Desde la Casa de Nariño, Mamá de Epa Colombia pide que Petro nombre a su hija como gestora de paz

Mientras Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, continúa recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, su familia busca todo tipo de estrategias para librarla de la condena de 5 años y dos meses de prisión en su contra.

Desde que está tras las rejas, han realizado plantones a las afueras del centro penitenciario en Bogotá, han iniciado recolección de firmas para reclamar su libertad y recientemente han pedido el aval del presidente Gustavo Petro.

Pues bien, esta vez, Karol Samanta, la pareja de Epa Colombia, y la mamá de la creadora de contenido fueron hasta la Casa de Nariño para pedirle al primer mandatario que la nombre como “gestora de paz”, cargo que le permitiría salir de la cárcel.

“Pido al señor presidente Gustavo Petro, al Ministro del Interior y a la Ministra de Justicia tener en cuenta la petición del radicado que puso mi hija Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, para ser vocera de paz”, expresó la mamá de la empresaria.

Por su parte, la pareja de la creadora de contenido habló sobre las razones por las que merece recibir ese nombramiento. “Daneidy Barrera merece ser vocera de paz porque ha hecho una transformación social, ayudando a muchas familias generando empleo. Daneidy aquí en libertad puede aportar para la paz total”, señaló Karol Samanta.

Hay que mencionar que hace unos días la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aclaró que la posibilidad de que Daneidy Barrera acceda a un beneficio que le permita salir diariamente de prisión está en manos de un juez y no del Gobierno.

La afirmación se dio luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara aplicar la ley de utilidad pública a la influenciadora, quien cumple una condena de cinco años y dos meses por vandalizar una estación de TransMilenio en 2019.

La ministra Buitrago explicó que no ha recibido una instrucción formal del presidente Petro sobre el caso de Barrera y enfatizó que el Ejecutivo no tiene facultades para intervenir en estos procesos.

Según Buitrago, para acceder a la ley de utilidad pública, una reclusa debe ser cabeza de hogar, haber cometido delitos relacionados con hurto o tráfico de estupefacientes y haber delinquido por razones de marginalidad.

En principio, Barrera no cumpliría estos criterios, de acuerdo con Rodrigo Lara, autor del proyecto que estableció este beneficio. Adicionalmente, la alta funcionaria recordó que el código penal prohíbe conceder beneficios judiciales a personas condenadas por instigación a delinquir con fines terroristas, delito por el que fue sentenciada Barrera.