Defensa de Epa Colombia pedirá reclusión especial para garantizar su seguridad

La situación judicial de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, sigue generando repercusiones. Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia dará lectura a la sentencia condenatoria en su contra, tras ser hallada culpable de tres delitos relacionados con los actos de vandalismo cometidos en el sistema de Transmilenio durante las protestas de 2019.

Ante esta decisión, su defensa legal presentará una petición especial: que la influenciadora sea recluida en una guarnición militar en lugar de una cárcel común. Según su abogado, Ómar Ocampo, su condición de empresaria y figura pública podría convertirla en un blanco dentro del sistema penitenciario, lo que justificaría la necesidad de garantizarle un espacio de reclusión seguro.

“Hemos recibido voces de muchos sectores, con ese apoyo vamos a solicitar y estaríamos a la expectativa porque, por supuesto, como madre cabeza de familia tiene un derecho, sobre todo esa menor, una niña de nueve meses, recién cumplidos, es el derecho de los menores de edad, como un derecho universal y constitucional prevalente”, señaló el abogado Ocampo.

El defensor estuvo presente este martes en el búnker de la Fiscalía mientras su clienta cumplía con los procedimientos de reseña y valoración médica, tras haber sido capturada el lunes en su empresa, ubicada en el barrio Restrepo, en el sur de Bogotá.

“Claro que fue sorpresivo para todos y eso impacta bastante en una persona como Daneidy que es tan activa, que está trabajando, que tiene un proyecto empresarial tan gigante como el que ha podido construir en los últimos 6 años… En la medida que se pueda, si hay un sitio especial de reclusión o con medidas de seguridad”, explicó el abogado.

La defensa argumenta que la trayectoria empresarial de Epa Colombia y el éxito de su negocio pueden ponerla en una situación vulnerable. “Es una persona que tiene un perfil empresarial muy gigante, que de pronto puede correr ciertos riesgos de seguridad en cualquier prisión normal. Debería estar en una guarnición militar, policial o en un sitio especial, de pronto un pabellón especial, lo que el Estado le pueda brindar”, insistió Ocampo.

El abogado también enfatizó que esta solicitud no es algo fuera de lo ordinario, ya que en Colombia algunos políticos y funcionarios procesados por corrupción han recibido beneficios similares. “Es lo que se necesita para ciertas personas, como ha ocurrido con alguna clase de políticos, funcionarios y personas que tienen un perfil diferente y que requieren una protección especial”, afirmó.

Ahora, la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia, que deberá evaluar si la empresaria cumple con las condiciones necesarias para obtener una reclusión distinta a la de una cárcel convencional.