Decreto sobre dosis mínima sigue generando controversia: ¿criminalizar o controlar?

En momentos en los que el Gobierno Nacional está próximo a expedir un decreto que autoriza a la Policía para incautar una dosis mínima de estupefacientes, distintos analistas se preguntan si dicha acción es constitucional por una posible afectación del libre desarrollo de la personalidad.

La regulación de la dosis mínima está estipulada en la Ley 30 de 1986, la cual dice: “Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona que no exceda de dos (2) gramos. No es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad”.

Precisamente, frente a esta última parte del texto, el presidente Iván Duque ha dicho que con la medida busca enfrentar el abuso de la ley que hacen los pequeños comercializadores, conocidos en los centros urbanos como ‘jíbaros’, quienes portan cantidades menores de estupefacientes para venderlas en la esquina y cuando son requeridos por la Policía alegan que se trata de una dosis personal para evitar su judicialización y continuar en el negocio.

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“En el desarrollo del Código de Policía y a través del Acto Legislativo 02 del 2009 estamos dándole las herramientas a la Policía Nacional para confiscar cualquier dosis de droga y alucinógenos en las calles de Colombia y así afrontar de raíz los problemas de microtráfico”, dijo este fin de semana el Mandatario.

En Twitter, algunos líderes de opinión se han manifestado al respecto. 

Para el analista León Valencia, la medida no lograría ser efectiva para controlar el microtráfico, pero sí afectaría libertades de los consumidores.

El expresidente Ernesto Samper también se manifestó en esta red social asegurando que el decomiso de cualquier cantidad de droga es "inconstitucional".

Sobre el decreto presidencial también hay voces a favor. El representante a la Cámara por Bogotá, Nicolás Uribe, aseguró que los críticos solo tienen en cuenta los derechos de los consumidores, y no las libertades de los no consumidores, especialmente las de los menores de edad.

En una posición similar se mostró el también congresista Nicolás Hoyos, quien aseguró que se debe privilegiar el ambiente sano de los niños y niñas.

Por su parte, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien participa en la discusión sobre cómo debe estar enfocado el decreto, ha dicho que en cuanto a la dosis mínima habrá respeto por el libre desarrollo de la personalidad. “Si esa persona demuestra que es adicta y que tiene una prescripción médica, no se le retendrá el estupefaciente. Vamos a tratar de regular el consentimiento expreso para conducir a esa persona a los planes de salud y educación para que supere la dependencia”, dijo la funcionaria una vez se posesionó en el cargo.

Sin embargo, Alfredo Beltrán Sierra, expresidente de la Corte Constitucional, considera que el decomiso de la dosis mínima sí podría afectar el libre desarrollo de la personalidad.

“La Corte Constitucional consideró que parte de la libertad personal del individuo es la de consumir drogas, si así lo desea y sin causar daño a los demás. Sin embargo, se le pusieron unos límites, luego el que va a consumirla no puede exceder esos límites, porque una cosa es adquirirla para su consumo personal y otra es ser un agente del mercado para venderlas y enriquecerse con su producto, por eso ese tema quedó reservado a la ley y la libertad personal no se puede afectar por decreto”, explica Beltrán Sierra.

“En este caso concreto del consumo no es delito, luego no podrían llevar a la persona a un proceso penal y conducirla a la cárcel. Pero si el decreto dice que se le podría decomisar, la incautación podría ser limitativa de su propia libertad y esto no se encuentra autorizado por la ley”, agrega el exmagistrado.

La exmagistrada de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, manifiesta que el jefe de Estado debe ser cauteloso con el sentido del decreto para que no altere la normatividad vigente. “En mi concepto, si el presidente Duque no tiene facultades extraordinarias para modificar la Ley 30 de 1986, no podría expedir el decreto. Él es el jefe de la Policía, conforme lo establece en el artículo 189 de la Constitución Política, pero sus órdenes deben dictarse conforme a la Carta Magna y la Ley”.

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Entre tanto, Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, considera que el decreto que el Gobierno pretende expedir debe ser muy claro a la hora de precisar a quiénes y en qué condiciones se haría el decomiso.

“Es necesario hacer distinciones. Una cosa es la distribución, el expendio, la comercialización de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, que es delito, y otra distinta es el porte y consumo de la dosis mínima por prescripción médica. Conforme a la Constitución y la jurisprudencia, el adicto es un enfermo y no un delincuente. Por tanto, si el decomiso se produce sobre la cantidad considerada como dosis mínima o de aprovisionamiento, el decomiso sería contrario a la Constitución. Ahora bien, si se produce el decreto, este acto administrativo estará vigente mientras no se anule y las autoridades de Policía lo podrán aplicar”, opina Burbano.

En un sentido diferente piensan algunos alcaldes del país, como es el caso de Maurice Armitage, mandatario caleño, quien considera la medida como útil para combatir el microtráfico en su ciudad, en donde diferentes bandas se disputan este negocio criminal en detrimento de la seguridad ciudadana.

“Yo creo que la dosis mínima en Colombia es hora de quitarla porque la verdad es que el microtráfico y el narcotráfico, el uso de todas esas sustancias, han tomado demasiada fuerza en la juventud. Yo diría que mientras no tengamos la capacidad de control de las drogas, la dosis mínima hay que prohibirla", dice Armitage.

Algo similar considera el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien el pasado domingo habló sobre el decreto con el presidente Duque, quien le expresó que la medida está destinada principalmente a atacar organizaciones ilegales dedicadas al comercio de estupefacientes.

“Esto no es la penalización de la dosis mínima, se trata de sacar la droga de las calles. Día a día sufrimos por el narcomenudeo, las drogas están consumiendo a nuestra juventud, están acabando con la sociedad, es importante hablar de este tema. Se debe coordinar bien el tema de la operatividad para incautar las dosis, junto con los grandes esfuerzos que se deben hacer para combatir los cultivos ilícitos, la cadena de distribución y, por su puesto, frente al tema de cómo se posee la droga. Por eso nosotros como alcaldes pedimos en su momento apoyar el proyecto presentado por el Fiscal General de la Nación para reglar todo el tema de la dosis de aprovisionamiento”, dijo Gutiérrez.