alta gama, les disparan.

— Hay un dolor profundo debido a los asesinatos de manifestantes que han ocurrido en Cali. Ninguno tenía antecedentes penales, según lo estableció la Comisión de Paz del Senado, lo que confirma que quienes protestamos no somos delincuentes. Por eso pedimos partir de un respeto a la protesta para iniciar el diálogo y que no se nos criminalice. Y entender que, entre más represión, más complicado será todo, más saldremos a la calle. Lo aprendimos del estallido de Chile – dice uno de muchachos de la Loma de la Dignidad.

En los puntos de resistencia explican que con el Comité Nacional del Paro hay coincidencias en sus reclamaciones, pero están más allá de su organización y jerarquía; el estallido va mucho más allá del Comité. Por eso su posición es que también deben dialogar con ellos, con los jóvenes. Y no solo con algunos como lo intentó en el Paso del Comercio el alcalde Jorge Iván Ospina,

— Eso genera más divisiones.

El director de la maestría en estudios sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, señala que para entablar ese diálogo urgente parte de la estrategia que debe seguir el Gobierno Nacional y los gobiernos locales es aprender a negociar en múltiples mesas, comenzando por las más estratégicas: los bloqueos en las carreteras.
Solo en el Valle, del viernes 14 de mayo de 2021 se reportaban bloqueos en las vías hacia Cartago, Bugalagrande, La Unión, Ansermanuevo, Riofrío, Buga, El Cerrito, Tuluá, Guacarí, Yotoco, Pradera y Dagua.

Los bloqueos también han sido mencionados en las asambleas de los puntos de resistencia. Por un lado, comentan, fue la única manera que encontraron para que los escucharan. Si bloquean a Cali es porque se cansaron de marchas de uno o dos días con las que no pasaba nada con sus demandas. Por otro lado, saben que los bloqueos no pueden seguir por tiempo indefinido. Taponar por dos semanas una ciudad, dejarla desabastecida de alimentos, medicinas, combustible, es una forma de violencia brutal, luego evalúan otras alternativas.

Además porque bloquear es un repertorio de protesta que tiene un efecto ‘boomerang’, advierte el profesor del doctorado de sociología de la Universidad del Valle, Luis Carlos Castillo. Quien lo utiliza es cierto que es escuchado, visibilizado, pero el método se desgasta rápidamente. Genera sufrimiento en la población, transgrede derechos fundamentales como al trabajo, la movilidad, y, cuando el bloqueo se extiende como sucede en Cali, la ciudadanía comienza a oponerse a esa forma de protesta, incluso siendo simpatizante del paro.

En otras palabras, las protestas pierden respaldo popular y político, generando un agotamiento entre la ciudadanía que, sin embargo, no es posible solucionar como algunos han pretendido: apelando a las armas. Es echarle gasolina al fuego, mantener los odios, hacer más daño y, también, cometer un delito. El sociólogo Carlos Charry habla de cabeza fría; dialogar, ponerse en los zapatos del otro, entenderse.

El profesor Carlos Wladimir Gómez, del programa de estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle, considera entonces que en la negociación las partes deben ceder: tanto quienes protestan, como el Gobierno Nacional. Porque por un lado es cierto que la deuda social del Estado es enorme, pero por otro las finanzas públicas de la Nación están tan erosionadas que es imposible que en año y medio que le resta al actual gobierno se le pueda dar respuesta a todas las demandas.

Cali, además, dice el profesor Wladimir, debe recibir un trato diferenciado en términos de recursos y atención. No solo por su vulnerabilidad social, la pobreza, los problemas de seguridad, sino también por la presión migrante. Los venezolanos que prueban suerte en Ecuador, en Perú, y no encuentran oportunidades, regresan a la ciudad. Y a ello hay que sumarle que Cali es receptora de familias desplazadas del Pacífico, Cauca y Nariño, lo que no le sucede a otras capitales.

— Y, para superar el paro, el gobierno debe tener una intención real de dialogar. La lectura que hago es que no hay esa intención. La idea por parte del Gobierno es seguir imponiendo su agenda. Utiliza la retórica del diálogo para ‘despresurizar’ la situación, pero no negocia. Eso preocupa. Y sucede porque es solo Cali la que está bloqueada, y el sur occidente del país. En Bogotá, en Medellín, en las ciudades del Caribe, hay disturbios, sí, pero no están bloqueadas, no hay desabastecimiento, en términos prácticos el país está funcionando y eso facilita esta postura del gobierno de no negociar. Lo que se requieren son mesas locales de diálogo con los jóvenes, un reconocimiento del otro. La matricula cero que anunció el presidente Iván Duque es un buen comienzo para construir una agenda social que nos va a tomar por lo menos diez años para consolidarla. Ni este, ni el próximo gobierno, alcanzarán a desarrollarla.

La conclusión entre sociólogos, politólogos, expertos en resolución de conflictos, coincide: si el gobierno no entiende la dimensión del estallido social, y lo reduce a la retórica del vandalismo y las disidencias de la guerrilla, será muy complejo no solo ponerle fin al paro, sino que el país se verá sometido de forma reiterada a protestas y con ellas, los bloqueos. Quienes los organizan aprendieron que es la forma de ser escuchados.

El 41% lo haría por un candidato de centro, el 25% de izquierda, el 23% de centro izquierda, el 7% de centro derecha y el 5% de derecha, dice encuesta de la U. del Rosario.

Los jóvenes colombianos creen que votar es una forma de ayudar a transformar al país, según los resultados de la Tercera Medición de la Gran Encuesta sobre Jóvenes – Mayo 2021 de la Universidad del Rosario, Cifras y Conceptos y el diario El Tiempo.

En el análisis se entrevistaron 2556 jóvenes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Pasto, Cartagena, Villavicencio, Neiva, Pereira, Montería y Manizales. La encuesta se realizó del 6 al 12 de mayo de 2021, y es la tercera versión de esta medición. Las dos anteriores se hicieron en enero de 2020, posterior a las manifestaciones de 2019, y noviembre de 2020, para evaluar el impacto de la pandemia en los jóvenes.

El estudio muestra una caída en la confianza de los jóvenes en las instituciones. En enero de 2020 la confianza en la Presidencia era del 13%, después de las manifestaciones de finales de 2019. En noviembre de 2020 la confianza en la Presidencia subió al 28%, pero en mayo de 2021 bajó al 9%. Tendencia similar se presentó con la Policía, cuyo nivel de confianza se mantuvo en el 29% en 2020 y cayó al 13% en el mismo periodo; con las Gobernaciones, que pasó del 23%, al 40% y finalmente descendió al 19%; con las Alcaldías, del 36%, al 49% y al 21% y con las Fuerzas Militares, del 47% al 40% y bajó al 27%.

Sin embargo, los jóvenes encuestados ven una luz de esperanza en las elecciones. El 87% considera que votar es una forma de ayudar a transformar y cambiar el rumbo de la nación, opinión generalizada en todos los niveles socioeconómicos: bajo (84%), medio (90%) y alto (87%). El 89% de los jóvenes entrevistados piensa votar en las elecciones de Congreso y Presidencia de 2022, aseguró Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario.

El 85% de los encuestados cree que la actual coyuntura va a influenciar la forma en que va a votar en las próximas elecciones. El 41% lo haría por un candidato de centro, el 25% de izquierda, el 23% de centro izquierda, el 7% de centro derecha y el 5% de derecha.

“Los resultados de esta encuesta muestran un foco de esperanza y es que los jóvenes en Colombia encuentran en el voto la manera de transformar esta sociedad. Entonces es allí donde debemos focalizar nuestro interés en cómo se va a votar las próximas elecciones. Considero que los jóvenes están valorizando y dándole una mayor importancia al papel del voto, como una vía para el cambio”, comentó Carlos Charry, director del Doctorado y la Maestría en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario.

A raíz de la coyuntura actual del paro, las emociones más dominantes que surgen en la vida de los jóvenes son tristeza, ira, miedo y frustración, en ese orden. Para el rector de la Universidad del Rosario, “el mensaje que nos envían nuestros jóvenes en esta medición no es alentador. La alegría, que ocupaba el primer lugar en nuestros análisis de enero y noviembre de 2020, hoy vemos que pasó al último lugar de las emociones. Así mismo, la tristeza se ha tomado el primer lugar de las emociones de los jóvenes”.

Problemas que más los agobian

Los jóvenes encuestados consideran que su situación laboral, económica y de seguridad personal ha empeorado en el último año. Al preguntarles sobre los cinco principales problemas que afectan al país, consideran que son la falta de empleo (74%), la pobreza (53%), los hechos de corrupción (48%), las demoras en atención a salud (43%) y la inseguridad (44%).

De otro lado, el 84% de los encuestados se siente representado por el actual paro nacional, especialmente por las organizaciones estudiantiles (76%) y el Comité Nacional del Paro (63%). De las razones que justifican las protestas pacíficas, consideran las más importantes el aumento de la pobreza, el proyecto de reforma tributaria que ya fue retirado, la inequidad en Colombia y los abusos de la Fuerza Pública.

Durante este paro, el 63% de los jóvenes afirmó que se ha manifestado de alguna forma, porcentaje superior frente a quienes lo hicieron en el paro del año 2019 (45%).