Consejo Gremial denuncia invasiones ilegales en tierras campesinas en Cajibío y Caloto, Cauca

Por medio de un comunicado, el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca denuncio que en menos de 72 horas han sido invadidos varios predios campesinos en los municipios de Cajibío y Caloto.

De acuerdo con la información, un grupo indeterminado de personas usando capuchas invadió la finca Guaduales, ubicada en zona rural, Cajibío, destruyeron cultivos, realizaron quemas, establecieron postesduras y sembraron productos como la yuca, similar acción se registró el pasado 20 de junio, en la finca La Unión, allí arrancaron 35 hectáreas de plantación forestal, levantaron estructuras y desplazaron a los trabajadores.

Mientras que, en la finca El Chimán, ubicada en zona rural de Caloto, se registró en las últimas horas un enfrentamiento entre las comunidades afrodescendientes e indígenas, en disputa por este predio.

Además, desde febrero de 2024, un grupo de encapuchados se apoderaron de la finca La Capilla, quienes perturban a la comunidad vecina lanzando artefactos explosivos de forma constante.

Estas invasiones han provocado cientos de desplazamientos, desempleados y perdidas millonarias para los campesinos, agricultores y empresas que se encuentran en el sector.

A pesar de las reiteradas denuncias que se han hecho a las autoridades competentes durante años, puesto que no es un problema de ahora, la situación se sigue agudizando, por lo que el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca reitera el llamado urgente al gobierno Nacional para que “ejerza su autoridad para aplicar la Constitución Política en aras de la protección del derecho de la propiedad privada cobijado en el artículo 51, así mismo, que haya judicialización para quienes invaden la propiedad privada”.

Agregaron que este tipo de acciones, junto con los bloqueos a la vía Panamericana, la extorsión y el terrorismo, agudizan la problemática social y no permiten el desarrollo económico y enrarecen el clima para la llegada de inversión al departamento.

“Cada invasión es una vulneración recurrente a derechos fundamentales como el trabajo, la movilidad, a la vida, a la prioridad privada, generando terror entre la comunidad, zozobra y desestimulando la inversión en el departamento”puntualizaron.