Colombia
Cuota alimentaria en Colombia, conozca hasta qué edad es obligatorio pagarla
La legislación colombiana establece que la obligación puede llegar a extenderse bajo ciertas condiciones.
En Colombia, la cuota alimentaria es un derecho fundamental que protege a niños, niñas y adolescentes, garantizando su sustento y desarrollo integral. Es la Ley 1098 de 2006, la que rige el Código de Infancia y Adolescencia, una normativa que busca que los padres cubran necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud, pero además, aspectos esenciales como educación y bienestar emocional durante la niñez.
Sin embargo, muchas personas creen que este deber tiene un tiempo estipulado y cesa automáticamente al cumplir los 18 años.
No obstante, la legislación colombiana establece que la obligación puede llegar a extenderse bajo ciertas condiciones.
Estas, pueden llegar a depender de, si el beneficiario continúa estudiando o no, y si depende económicamente de sus padres. Por lo que, de ser así, el dinero proveniente de esta cuota debe seguir manteniéndose hasta que el joven logre alcanzar un grado razonable de independencia económica.
Por lo general, ya sean estudios universitarios, técnicos o tecnológicos, el deber se extiende hasta los 25 años, la edad límite, según la Corte Constitucional, para completar su formación integral.
Ahora bien, la Corte Constitucional también advierte que, otra de las condiciones para continuar dando la cuota alimentaria después de los 18 años, es que el hijo tenga alguna una discapacidad física o mental, lo cual le impide a este generar ingresos para su propio sustento. En este caso, la obligación podría ser indefinida.
Cabe decir que, el cumplimiento de la cuota alimentaria debe ser proporcional a los ingresos y posibilidades del responsable, por lo que para establecer un monto a pagar, la Corte toma en cuenta factores como la edad del hijo, el nivel socioeconómico del padre, los gastos necesarios y otras obligaciones.
No obstante, el no pago de la cuota puede tener consecuencias legales, incluyendo demandas civiles, sanciones económicas, embargos, e incluso procesos penales que pueden terminar en privación de la libertad.
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