Desnutrición sigue cobrando vidas de niños en La Guajira, Defensoría pide respuestas al Gobierno

El panorama de salud pública en el departamento de La Guajira es alarmante. Según cifras del Instituto Nacional de Salud, entre enero y septiembre de este año, fueron notificadas 55 muertes por desnutrición y causas asociadas en niños menores de 5 años.

Además, cerca de 2000 casos por desnutrición aguda moderada y severa se han presentado en menores en la misma etapa de vida. Otro dato preocupante es que el 93 % de los niños fallecidos por desnutrición en esta zona del país correspondía a población indígena.

De acuerdo con la información reportada por el INS, los pueblos indígenas más afectados, fueron el Wayúu (46 fallecimientos), Wiwa (3), Kogui (2) y Arhuaco (1). Igualmente, el 83,9 % de las muertes se presentó en niñas y niños que residían en zonas rurales, y el 7,1 % de los casos correspondió a hijos de adolescentes entre los 12 y 17 años.

Ante esto, el Defensor del Pueblo solicitó al Gobierno que se implementen medidas para atender el derecho a la alimentación, como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo. “Lo que infortunadamente está sucediendo es el resultado de la ausencia de políticas públicas integrales y de una respuesta sólida estatal que permitan la construcción de planes de acción que tengan en cuenta las necesidades y contextos propios de la población indígena del departamento”, señaló Carlos Camargo Assis, líder de la entidad.

Entre las necesidades de la población en La Guajira, el organismo destaca la generación de opciones productivas sostenibles para la población más vulnerable, como también la respuesta a la falta de garantías para un acceso continuo al agua potable.

Desnutrición aguda moderada y severa

A las muertes de estos menores de edad, se suma que hasta septiembre de este año se reportaron 1993 casos de desnutrición aguda moderada y severa en niñas y niños menores de 5 años en el departamento. Este dato implica que los causaron aumentaron en un 47 % en comparación con los registrados en el mismo periodo del 2022, cuando hubo 1360.

El 96 % de los casos correspondió a niñas y niños en estrato socioeconómico 1, y el 16,5 % se identificó como casos reincidentes. Es decir, niños que se recuperaron y regresaron a su comunidad, pero debido a la falta de garantías en su alimentación volvieron a presentar condiciones de desnutrición.

“Desde la Defensoría del Pueblo hemos verificado en terreno la vulneración sistemática de derechos como la salud. Por ejemplo, municipios como Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia no cuentan con disponibilidad, accesibilidad y calidad en la atención, establecidos tanto en la Observación General 14 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como en el artículo 6 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015″, agregó el líder del organismo.

La entidad pidió a las autoridades tomar medidas integrales para responder a las situaciones de vulneración de derechos en el departamento de La Guajira, especialmente en los casos de pequeños que se enfrentan a diario a escenarios de inseguridad alimentaria.

“Pedimos al Gobierno Nacional que, en cumplimiento de la Ley 2294, por medio de la cual se sancionó el Plan Nacional de Desarrollo, sean adoptadas acciones integrales y rutas que permitan lograr el eje transformador del derecho humano a la alimentación, el cual se estableció como uno de los ejes del actual gobierno, y en el que se expuso la importancia de lograr disponibilidad, acceso y medidas de adecuación para garantizar ese derecho”, añadió el Defensor del Pueblo.

También pidió a la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional y a la mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de La Guajira coordinar espacios y acciones que establezcan rutas claras para la atención de la primera infancia en el departamento con un enfoque étnico.