Contraloría evidenció deficiencias en la planificación, ejecución y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Infraestructura Educativa

El foro donde se analizó el Estudio Sectorial “Evaluación de la Gestión y los Resultados de la Infraestructura Educativa en Colombia 2015-2023. Lecciones y retos desde el control fiscal”, adelantado por la Contraloría General de la República en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, dejó en evidencia las deficiencias en la planificación y ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Educativa en Colombia y la necesidad de implementar cambios y acciones para que la infraestructura educativa cumpla con las demandas del sistema escolar.

En ese sentido, la Contraloría General de la República resaltó “la necesidad de una urgente implementación de cambios profundos y acciones coordinadas entre actores nacionales y territoriales para que la infraestructura educativa cumpla realmente con las demandas del sistema escolar, en la búsqueda de cierre de brechas, objetivos iniciales de la Política Pública”.

Este Estudio hizo un análisis de la implementación de las políticas públicas relacionadas con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) en Colombia, diseñado para apoyar la implementación de la Jornada Única en los niveles de educación preescolar, básica y media en el sector educativo oficial colombiano, implementado a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) para Preescolar, Básica y Media, entidad administrativa creada para ejecutar este Plan, que también ha sido evaluada.

En ese sentido, el estudio arrojó diversas conclusiones y áreas de retroalimentación claves para mejorar la implementación de políticas públicas en materia de infraestructura educativa.

“Bajo logro en la meta general”, según el documento en el 2023, el PNIE solo “alcanzó el 24% de la meta original de construir y mejorar 30.680 aulas para 2018, (7.358 aulas entregadas), lo que representa el 14% de la meta establecida en el Conpes 3831 de 2015 para 2030″. En relación con esto, los 329 proyectos concluidos hasta 2023 representan solo el 9.6% de la Jornada Única en el sector oficial.

Asimismo, se evidenció “sesgo territorial y desbalance urbano-rural”, pues los datos evidenciaron la necesidad de priorizar las áreas rurales, ya que “el PNIE favoreció a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) con mayores capacidades administrativas y técnicas, relegando a las ETC de menor capacidad a un segundo plano. Es decir, de los 525 proyectos ejecutados y en ejecución, el 74,5% corresponden a zonas urbanas, frente al 25,5% de zonas rurales, en contraste con el mandato del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018″.

Bajo esa premisa, “los problemas en la viabilización de predio y las deficiencias encontradas en el control fiscal micro, en supervisión y ejecución Contractual”, también fueron aspectos encontrados.

El primer aspecto afectó negativamente la ejecución del PNIE, pues la “viabilización de predios, realizada sobre una base documental sin visitas de verificación detallada (realizada hasta el 2015), generó numerosos atrasos y cancelaciones de proyectos”.

Por otro lado, la evaluación al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa identificó 90 hallazgos en supervisión y 66 en cumplimiento de contratos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión y asegurar el cumplimiento efectivo de los términos contractuales.

Por último, se hallaron fallos de responsabilidad fiscal, pues la Contraloría General de la República investigó 318 proyectos educativos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (FFIE) 2015-2018, detectando graves irregularidades. “Profiriendo fallos de responsabilidad fiscal por más de $ 20 mil millones. Las irregularidades incluyen 23 proyectos abandonados, sobrecostos en 136 proyectos, pagos excesivos en 70 obras, y costos desproporcionados en 179 proyectos de interventoría”.