Contraloría General de la República plantea observaciones sobre la reforma pensional

El Gobierno Nacional radicara en el Senado de la República el Proyecto de Ley “Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez”.

Ante esto la Contraloría General de la República (CGR) realizó un estudio denominado “Reforma pensional en Colombia: antecedentes y elementos para su discusión”, en donde realiza un análisis a la situación actual del Sistema General de Pensiones, junto con un examen a los componentes más relevantes de la reforma.

La Contraloría explica que el Estado ha intentado mejorar el Sistema General de Pensiones, el cual está compuesto por dos regímenes: uno de carácter público y otro de carácter privado, conocidos como Régimen de Prima Media con Solidaridad (RPM), administrado por el Estado a través de Colpensiones, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Una de las preocupaciones es la cobertura de protección a la vejez.

Además menciona que más de la mitad del total de afiliados permanecen inactivos (54%), debido principalmente a la baja densidad de cotización, lo que indica que la mayoría no logra retornar al mercado laboral y muchos de ellos no podrán cumplir las condiciones para obtener una pensión.

En cuanto a los beneficiarios de pensión o asignación de retiro, a diciembre de 2022, únicamente el 34,1% de los adultos en edad de pensión (mujeres de 57 años o más y hombres de 62 años o más) gozaban de esta condición.

La segunda preocupación es la inequidad, la cual ha traído como consecuencia un importante número de traslados entre regímenes pensionales: 164 mil personas entre 2018 y 2022 del RAIS al RPM, de los cuales el 67% corresponden a afiliados con un rango salarial menor a los dos salarios mínimos, .

Y, la tercera preocupación es la sostenibilidad financiera del Sistema. “Se han creado condiciones que requerirían una mayor transferencia de recursos públicos para el pago de las pensiones, relacionado con el agotamiento de las reservas del RPM y por la obligación que el Estado debería asumir en última instancia con el pago de las pensiones por el agotamiento del Fondo de Garantía de Pensión”, menciona la Contraloría.

Los datos muestran que entre 2005 y 2018, se ha destinado el 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y del 19% del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el pago de las pensiones públicas y Colpensiones, evidenciando la magnitud de los recursos requeridos por el Sistema.

Una consecuencia de estas debilidades del Sistema es el papel de los órganos judiciales en su funcionamiento. Por un lado, dictando lineamientos a través de sentencias. Y, de otra parte, a través del alto número de demandas al Estado de carácter pensional: la nación cuenta con 94.220 procesos activos relacionados con temas pensionales.

Con estos antecedentes el estudio intersectorial examinó la reforma pensional presentada por el gobierno. En ella se proponen transformaciones importantes al sistema pensional vigente, una de ellas, es la creación del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez soportado en cuatro componentes: Solidario, Semicontributivo, Contributivo y de Ahorro Voluntario, con lo que se elimina la competencia entre RPM y RAIS.

La principal apuesta para ampliar la cobertura pensional es la creación de un pilar solidario, el cual está disociado de la realidad del mercado laboral y es un subsidio de carácter asistencialista que estaría administrado por el Ministerio del Trabajo, dejando de lado que el gobierno cuenta con entidades consolidadas para el manejo de dicho subsidio, en programas como, por ejemplo, Colombia Mayor.

La cobertura pensional requiere una contribución previa, que es necesario promover a través de políticas de empleo, puesto que el simple otorgamiento de subsidios no abordaría verdaderamente la falta de cobertura pensional en la población mayor.

Frente a la sostenibilidad financiera, llama la atención el costo proyectado de la reforma, el cual muestra un acelerado crecimiento al pasar de un Valor presente Neto (VPN) en 2070 del 73,57% del PIB a un VPN en 2100 del 126%.

En lo referente a la dinámica de los afiliados y los pensionados determinada en los escenarios de ingresos y gastos de las proyecciones realizadas, y analizando su evolución en el periodo 2025-2052, se advierte que el total de afiliados comienza a decrecer desde 2036 y los afiliados activos desde 2037, lo cual contrasta con el enorme esfuerzo fiscal que proyecta el gobierno.

Con base en dicho análisis, la CGR hace varios llamados llamados:

Frente a la nueva institucionalidad propuesta en la reforma y las dudas existentes en torno a la real capacidad del sector para la implementación del Sistema Nacional de Protección Social Integral para la Vejez, en particular, de Colpensiones para asumir nuevas funciones, se amerita una revisión a su diseño organizacional y capacidad operativa, administrativa y tecnológica.

En temas como las solicitudes relacionadas con historias laborales (769.149 solicitudes de corrección entre agosto de 2022 y septiembre de 2023, de las cuales 19.105 solicitudes no tuvieron contestación oportuna), y el reconocimiento de pensiones (412.506 peticiones radicadas en el mismo periodo, donde a septiembre de 2023 el 40,6% de éstas superó los términos legales), dificultades que se han evidenciado también en los ejercicios de auditoría realizados previamente por la CGR.

Una preocupación de la CGR al respecto, es que Colpensiones no informa acerca de cálculos realizados de manera preliminar sobre las inversiones necesarias para enfrentar la reforma pensional.

Además se debe examinar la posibilidad de unificar la entidad a cargo del pilar solidario y de otros subsidios otorgados por el Estado en aras de lograr eficiencia administrativa.