Desalojo de residencia a familiares de Pablo Escobar se retomará en enero

Desde el pasado 20 de octubre, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), notificó a la familia de Pablo Escobar que tomaría posesión del predio conocido como la ‘Casa Museo Pablo Escobar’, ubicada en el barrio La Asomadera 2, de la capital antioqueña.

Efectivamente, la mañana de este jueves 28 de diciembre, la SAE y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá adelantaron el procedimiento de desalojo de esta casa, en la que estaba Roberto Escobar, hermano del extinto capo, más conocido como ‘El osito’.

SEMANA pudo confirmar que fue necesaria la presencia del Esmad en el desalojo, pues los familiares se negaron a abandonar la casa. Finalmente como no fue posible realizar el trámite, la SAE otorgó unos días más a alias ‘El Osito’ y la diligencia retomará en el mes de enero.

Vale la pena aclarar que la diligencia de desalojo es para la familia de Escobar y la extinción de dominio para la dueña del predio. Se sabe que ‘El osito’, quien ha promovido varias mejoras y adecuaciones a ese inmueble, logró que en los registros públicos una mujer figure como propietaria.

En ese sentido, lo que tendría que hacer la familia de Escobar es desalojar todos los objetos del museo, elementos de valor del extinto capo que son exhibidos en vitrinas convirtiendo el sitio en todo un atractivo turístico, incluido en los denominados ‘narcotours’.

En el lugar hay una réplica del carriel que habría portado en algún momento Escobar, imágenes de cera, una motocicleta de la época y un carro antiguo, entre otros objetos.

“El predio es explotado comercialmente por Roberto de Jesús Escobar Gaviria, hermano del excabecilla narcotraficante, como un museo que era visitado por turistas. Este hombre al parecer desplegó distintas acciones para mantener el dominio sobre el bien”, explicó la directora Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Liliana Patricia Donado.

Para la Fiscalía, este inmueble fue adquirido por Pablo Emilio Escobar Gaviria con dineros ilícitos obtenidos en las décadas de los años 80 y 90, y en la actualidad tendría un valor preliminar que superaría los $ 12 mil millones.

Además de la orden de desalojo, en julio se ordenó la demolición de una parte de la infraestructura porque no tenía las autorizaciones. De acuerdo con la orden, impuesta por la Inspección de Policía 9B, el predio de ‘El Osito’ tenía una construcción de dos plantas que no contaba con los permisos necesarios para su funcionamiento, edificación y apertura al público.

Ese día las autoridades distritales dispusieron un operativo de más de 50 personas, pero al llegar al lugar encontraron que este espacio ya había sido demolido por parte de su propietario. “Rechazamos el uso del territorio para aquellas actividades que promuevan el narcoturismo”, dijo en ese momento el subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, el coronel Omar Rodríguez Aranda.