Corte Suprema de Justicia ordenó a nuevos congresistas declarar en el caso por presunta corrupción en la UNGRD

En medio del escándalo por presunta corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), el despacho del magistrado Francisco Farfán citó a nuevos congresistas a brindar su testimonio en el proceso de investigación.

Entre los llamados a declarar se encuentran; María José Pizarro, Didier Lobo, Lorena Ríos, Miguel Ángel Pinto, Honorio Henríquez y Alejandro Chacón. Cabe resaltar que el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, en una entrevista, reconoció que el desfalco al interior de esa dependencia podría llegar a los $380 mil millones.

En sus declaraciones resaltó que el monto del dinero extraído es diez veces superior al destinado para la compra de los carrotanques en el departamento de La Guajira. Ante ello, hizo alusión al desembolso del dinero bajo recomendaciones de funcionarios de alto nivel del Ejecutivo liderado por el presidente Gustavo Petro.

Al respecto, el actual director de Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, indicó que su antecesor en el cargo debe apersonarse de la situación y devolver los recursos que desaparecieron de las cuentas de la UNGRD. De igual forma, hizo alusión a las contradicciones en el relato de Olmedo López al inculpar al presidente Petro.

Reacción del presidente Petro

Tras las diferentes acusaciones realizadas por la presunta corrupción en Gestión del Riesgo, el primer mandatario nacional, Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X donde calificó la filtración de un documento reservado a los medios de comunicación, como un delito.

El jefe de Estado indicó que “quien entregó el video de Olmedo delictivamente a Caracol TV, criminalizó el que los congresistas puedan defender el interés de sus regiones ante el gobierno”. De igual forma, insistió en que la filtración tiene el propósito de debilitar la relación del poder Ejecutivo con el Legislativo, en detrimento de la aprobación de las diferentes reformas sociales.

Ratificó que “la justicia puede hacer su investigación. Pero lo primero que hay que establecer es si se criminaliza o no que los parlamentarios puedan actuar frente al gobierno para representar sus regiones y exponer sus problemas”.

Petro puntualizó que una cosa es la defensa de los intereses en beneficio de los departamentos y otra es apropiarse de los recursos públicos. De momento, continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.