Disidencias de las Farc inauguran puente vehicular ilegal sobre el Río Micay en el Cauca

Las disidencias de las Farc, específicamente la estructura Carlos Patiño del comando coordinador del Estado Mayor Central (EMC), inauguraron un puente vehicular sobre el Río Micay en la zona rural del municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca.

El acto tuvo lugar en la vereda Honduras del corregimiento San Juan de Mechengue, ubicado en el cañón del Micay.

La construcción del puente, que tiene una capacidad de carga de 40 toneladas, se llevó a cabo durante cinco meses. En varias de las fotografías aparecen uniformados de las disidencias que “cortaron la cinta de inauguración” de la obra civil.

La presencia de estos grupos armados de la estructura Carlos Patiño evidencian la compleja situación de seguridad en la región, donde la influencia de las disidencias es una afectación para el orden público y ataques a la población civil, como se ha visto en varios mementos.

La obra tuvo un valor de 650 millones de pesos; un 15 por ciento lo aportó supuestamente el frente Carlos Patiño del EMC.

Carlos Valencia Moreno, presidente de la Junta de Acción Comunal, declaró: “Gracias a la colaboración hemos logrado construir un puente, mejorar las carreteras, adquirir una ambulancia y establecer un puesto de salud. Todos los recursos provienen de nuestras propias comunidades, especialmente de quienes raspan hoja y los patrones. Se establecen condiciones y logramos avanzar”.

El dirigente añadió: “Aquí no hemos recibido ayuda del Estado en ningún momento. Los presidentes de las Juntas nos reunimos, evaluamos las mejores propuestas y las priorizamos”.

En la zona se ha instalado un “peaje comunitario” donde los motociclistas deben pagar 2 mil pesos y otros tipos de vehículos 10 mil pesos.

Este acto ha generado diversas reacciones, señalando que es una respuesta al abandono del Estado hacia las comunidades del Cauca.

Gobierno Nacional y Segunda Marquetalia acuerdan cese al fuego unilateral al término del primer ciclo de diálogos

Este sábado las delegaciones del gobierno de Gustavo Petro y la disidencia de la Segunda Marquetalia de las antiguas Farc, dieron por terminado el primer ciclo de negociaciones en Caracas, Venezuela, donde pactaron algunos compromisos para el desescalamiento del conflicto armado en los territorios rurales donde hace presencia este grupo armado.

“En este primer ciclo abordamos el funcionamiento de la mesa, tratamiento de las controversias, definición de la fecha y lugar del próximo ciclo y las medidas tempranas de desescalamiento, por lo cual acordamos los protocolos respectivos”, inicia la misiva entre el Estado y los disidentes.

Entre dichas medidas se estableció, en primer lugar, la conformación de una subcomisión técnica, la cual estará integrada por representantes de las delegaciones del Gobierno Nacional y el grupo al mando de Iván Márquez. Esta se encargará de “establecer la georreferenciación de los municipios, corregimientos y veredas donde la Segunda Marquetalia tenga presencia. Esta deberá presentar a la Mesa su informe el próximo 15 de julio”.

Además, van a llevar a cabo una reunión en Tumaco en la que participarán delegados de ambas partes para presentar el acuerdo de desescalamiento y definir la metodología y el cronograma y una hoja de ruta para identificar proyectos sociales productivos de rápido impacto. Esto debe estar listo antes del sábado 20 de julio.

“Esta reunión se deberá realizar a más tardar el 20 de julio de 2024, para lo cual se solicita el acompañamiento de los países garantes, la Misión de Verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal Colombiana. El Gobierno garantizará las medidas de seguridad necesarias para la realización de esta reunión”, aseguraron las delegaciones en su misiva.

Los miembros de la Segunda Marquetalia se comprometieron a no estar armados o uniformados en las cabeceras municipales y cascos urbanos ni en vías terrestres y fluviales primarias y secundarias. De la misma manera, prometieron entregar a los secuestrados que actualmente tienen en su poder y respetar la vida de la población civil cumpliendo el Derecho Internacional Humanitario.