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Colombia
¿Corrupción? Contraloría anunció hallazgos fiscales por $ 166 mil millones en cárceles del país: “se convirtió en un elefante blanco”
Así, se estarían incumpliendo algunas de las condiciones básicas que requieren los presos para permanecer dignamente en estos recintos.
Por medio de una evaluación fiscal a los recursos que manejan las entidades Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) e Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), se determinó que hubo detrimento en por lo menos 20 de las instituciones priorizadas por el gobierno.
Esto para los componentes de infraestructura, salud, alimentación y resocialización de las sentencias que declararon el Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema carcelario. Uno de los más grandes detrimentos se encontró en el proyecto de construcción de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad (Camis) que se llevaría a cabo en el Yarumal, Antioquia.
Se esperaba que la colonia Agrícola alojara a por lo menos 1.400 internos aproximadamente, y contara con unos espacios de acuerdo a normatividad internacional, de acuerdo a la guía complementaria ‘Agua, saneamiento, higiene y hábitat’ elaborada por el CICR en coordinación con la ONU.
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Además, el ente de control registró hallazgos fiscales:
- Por no realizar el Proyecto de Construcción de la Colonia Agrícola - CAMIS Yarumal Antioquia, por valor de $65.926.528.890.
- Por la no entrega de la Infraestructura Modular Penitenciaria EPMSC Santa Marta – Contrato 305 de 2019, por valor de $25.606.931.286.
- Por la no terminación ni entrega de la Infraestructura Modular Penitenciaria EPMSC Barranquilla, Contrato 306 de 2019, por valor de $23.783.529.578.
- Por la no terminación ni entrega de la Infraestructura Modular Penitenciaria EPMSC Cartagena – Contrato 319 de 2019, por valor de $23.219.811.941.
- Por la no terminación y puesta en funcionamiento de la Infraestructura Modular Penitenciaria CPAMSCAS La Paz Itagüí – Antioquia, por valor de $25.639.435.911.
Hallazgos de la Contraloría
Sin embargo, la Contraloría hoy anunció que este mega proyecto, visionario y necesario en la región antioqueña, “nunca se concretó y se convirtió en un elefante blanco”.
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En materia de alimentación: se cuestionó el servicio de alimentación que se presta a través de operadores en los centros penitenciarios que se encuentran en problemas financieros y logísticos, para garantizar las condiciones pactadas en 20 de estas cárceles.
En los ranchos, espacios en que se lleva a cabo la preparación de los alimentos, se estarían incumpliendo las condiciones básicas de salubridad y habría deficiencias en los utensilios, equipos y elaboración de los mismos. Por ejemplo, en la cárcel La Modelo de Bogotá, el Coped Pedregal de Medellín, La Paz de Itagui y en el Complejo Carcelario de Cúcuta se hallaron problemas de abastecimiento, que según las revelaciones del ente, ponen “en riesgo la seguridad alimentaria de esta población”.
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Riesgos de salud: en este sentido, se hallaron fallas en la prestación del servicio, así como en la atención médica, en la mayoría de los establecimientos del país. Algunos reclusos no pueden acceder a las citas médicas como corresponde, además, hay represamiento en los exámenes médicos especializados, radiologías, ecografías, etc.
Los equipos y unidades de salud también estarían presentando fallas en su mantenimiento, no hay condiciones adecuadas para la permanencia de adultos mayores ni personas en condición de discapacidad. Deficiencias en la atención a personas con problemas mentales, enfermedades infectocontagiosas como TBT y VIH. Por esta causa se registran hallazgos de hasta $ 676 millones.
Componente de resocialización: en los establecimientos de Bello, Antioquia; La Tramacúa, Valledupar, César; Santa Rosa de Cabal, Risaralda; Palmira, Valle del Cuaca; y Apartadó, Antioquia, se evidenció una insuficiente oferta de actividades y cupos para atender a esta población. Mientras que en Bogotá, Barrancabermeja, Santander; Palmira, Valle; Pereira, Risaralda; La Paz, Itagüí; Apartadó y Medellín, Antioquia; se determinó que los espacios son deficientes para el desarrollo de actividades educativas, talleres y labores, que evidencian $81 mil millones.
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