Defensoría rechazó actos de instrumentalización a comunidades por parte de grupos ilegales en el Bajo Cauca antioqueño

Ante el complejo panorama de en materia de seguridad que se sigue presentando en varias subregiones de Antioquia, entre ellas el Bajo Cauca, cada vez son más las instituciones y entidades que se pronuncian sobre las acciones que están llevando a cabo grupos armados y que afectan de manera especial a la población civil.

En las últimas horas la Defensoría del Pueblo envió un contundente mensaje al Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN quienes se vienen disputando desde hace varias semanas algunas zonas rurales del municipio de Cáceres.

El Ministerio Público rechazó de manera especial los actos de instrumentalización a los que ilegales estarían sometiendo a campesinos y otros pobladores del territorio con el fin de llevar a cabo acciones para impedir la operatividad de la fuerza pública en contra de sus actividades ilícitas y principales cabecillas.

También la Defensoría señaló que continúan presentándose otras conductas que violan el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como la siembra de minas antipersona, los desplazamientos individuales, la restricción a la movilidad y la prohibición del ingreso de alimentos y combustibles.

“También rechaza de manera categórica el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. Los menores de edad no tienen porque estar integrando las filas de la ilegales, bajo ninguna circunstancia, práctica cruel que contraria la normativa del DIH”, destacó en su pronunciamiento la Defensoría.

Otra de las situaciones que está generando preocupación en esta subregión tiene que ver con una nueva modalidad de homicidio que estarían implementando estas estructuras ilegales en la que a los familiares y amigos de las víctimas no se les permite trasladar los cuerpos a los cascos urbanos ni reportar su fallecimiento. Por eso son obligados a enterrarlos en zonas rurales con el fin de evitar el reporte y el registro del hecho criminal y revelar así el mismo modus operandi de los responsables.

Que no pueda conocerse por parte de las autoridades de seguridad y judiciales este tipo de hechos también permite que las acciones ofensivas en contra de estos grupos armados disminuyan, pues se presenta cierta panorama de tranquilidad en los lugares donde harían presencia.

El llamado de la Defensoría se produce luego de que el pasado 7 de julio desde la comandancia de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles del Ejército denunciara que hombres adscritos a las subestructuras Yeison Leudo Chaverra y Julio César Vargas del Clan del Golfo estarían detrás de varios actos en los que por medio de la población intentan impedir las acciones de la fuerza pública en este territorio, incluso con armas de fuego.

“Ellos se han visto inmersos a ser obligados por estas organizaciones a mandar los niños, niñas, adultos, mayores, mujeres, e inclusive que se vayan armados para poder realizar asonadas en contra de la fuerza pública”, denunció el brigadier Eduardo Arias, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, quien a su vez aseguró que el reporte de estos hechos ya se encontraba en poder de diferentes instituciones con el fin especialmente de proteger a la población civil.

Sobre el contexto en el que se viene presentando estas acciones violentas y al ser el Bajo Cauca una de las zonas del país donde se ha agudizado en mayor medida el conflicto, por un lado la Defensoría solicitó a estas organizaciones no afectar a la población civil, respetar sus derechos a la vida, a la integridad, a la libre movilidad y la alimentación, así como sus derechos económicos y sociales.

Por otra parte, la entidad lanzó una nueva advertencia a “los entes nacionales y territoriales y a las fuerzas del orden, a brindarles las debidas condiciones de seguridad a todos los habitantes de Cáceres y sus alrededores”.