La consejera para la Regiones, Luz María Múnera rechazó los obstáculos que han tenido los funcionarios del Gobierno Nacional para desempeñar y cumplir con sus funciones en la Alta Guajira.

Durante una declaración realizada ante varios de los magistrados de la Corte Constitucional, manifestó que el Estado ha tenido varios impedimentos para cumplir con las sentencias encaminadas a proteger y dignificar las condiciones de vida de los ciudadanos en dicho territorio.

Múnera manifestó que, en este momento, brindar asistencia en el territorio se ha convertido en un asunto bastante preocupante porque no existen las garantías necesarias para la ejecución de las diferentes iniciativas en las cuales el Gobierno está obligado a intervenir.

“Tenemos un bloqueo con gente que nos ha dicho: usted sin mi permiso no entra a la Alta Guajira”, resaltó.

En su intervención, Luz María Múnera reconoció que las visitas a la Alta Guajira no son un asunto de intereses personales, por el contrario, se trata de brindar acompañamiento y asistencia a la población que ahí se encuentra, la cual está protegida por mandato constitucional y la legislación vigente.

La Consejera para la Regiones aseguró que otra de las problemáticas experimentadas para sacar adelante los procesos sociales en la región es el presupuesto, el cual en muchas ocasiones resulta insuficiente.

Seguimiento de otras instituciones

Si bien, la funcionaria del gobierno del presidente Gustavo Petro manifestó algunas dificultades para acceder a la Alta Guajira, otras instituciones del Estado colombiano como la Defensoría del Pueblo han hecho énfasis en que se hará seguimiento a las necesidades del territorio.

Durante una visita realizada por la institución durante el mes de marzo se pudo constatar que siete de comunidades de la región presentaban dificultades con el acceso al servicio de agua potable, además de ausencia de programas enfocados en satisfacer las necesidades alimentarias de la población.

“De acuerdo con el testimonio de las autoridades y a lo observado en terreno, ni la Alcaldía municipal ni la Gobernación han implementado proyectos productivos ni capacitación a las comunidades”, reza el informe compartido por la Defensoría.

De acuerdo con la entidad se redoblarán esfuerzos para acompañar a los habitantes del territorio con el objetivo de garantizar la protección de sus derechos fundamentales.

“En seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional que busca proteger derechos fundamentales a la población Wayú en La Guajira, la Defensoría del Pueblo evidenció omisiones a lo estipulado por el Alto Tribunal y aspectos por mejorar en la atención de los derechos al agua, alimentación, salud y de la infancia”, mencionó la institución.