Defensoría del Pueblo solicitó protección al Gobierno de más de 300 personas desplazadas por enfrentamientos en el Chocó

Según expresó la Defensoría, son un total de 357 personas pertenecientes a 102 familias que fueron desplazadas por cuenta de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan de Golfo) en Chocó.

Aseguró la entidad que las comunidades afrocolombianas víctimas del desplazamiento son de Barranconcito, Buenas Brisas y San Agustín, las cuales están ubicadas al sur oriente del departamento. Agregando que se había advertido mediante la alerta temprana no. 012 de 2022 de las posibles vulneraciones y riesgos a los derechos humanos de los habitantes de estas poblaciones.

El defensor Carlos Camargo reiteró que esta es la cuarta ocasión, en lo corrido del año, esta zona es afectada por una emergencia humanitaria relacionada con enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

“Reiteramos el llamado a estos grupos armados ilegales a respetar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos y dejar por fuera de sus acciones bélicas a las comunidades que habitan esta zona del departamento del Chocó”, resaltó el Defensor del Pueblo.

Debido a este y otros graves hechos que afectan a las comunidades en el país, la Defensoría del Pueblo anunció la realización de una audiencia en Quibdó, Chocó para el próximo 23 de junio. Allí, la entidad entregará un informe sobre la situación de derechos humanos relacionados con los confinamientos y los desplazamientos forzados de comunidades en el territorio nacional.

Defensoría advierte más desplazamientos en Bolívar y Chocó

La Defensoría del Pueblo ha revelado recientemente una situación preocupante en dos regiones del país en relación con el conflicto armado. Según el informe de la entidad, los habitantes de tres localidades en el departamento de Bolívar y una más en Chocó se encuentran en alto riesgo debido a la presencia de grupos ilegales en sus territorios.

En el caso específico del departamento de Bolívar, la Defensoría del Pueblo, a través de la Alerta Temprana 021 de 2023, ha advertido sobre la existencia de amenazas graves contra líderes y lideresas, campesinos, comunales, comerciantes, ganaderos y aspirantes a cargos de elección popular en los municipios de Santa Cruz de Mompox, Hatillo de Loba, Margarita y San Fernando. Estas amenazas son atribuidas a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

“Pudimos evidenciar que existen presiones contra la comunidad para imponer ‘normas de conducta’. En reuniones convocadas por las AGC se ordenan restricciones a la movilidad, se realizan amenazas contra lideresas y líderes sociales y comunitarios. En estos cuatro municipios también se han presentado homicidios selectivos”, destacó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, los grupos armados ilegales que operan en las localidades mencionadas tienen un modus operandi específico. Realizan “patrullajes” en los corregimientos y zonas rurales, lo que limita el derecho a la libre movilidad de los habitantes. Además, imponen horarios de cierre del comercio, estableciendo restricciones entre las 6:00 p. m. y las 7:00 p. m. Estas acciones ejercidas por los grupos armados generan un ambiente de control y temor en las comunidades afectadas.

La Defensoría del Pueblo también emitió una alerta preocupante sobre el departamento de Chocó, específicamente en el municipio de Río Iró. Según el informe, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está llevando a cabo acciones de expansión y enfrentamientos potenciales contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), lo que ha generado temor en las comunidades de esta localidad.

En la Alerta Temprana de Inminencia 020 de 2023, la Defensoría advierte sobre la intensificación de actividades como el reclutamiento de menores en algunas zonas urbanas y todos los corregimientos de Río Iró. Estas acciones representan una amenaza para la seguridad y los derechos de las comunidades afectadas en esta región.

“Le hemos solicitado al Gobierno Nacional que se implementen acciones para evitar el reclutamiento. También le hacemos un llamado para que proteja la vida e integridad de absolutamente todos los habitantes de este poblado, en el casco urbano y en su zona rural”, dijo Carlos Camargo.