Congresistas de la oposición piden cumplir con sustitución de cultivos ilícitos en Colombia

Un sector de congresistas, de la oposición e independientes, pidieron al gobierno de Iván Duque dar cumplimiento a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Paz para garantizar su implementación, en el quinto informe de seguimiento a su cumplimiento.

Los parlamentarios realizaron un análisis de cómo ha operado la lucha contra las drogas ilícitas hasta ahora.

El documento fue preparado por Juanita Goebertus, Angélica Lozano, Wilmer Leal y Antonio Sanguino, de la Alianza Verde; Angela María Robledo, de la Colombia Humana; Iván Cepeda, del Polo Democrático; Temístocles Ortega y José Daniel López, de Cambio Radical; John Jairo Cárdenas, John Jairo Hoyos y Roy Barreras, del Partido de la U; Carlos Ardila, Guillermo García Realpe y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal.

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En el recopilan lo hecho durante 38 años de experiencias nacionales que demuestran que el principal obstáculo en la solución del problema de las drogas en Colombia “ha sido la falta de articulación entre las políticas de seguridad (que han privilegiado la erradicación forzada) con las de desarrollo alternativo (que han estado históricamente desfinanciadas), así como la ausencia de políticas de Estado que puedan trascender la voluntad de cada Gobierno”.

Y argumentan que la solución se encuentra consignada en el Acuerdo de Paz afirmando que se debe ofrecer desarrollo rural para los cultivadores, tratar como asunto de salud pública el consumo de sustancias psicoactivas, y tratar como crimen organizado la comercialización de la droga, creando estrategias de política criminal para su judicialización efectiva, lucha contra el lavado de activos, y enfrentar la corrupción dentro de la Fuerza Pública.

En el documento además dan una serie de recomendaciones, entre ellas, retomar la visión del Acuerdo de Paz priorizando la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y dejando como última opción la aspersión aérea con glifosato; elaborar e implementar una verdadera estrategia de seguridad territorial; y hacer una evaluación participativa del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) con las comunidades y las autoridades locales.

Señalan que en tres años, ese programa de sustitución ha vinculado 99.097 familias con acuerdos individuales, se han erradicado 41.513 hectáreas y el cumplimiento ha sido del 96 %, solo ha habido un 0,2 % de resiembra en áreas erradicadas voluntariamente.

“Al analizar los tres años de implementación del Punto 4 se encontraron al menos siete elementos problemáticos que han impedido que éste avance de manera exitosa y que coinciden con algunos de los que también han sido identificados por la Fundación Ideas para la Paz: Fallas de origen: dar subsidios individuales, generó un incentivo perverso y se vio reflejado en el aumento desmedido de cultivos en regiones como Simití (1.469 %) y San Pablo (998 %) en Bolívar, o Valdivia en Antioquia (692 %)”.

Indican que ese plan de sustitución está desfinanciado, el costo de este programa es de $4.8 billones y su asignación de recursos ha ido disminuyendo, pasando de $510.000 millones en 2017 a $191.000 millones en 2020.

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