Críticas a la UNP tras el asesinato de Francisco Correa en La Picota, testigo clave en crimen de Marcelo Pecci

La muerte de Francisco Luis Correa, principal implicado en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ha generado una oleada de críticas hacia la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las autoridades colombianas.

Correa fue encontrado sin vida este viernes 3 de enero dentro de su celda en la cárcel de máxima seguridad de La Picota en Bogotá, un hecho que ha puesto en el foco la aparente negligencia en la protección de su vida, pese a las repetidas advertencias sobre los riesgos que enfrentaba.

El abogado Francisco Bernate, representante legal de la familia del fiscal Pecci, expresó su consternación ante lo sucedido y señaló que había informado a las autoridades sobre el peligro que corrían tanto Correa como las víctimas y testigos relacionados con el caso.

“Hace menos de un mes informé a la Unidad de Protección sobre el peligro que corríamos víctimas, testigos y apoderados en este caso, e hicieron caso omiso. Esperamos que el Estado colombiano avance en la investigación de estos hechos, y ojalá la Unidad de Protección no siga haciendo caso omiso”, afirmó el abogado Bernate.

Francisco Correa había sido pieza clave en la investigación del asesinato de Marcelo Pecci, que conmociono tanto a Paraguay como a Colombia. El fiscal paraguayo fue asesinado mientras celebraba su luna de miel en Cartagena, en un crimen que involucró a una red criminal con múltiples actores.

Correa, cuya cooperación permitió esclarecer gran parte del caso, estaba próximo a recibir una sentencia definitiva el 19 de enero, en la que podría haber reducido sus cargos de homicidio a solo porte ilegal de armas debido a su colaboración con las autoridades.

A pesar de su importancia como testigo y colaborador, Correa fue trasladado del búnker de la Fiscalía, un entorno más seguro, a una cárcel común. Este movimiento, combinado con las advertencias ignoradas, terminó por sellar su destino. Según Bernate, el traslado fue una decisión errada que le dejó expuesto a peligros y amenazas muy evidentes.

El abogado también cuestionó la difusión en redes sociales de información relacionada con Correa, lo que habría incrementado la amenaza contra su vida, sin que las autoridades reaccionaran de manera adecuada.

Ahora, la Fiscalía General de la Nación deberá esclarecer quiénes estaban interesados en silenciar a Correa y determinar si su muerte encubre una verdad aun más compleja y profunda en relación con el asesinato del fiscal Pecci.

Este nuevo crimen pone en evidencia las graves fallas en la protección de testigos y colaboradores de la justicia, así como en la gestión de los protocolos de seguridad en casos de alta sensibilidad, y deja en entredicho la capacidad de las instituciones para prevenir el asesinato de los testigos en casos delicados como el del fiscal paraguayo.