Defensoría del Pueblo denunció que, pese a levantamiento de paro armado del ELN en Chocó, la población sigue teniendo restricciones

A pesar de que la guerrilla del ELN anunció el fin de semana que a partir del lunes 19 de agosto a las 6:00 a.m. se levantaba el paro armado que confinó a los ciudadanos del departamento del Chocó, específicamente en la subregión del San Juan, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno Nacional para que implemente medidas de atención en salud que permitan hacerle frente a un brote de paludismo que azota la zona.

Según la entidad, en la comunidad indígena La Lerma, que habita en zona rural del municipio del Medio San Juan, unas 600 personas han manifestado síntomas de la enfermedad y, de las 200 pruebas que se han practicado, 160 resultaron positivas.

A pesar de lo anterior, las personas que han sido diagnosticadas no tuvieron acceso a medicamentos ni a atención médica debido al paro armado que adelantó la guerrilla del ELN en esta zona del país, el cual duró una semana.

Por ello, la Defensoría del Pueblo aseguró que se necesita que la institucionalidad inicie un trabajo conjunto para realizar jornadas de salud en La Lerma.

“El paludismo es una enfermedad que causa síntomas leves, como escalofrío, dolor de cabeza, fiebre; sin embargo, puede desencadenar síntomas mucho más preocupantes, como fatiga, dificultad profunda para respirar, incluso convulsiones, entre otros. Si la patología no es tratada a tiempo, podría ser mortal para menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas susceptibles de una infección aguda, razón por la que es determinante la atención urgente y el reinicio en la toma de medicamentos”, indicó la Defensoría.

Desabastecimiento en las zonas afectadas

La Defensoría también denunció que el paro armado dejó gran desabastecimiento en diversos sectores de la economía. Uno de ellos está relacionado con la falta de combustible, el cual es indispensable para la movilización, principalmente a través de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, con el fin de abastecer de alimentos y enseres.

Además, al menos 45.000 personas fueron vulneradas en sus derechos humanos en los municipios de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y El Litoral del San Juan, quienes están sufriendo por falta de productos indispensables de la canasta familiar aún después del paro. Por consiguiente, la seguridad alimentaria debe ser garantizada en la subregión del San Juan.

Derecho a la locomoción

“Como ha sucedido en el pasado, luego de que los paros armados llegan a su fin, las comunidades sienten temor de movilizarse por ríos y carreteras. Se ven en la obligación, para salvaguardar su vida e integridad, de seguir confinadas, es decir, su ejercicio del derecho a la libre movilidad se ve interrumpido, razón por la que las fuerzas de seguridad del Estado deben implementar acciones de protección y seguridad que les permitan a las familias, en su mayoría afro e indígenas, trasladarse de un lugar a otro para que puedan realizar sus labores diarias, y a los menores de edad y docentes, retornar a los centros educativos”, indicó la Defensoría del Pueblo.

A pesar del levantamiento del paro, la libre movilidad de los ciudadanos está interrumpida por el temor de las comunidades a ser víctimas de las minas antipersonal que se han instalado en carreteras y campos por los grupos armados ilegales.

“Cansados del conflicto que a diario afrontan, provocado por el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), que se disputan el control territorial y social, necesitan que las estructuras armadas les pongan punto final a las hostilidades”, afirmó la Defensoría.

La entidad concluyó pidiéndoles a los grupos armados no seguir causándoles afectaciones directas e indirectas a la población de la subregión del San Juan, en el Chocó, y les solicitó parar todas las acciones contra los civiles, quienes no aguantan más la permanente vulneración de sus derechos humanos.