"Corrupción no es solo un crimen económico": Transparencia por Colombia

“La fecha que se escogió para conmemorar este Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción (18 de agosto) es muy significativa para la historia reciente de Colombia porque coincide con el asesinato del entonces candidato Luis Carlos Galán, una persona muy reconocida por su lucha frontal contra el narcotráfico y las estructuras de corrupción, y en ese sentido nos recuerda el esfuerzo enorme que implica enfrentar una problemática tan compleja, que genera tantos daños en el país”.

Este el llamado que hizo este miércoles Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, quien asegura que, por cuenta de ese flagelo, entre 2016 y 2018 se pusieron en juego más de $17,9 billones en el país.

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¿Qué cifras maneja su entidad sobre el costo de la corrupción en el país?
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Como parte de la red de transparencia internacional a la cual pertenecemos, evidenciamos que Colombia sigue presentando niveles de percepción de corrupción en el ámbito público bastante altos. En cerca de una década no hemos logrado superar un porcentaje de 36 y 39, en una escala de 0 a 100 en la cual 0 es un país completamente corrupto y 100 uno percibido como totalmente transparente.
Por otro lado, a partir de esa fotografía general que nos da el Índice de Percepción de Corrupción, en Transparencia por Colombia hemos indagado casos reportados por la prensa y contrastado esos datos con información de los órganos de control y eso nos ha llevado a plantear que entre 2016 y 2018 se pusieron en juego más de $17,9 billones, pero más nos preocupa que cerca del 60 % de esos casos tienen una afectación directa sobre Derechos Humanos: derechos económicos, sociales, civiles, políticos, y ahí estamos poniendo el énfasis ahora: en comprender que la corrupción no es solo un crimen económico, que no se trata de cifras frías que puede que no nos digan mucho o que nos escandalicen, pero que no entendemos su dimensión. Estamos promoviendo la discusión respecto a la afectación que en términos de Derechos Humanos y de daños individuales, colectivos y sociales tiene la corrupción. En Colombia, lo que estamos viendo es que difícilmente los casos de corrupción están siendo objeto de reparación hacia las víctimas y las personas que dejan de percibir bienes y servicios del Estado. Si hiciéramos el cálculo alrededor de eso, seguro la pérdida por corrupción sería mucho más alta.

Durante la pandemia se han denunciado anomalías en la contratación. ¿Le han hecho seguimiento a ese tema?
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Sí, desde el inicio de la emergencia hemos hecho seguimiento a las decisiones orientadas a permitirles a los poderes ejecutivos enfrentarla de manera ágil, pero también a los mecanismos a través de los cuales se han ejecutado recursos públicos, y esto nos ha llevado a identificar varias alertas: por un lado, un Poder Ejecutivo que ha concentrado mucha más capacidad y discrecionalidad, que en un primer momento era entendible, pero que ha sido cuestionada la manera cómo se ha mantenido y cómo se han afectado mecanismos de contrapeso de control. De manera más particular, lo que hemos visto en la ejecución de los recursos públicos son alertas asociadas a contratación con personas jurídicas que no tienen suficiente idoneidad, pagos por bienes o servicios que han tenido algún nivel de sobreprecio y también hemos identificado una relación entre contratos asignados para adquirir bienes y servicios de atención a la emergencia y financiadores de campañas. Todas estas alertas las hemos entregado a los órganos de control y a partir de ellas le planteamos al Estado la importancia de seguir fortaleciendo los mecanismos de contratación pública y de control a la ejecución de esos recursos, así como la divulgación de información para que la ciudadanía ejerza control a la gestión pública.

Hablemos del caso Mintic. ¿Qué se debió hacer para evitar este lío con el contrato para dotar de internet a las escuelas?
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Primero, no debería haber duda en garantizar que el propósito para el cual se hizo esa licitación se cumpla, es decir que a niños y niñas de los departamentos que estaban al alcance del contrato de la unión temporal en cuestión sí les llegue la conectividad. Cuando pensamos en un escándalo de corrupción, queremos que haya gente en la cárcel, contratistas sancionados y multados, pero eso lo tenemos que cambiar y poner en primer lugar a las personas que están siendo afectadas por ese caso. Entonces, el llamado es a que se garantice la continuidad del esfuerzo del Mintic por llegar a estas comunidades, por supuesto bajo otro mecanismo que no sea esa unión temporal, pero nos preocupa que ya había retrasos en la ejecución de esos recursos.

¿Qué se debió haber hecho y cómo buscar que esos recursos se recuperen?

Lo primero es que desde hace varios meses se han planteado muchas preguntas alrededor de esa licitación que han quedado sin suficiente respuesta: conflicto de interés entre los tomadores de decisión de la licitación en el Ministerio y los proponentes; cuestionamientos respecto a la falta de verificación de unas garantías que debería ser un trámite surtido de manera rigurosa; y ahora que, al parecer, se trata de una empresa con muy poca idoneidad, recientemente conformada, casi que una empresa fachada que termina recibiendo una gran cantidad de recursos para, en teoría, proveer los bienes y servicios que hacían parte de la licitación. Entonces es el ejemplo de cómo, a través de distintas figuras, hay intereses particulares, opacos, corruptos, que buscan apropiarse de recursos públicos y hoy se sabe muy poco sobre dónde están esos dineros y qué hacer para recuperarlos, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer el esfuerzo. Allí va a ser muy importante la cooperación internacional, pues por lo que se sabe los recursos fueron desviados hacia EE. UU., lastimosamente bajo unas condiciones difíciles de seguir por nuestros órganos de control, cuya tarea es prioritaria. Y también está la responsabilidad política y jurídica de quienes fueron parte de la decisión en el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación. Estamos pendientes de ver qué acción toma el Gobierno en su discurso de cero tolerancia con la corrupción, que todavía no es suficiente frente a las decisiones que está tomando sobre este caso.

Otro caso. El Alcalde de Cali ha sido muy cuestionado por el costo de la Feria virtual y el alumbrado navideño, como lo muestran sus niveles de desfavorabilidad, y muchos ciudadanos esperan que los entes de control actúen al respecto, pero no pasa y se sienten defraudados...
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Hay un tema muy importante y es la rendición de cuentas que deben poner en marcha las autoridades elegidas frente a estos casos cuestionados, y esa rendición de cuentas debe ser amplia, suficiente y satisfacer los intereses y las preguntas de la ciudadanía. Ahí no debería haber excusa por parte de ninguna Administración, no solo porque es un tema previsto en nuestra legislación, sino porque debe ser la manera como se actúa desde el liderazgo público, pero sumado a eso es importante la activación de los sistemas de control de la Fiscalía y la Contraloría. Obvio, a nivel de ciudad la Contraloría y la Personería también deberían estar actuando en la materia... Junto a ese sistema de control estatal tiene que seguir activo el sistema de control ciudadano, el trabajo de los medios, de la opinión pública, porque recordemos que la corrupción no solo se sanciona de manera jurídica sino que también debe haber una sanción política y social. Creo que la frustración que generan estas situaciones necesita ser transformada en acciones legales, pero también en sanciones sociales y políticas y ahí la ciudadanía tiene una responsabilidad qué asumir.

Pero así como se dice que hay poca independencia de parte de los jefes de los órganos de control frente el Ejecutivo nacional, también a nivel local es común escuchar la frase de que siempre se elige un personero de bolsillo...
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Es una situación muy nociva para la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones y muy dañina para generar confianza frente a la actuación de los órganos de control. Por eso hemos sido muy críticos sobre esos procesos que terminan minándole independencia y capacidad a los órganos de control por favorecer intereses particulares y en muchos casos políticos. La mejor manera de contrarrestar esa crítica es con los resultados que esas entidades produzcan bajo la dirección de esas personas cuya independencia ha sido cuestionada. Son sus decisiones y acciones, su celeridad y reacción frente a presuntas irregularidades las que nos demuestran si finalmente ese riesgo de independencia se termina materializando y terminan siendo órganos de control de bolsillo.