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GOBIERNO NACIONAL

Corte pide tomar medidas por desplazamiento forzado en el Pacífico y otras regiones

Las regiones afectadas son los departamentos de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Córdoba, y Norte de Santander.

22 de julio de 2022 Por: Colprensa
El desplazamiento forzado es una de las peores consecuencias de vivir en zonas en las que la ley la impone un grupo armado ilegal. | Foto: Foto: Archivo de El País

La Corte Constitucional ordenó al Gobierno Nacional implementar siete planes de choque para regiones que la Defensoría del Pueblo ha identificado como zonas con emergencias humanitarias recurrentes.

Estas regiones son los departamentos de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Córdoba, y Norte de Santander. Así, el Gobierno deberá además presentar un informe de los avances en la implementación de cada plan.

La decisión fue tomada por la Sala Especial de Seguimiento, con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz, que determinó que persiste un estado de cosas inconstitucional en materia de prevención del desplazamiento y protección de la población víctima de este flagelo.

Con base en la información presentada por la Unidad para las Víctimas, la Corte encontró que hubo un retroceso en la garantía de los derechos de la población víctima de desplazamiento. Además, hubo un aumento de la violencia generalizada en el país y crecieron los desplazamientos masivos y confinamientos.

Lea aquí: Cerca de 4 millones de mujeres fueron víctimas de violencia: Informe Final de la Comisión de la Verdad

La Corte también determinó que la situación se agravó a causa de la presencia de cultivos para usos ilícitos; el reclutamiento de menores de edad por actores armados; las minas antipersonales y municiones sin explosionar; y los riesgos en contra de líderes, lideresas y autoridades étnicas.

Teniendo en cuenta esto, la Corte rechazó la solicitud del Gobierno de declarar un avance en la situación de emergencia humanitaria.

Por el contrario, ordenó implementar una serie de medidas para atender la misma, tales como crear una política pública de prevención, y un plan de fortalecimiento del programa de protección.

Por último, solicitó a la Procuraduría General de la Nación que realice un seguimiento a las alertas tempranas y denuncias.

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