Congreso aprobó la reforma al Código Disciplinario

Luego de una gran polémica por el supuesto incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la improcedencia de declarar destituidos a los funcionarios elegidos por voto popular, las plenarias del Senado y la Cámara aprobaron éste miércoles el proyecto de ley de la reforma al código disciplinario.

Tras la aprobación, que fue de 53 votos contra 9 en el Senado y 102 a 20 en la Cámara, la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, defendió la iniciativa, al asegurar que la misma no podía recoger literalmente la sentencia de la CIDH, porque de haberlo hecho se habría roto la institucionalidad del país.

Cabello lamentó que desde la oposición se haya insistido en que esta ley era un juego burocrático, y que además era para afectar a los funcionarios de la oposición. Destacó que al aprobarse se está evitando que prescriban más de 10 mil procesos de investigación que estaban quietos desde el 2019 cuando se dio la sentencia.

Otro punto de discusión en las sesiones fueron las facultades que se le otorgaron al presidente de la República para reformar la planta de personal de la Procuraduría, lo que fue considerado por la oposición como la mermelada que dio el gobierno para su aprobación.

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En el Senado, el coordinador ponente del proyecto, Fabio Amín, destacó que “si no hubiéramos aprobado esta ley, se habría echado a la caneca cerca de 10.000 procesos disciplinarios adelantados contra alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales, diputados. El país tuvo oportunidad de conocer que de no aprobarse la norma y entrando en vigencia la ley 1952 que es el Código General Disciplinario, se pierden competencias en cerca del 80% de los 13.00 procesos que adelanta la entidad”.

El senador Amín indicó además que respecto a las facultades jurisdiccionales y de policía judicial, en la actualidad la la Procuraduría tiene funciones de policía judicial y lo que se hizo fue impedir que sean delegadas y las dejaron que sean sólo en cabeza del procurador general.

A la ampliación de la nómina se opuso la senadora uribista Paloma Valencia, quien sostuvo que “no se pueden generar cargos en ninguna entidad pública, todos los recursos deben ser destinados a atender a los colombianos pobres y a la generación de empleos. Si la Procuraduría tiene actualmente 4.300 cargos, lo lógico es que se rediseñe toda la planta”.

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​Por su parte el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, en quien se fundamentó la ley por la destitución que tuvo cuando fue alcalde de Bogotá por parte del entonces procurador, Alejandro Ordóñez, manifestó que con esa ley se incumplen el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, consideró que la ley dejó facultades jurisdiccionales exorbitantes a la Procuraduría porque no son excepcionales y no tienen reglas, al punto, que según ella, va a generar una sanción al Estado colombiano, a la vez que es una amenaza a los servidores públicos.

La ley deberá pasar a conciliación, en donde tendrá que ser aprobada, muy seguramente por tardar el viernes, para así pasar a la sanción del presidente de la República, Iván Duque.