Contraloría lanza duras advertencias sobre los avances en la implementación del Acuerdo de Paz

Luego de seis años de la implementación del Acuerdo Final de Paz con la guerrilla de las Farc, firmado en 2016, la Contraloría General de la República hizo varias advertencias sobre la ejecución de los recursos.

Un informe del organismo de control revela que $77,45 billones invertidos no han logrado cambios estructurales en las zonas rurales del país, ni siquiera en los municipios priorizados en los Pdet (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial).

En el documento sobre los recursos del posconflicto presentado al Congreso, la Contraloría insta al Gobierno a fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz, “hacer un mayor esfuerzo presupuestal y priorizar recursos para cubrir los compromisos rezagados”. A pesar de la cuantiosa ejecución de recursos, la entidad señala que no se han logrado cambios estructurales para el cierre de brechas y la erradicación de la pobreza extrema rural.

Más de la mitad de los recursos (un total de $44,9 billones de pesos) se asignaron para la Reforma Rural Integrada, el punto 1 del Acuerdo. Sin embargo, el informe de la Contraloría señala que esta inversión no ha logrado las transformaciones requeridas “debido a la deficiente formulación de proyectos y falta de coordinación de acciones entre las entidades responsables”.

Otra de las advertencias del organismo de control es que la participación ciudadana, eje fundamental del Acuerdo Final de Paz, “es precaria o casi inexistente” en algunos instrumentos de este, como en el Programa Nacional de Saneamiento Rural a cargo de las entidades nacionales.

Según la Contraloría, luego del primer año del actual Gobierno, no se ha evidenciado la puesta en marcha de los ajustes de fondo que la implementación de este punto requiere para avanzar hacia la transformación estructural del campo. Entre otros puntos, el informe destaca la importancia de realizar un mayor esfuerzo presupuestal en los próximos años.

Otro de los puntos preocupantes, de acuerdo con el informe de posconflicto es que luego de seis años, la implementación de la entrega de hectáreas a través del Fondo de Tierras presenta un mínimo avance con 19.655, menos del 1 % de los tres millones de hectáreas, meta a 15 años.

“Entre 2018 y 2022, se ha reducido en 11,3 puntos porcentuales la incidencia de la pobreza multidimensional en zonas rurales, de acuerdo con las cifras oficiales del Dane, con lo que la meta de reducción del 50% en el nivel de incidencia en el campo planteada a 2031, se lograría si se mantiene la tendencia actual”, destaca el informe.

Sobre el punto 2, que corresponde a la participación política, la Contraloría indica que se reitera el retraso en la conformación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política que afecta el cumplimiento de las metas de seguridad propuestas y el incumplimiento de la disminución del asesinato de líderes sociales y de las violaciones de derechos humanos en el marco de manifestaciones públicas.

En cuanto al fin del conflicto (punto 3 del Acuerdo), la Contraloría asegura que se evidencia retraso en la puesta en marcha del Sistema Nacional de Reincorporación. “De igual forma, se identificaron 802 proyectos productivos cerrados o inactivos, de estos 781 son individuales y representan un riesgo sobre la efectividad de los recursos dispuestos”, se lee en el documento.

En el punto 4 del Acuerdo de Paz, la solución al problema de las drogas ilícitas, también se evidencia baja ejecución de los recursos, situación que, dice el organismo de control, afecta la sostenibilidad del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y el cumplimiento de los compromisos con las familias titulares del programa.

“Es evidente la inexistencia de indicadores para realizar seguimiento en el pilar de reparación integral en las estrategias de restitución de tierras y garantías de no repetición. El inventario de los bienes incautados administrados por la Sociedad de Activos Especiales es incompleto, desarticulado, no cuenta con avalúo catastral, lo que evidencia falta de control y adecuada administración de los bienes”, plantea el informe sobre el Acuerdo para las Víctimas.