Coronel (r) Alfonso Plazas Vega pide indemnización por haber estado preso a causa de la retoma al Palacio de Justicia; ¿cuáles son las razones?

El coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien como director de la Escuela de Caballería lideró la retoma al Palacio de Justicia en 1985 tras el asalto de la extinta guerrilla del M-19, estuvo privado de la libertad durante ocho años y tres meses y es señalado de ordenar la desaparición de un grupo de personas que salió con vida del edificio, que es la principal sede del poder judicial en el país. Luego de esa condena fue declarado inocente y hoy en día reclama una indemnización de 10.800 millones de pesos.

En ese sentido, la revista Semana conoció toda la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra de la nación, representada en la Fiscalía y la Rama Judicial, por las fallas y omisiones que, considera, deben ser reparadas.

“Sufrió la tristeza, ansiedad y estrés inexorablemente derivados de la privación de la libertad”, resalta la demanda de 199 páginas. En la acción se indica que la familia tuvo que soportar su ausencia y los severos señalamientos. “El show mediático que se montó y las privaciones para recibir un trato digno y humano. Además de ilegal, tal privación de la libertad fue injusta, arbitraria y desproporcionada”, se lee en la demanda.

Asegura que la investigación, realizada por la entonces fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago, quien hace poco fue candidata a Fiscal General tras haber hecho parte de la terna del presidente Gustavo Petro de la cual salió elegida Luz Adriana Camargo, estuvo plagada de errores y falencias que generaron daño tanto al coronel como a las familias de los desaparecidos del Palacio.

“La inoperancia del Estado durante más de 30 años (...) no solo impidió que las familias de las personas desaparecidas conocieran el paradero de sus familiares o de sus cuerpos, evitó que los responsables fueran investigados y juzgados oportunamente”, reclama la demanda.

Dicho documento califica como “gravísimo” el tiempo que estuvo privado de su libertad, víctima de todo tipo de señalamientos y acusaciones el coronel Plazas Vega, hasta que se le declaró plenamente inocente, yendo así en contravía total de los postulados de la Convención de Derechos Humanos y todos los principios del derecho internacional humanitario.

“La violación del plazo razonable y los errores, manipulaciones en la escena de los hechos, que dificultan la identificación de los cadáveres, constituyen violación a la Convención Americana de los Derechos Humanos, y una falla en el servicio de cara a los familiares de las víctimas de la desaparición, deben serlo también respecto al coronel Luis Alfonso Plazas Vega”, dice la acción contra la Fiscalía y la Rama Judicial.

El exmilitar hace alusión a las conclusiones del Tribunal Especial de Instrucción, creado por el Gobierno, que el 17 de junio de 1986 indicó que el único responsable del trágico suceso había sido el M-19 al atacar el Palacio y tomar a cientos de rehenes. Hecho que motivó la acusación en contra de varios comandantes guerrilleros. Recalca que irónicamente este caso sí se cerró de tajo cuando en 1989 se les otorgó indulto, lo que afectó la investigación.

Para la defensa del coronel, representada por el abogado Jaime Granados, el proceso judicial en su contra fue una clara represalia de los integrantes de grupos al margen de la ley que combatió en el Ejército y de los narcotraficantes a los que les quitó sus bienes cuando fue director de la Dirección Nacional de Estupefacientes (hoy Sociedad de Activos Especiales).

“Una de sus manifestaciones, ‘defendiendo la democracia, maestro’, le acarrearía gran recordación y reconocimiento, pero con la aparejada calamidad de convertirlo en cabeza visible y objetivo jurídico y militar de la guerrilla y el narcotráfico, desde ese día hasta hoy”, advierte el documento.

Asimismo, cuestiona al exfiscal Mario Iguarán Arana, no solamente por la designación de Ángela María Buitrago, sino por ser la persona que lo retiró de la DNE. “La elección del doctor Iguarán, quien por supuesto se presume inocente, ha sido vinculada con el paramilitarismo”, se menciona en el estudio.

Así las cosas, el coronel Plazas Vega , pide declarar responsable a la nación por los daños y perjuicios que sufrió él, su esposa, hijos y nietos durante el tiempo que estuvo privado de su libertad, avalando la indemnización de 10.800 millones de pesos, ya que para defenderse y sostener a su familia tuvo que vender su patrimonio por un valor cercano a los 1.677 millones de pesos y, en el periodo en la cárcel, dejó de percibir 1.711 millones de pesos.