Declaran como presidenta de la corte a Cristina Pardo, magistrada recusada del debate por el aborto

Por primera vez en la historia, la Corte Constitucional, el Tribunal más importante del país, tiene a dos mujeres como máximas representantes. Las magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Diana Fajardo Rivera fueron designadas como nuevas presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de la Corporación para el periodo 2022 - 2023.

La nueva presidenta es abogada egresada y colegial mayor de la Universidad del Rosario, donde se desempeñó como docente de Derecho Constitucional de la Facultad de Jurisprudencia durante diez años y como directora del Área de Derecho Constitucional y de la Especialización en Derecho Constitucional de la misma facultad.

La togada recibió el cargo por parte del saliente Antonio José Lizarazo, quien afrontó el liderazgo de la corporación en un año de fuertes audiencias al interior de la corporación. Fue elegida por unanimidad en el marco de la polémica por el complejo debate del aborto, en dónde terminó declarándose impedida tras una recusación en dónde la Corporación Sisma Mujer aseguró que presentaba reparos éticos jurídicos para participar en la decisión.

Pardo tiene una amplia experiencia en la Rama Judicial, pues ejerció como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional durante catorce años y medio, tiempo durante el cual también fue magistrada titular encargada.

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Antes de ser elegida como magistrada en propiedad, se desempeñó como servidora pública en la Rama Ejecutiva, durante seis años y medio, ejerciendo el cargo de secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, en dónde precisamente presentó al entonces presidente, Juan Manuel Santos, la objeción de conciencia relacionada a la sentencia que avaló el aborto en tres causales.

Por su parte, la designada vicepresidenta de la Corte Constitucional, Diana Fajardo Rivera, es abogada y politóloga con especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. Cuenta con una experiencia laboral de más de 30 años, en los que ha laborado tanto en el sector público como privado.

En el sector público su trabajo se ha enfocado en el derecho constitucional. Participó en el proceso que culminó con la promulgación de la Constitución de 1991, en el cargo de asesora de las consejerías presidenciales para la Reforma y la Asamblea Constitucional y para el desarrollo de la Constitución. Además, se desempeñó como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional.

También trabajó como asesora jurídica de entidades territoriales y del orden nacional, como el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República, y ejerció cargos directivos en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.