Duque presentó el balance de sus primeros 100 días de Gobierno

En medio de marchas estudiantiles, un fuerte debate por su propuesta de gravar con el IVA el 80% de la canasta familiar, con una agenda legislativa prácticamente hundida y con una imagen favorable del 27,2%, según una encuesta revelada este viernes por la firma Invamer, Iván Duque llegó a sus primeros 100 días como mandatario de los colombianos.

Pese a estas situaciones, desde el Gobierno prepararon un balance, junto con el gabinete, en el que destacan que los 15 talleres Construyendo País es uno de los avances pues ha permitido “la construcción del diálogo social”.

Según el informe, con estos talleres se ha llegado al 45% de los departamentos de Colombia, impactando a 42 mil habitantes de los territorios y en los que 8.047 ciudadanos han participado exponiendo las necesidades y principales propuestas para sus regiones.

Allí se han establecido 475 compromisos de corto, mediano y largo plazo de los cuales, según el Gobierno, ya se han ejecutado 109 que abarcan sectores como salud, educación, agricultura, juventud, minas y energía, transporte y apoyo a las víctimas de la violencia.

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En materia de seguridad, Duque ha presidido 16 consejos de seguridad en distintas regiones del país, a los que se suman otros cuatro encabezados por el ministro de Defensa, Guillermo Botero. En estas reuniones de alto nivel se han establecido 239 compromisos por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

El documento destaca que con la puesta en marcha del plan ‘El que la hace la paga’ y del 'Plan diamante', la Fuerza Pública ha golpeado las estructuras del crimen organizado y las bandas delincuenciales.

Agrega que se ha logrado la captura de 57.215 personas responsables de diversos delitos, de estos detenidos se destacan 343 miembros de grupos armados organizados residuales (15 de ellos cabecillas de estructuras criminales), 237 integrantes del ELN, 566 del Clan del Golfo, 25 de Los Pelusos y 68 de Los Puntilleros, entre otros.

Lo que no se precisa es si a estas personas se les dictó medida de aseguramiento intramural, pues de ser así sería una alarma para el ya hacinado sistema penitenciario y carcelario.

A esto le suman la ratificación del compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Durante su reciente participación en la ONU, Colombia firmó la declaración en la que 130 países se comprometieron a fortalecer la cooperación frente al problema global de las drogas, adoptando la estrategia integral propuesta por nuestro país, que incluye prevención en salud pública, desarticulación de redes de tráfico y lavado de activos, así como erradicación y sustitución sostenible de cultivos ilícitos.

El Gobierno destaca que en relación a la paz el presidente Duque ha recibido respaldo de diversos países y organismos frente a su posición de una posible apertura al diálogo con la guerrilla del ELN, solo si este grupo libera a todos los secuestrados y suspende sus actividades criminales.

En su intervención, Duque señaló que “gracias a una importante labor diplomática el Gobierno logró que los embajadores de Francia, Suecia y Alemania, así como el Parlamento y Gobierno italianos respaldaran esta decisión y reiteraran la solicitud a esa organización guerrillera de cesar su práctica criminal del secuestro”.

En el informe se asegura que durante la participación de Duque en la reciente Asamblea General de la ONU, el Gobierno llamó la atención del mundo frente a la crisis humanitaria y migratoria ocasionada por el régimen venezolano. También señala que como parte del compromiso con el restablecimiento de la democracia en Venezuela y con la defensa de los derechos humanos, Colombia y otros cinco países (Argentina, Canadá, Chile, Perú y Paraguay) remitieron ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra Nicolás Maduro por la grave situación del país que este preside.

Así mismo, subraya que Colombia hizo la solicitud de retiro de Unasur y el pedido ante la Asamblea de la ONU de recursos económicos para sobrellevar de manera humanitaria la migración en la región.

En materia de agenda legislativa, el Gobierno asegura que ha presentado 21 proyectos para trámite ante el Congreso, pero resaltan que entre las iniciativas radicadas están los proyectos de lucha contra la corrupción, la reforma a la justicia, la reforma política y el proyecto de acto legislativo que busca excluir los delitos de narcotráfico y secuestro como conexos al delito político.

Aunque es una de las materias más álgidas, desde el Gobierno se dice que se logró la reasignación de $500 mil millones del presupuesto general de 2019 para este campo. Este monto, dice el documento, permitirá darle un alivio financiero parcial a la educación pública.

Agrega que con la recompra de US$1.000 millones en bonos con vencimiento en 2019 se liberaron cerca de 3 billones de pesos de amortizaciones de deuda en el presupuesto del próximo año, cumpliendo con la promesa de destinar mayores recursos para financiar la educación, la salud y la inclusión social, entre otros sectores.

Sobre el programa que reemplaza a Ser pilo paga se recordó que esa estrategia tiene tres componentes: avance de la gratuidad por mérito en la educación superior pública, fortalecimiento de las 61 Instituciones de educación superior públicas y reconocimiento a los mejores bachilleres del país de escasos recursos, con una inversión de 3,6 billones de pesos en el cuatrienio.

El Gobierno, a través de Bancóldex, lanzó la línea de crédito ‘Exprimiendo la naranja’ por 400.000 millones de pesos, diseñada para financiar a los emprendedores que forman parte de la Economía Naranja.

El Gobierno puso en marcha el programa de arrendamiento social Semillero de propietarios, el cual permitirá reducir el déficit cuantitativo de vivienda durante el cuatrienio, beneficiando a 200 mil hogares colombianos con ingresos inferiores a dos salarios mínimos.

Así mismo, lanzó la iniciativa Casa Digna-Vida Digna, un programa de mejoramiento de vivienda y barrios que beneficiará a 600 mil hogares de colombianos de bajos recursos en las zonas rurales y urbanas.

En los 100 primeros días de su Gobierno, Duque firmó la directiva presidencial número 09, dirigida a entidades de la rama Ejecutiva del orden nacional, con el propósito de lograr máxima eficiencia y generar importantes ahorros en la administración pública durante el cuatrienio.

Las directrices impartidas incluyen aspectos relacionados con modificación de plantas de personal, nóminas paralelas, comisiones de servicios, tiquetes aéreos y viáticos, delegaciones oficiales, eventos y capacitaciones, ahorro en publicidad estatal y revisión de los esquemas de seguridad de funcionarios públicos, empezando por el esquema del propio mandatario.

Junto con otras medidas de eficiencia administrativa, el propósito es ahorrar 1,2 billones de pesos en 2019 y entre 6 y 7 billones de pesos en el cuatrienio.

El Gobierno presentó las medidas para el fortalecimiento y renovación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con las cuales se busca solucionar las dificultades que ha venido presentando entre ellas la corrupción que se ha generado en torno a esta estrategia que tiene a varios políticos en líos con la justicia.

El año entrante este programa pasará de 5.300.000 niños, que son hoy beneficiarios, a 5.600.000. Se busca que al final del cuatrienio se supere el umbral de los 7 millones de estudiantes beneficiarios.

De acuerdo al documento, el Gobierno puso en marcha un plan que contempla acciones específicas para mejorar la calidad de la atención a los usuarios de hospitales públicos, inversiones en infraestructura física y dotación, fortalecimiento del talento humano y pago de pasivos.

En su primera fase, la iniciativa será ejecutada en ocho hospitales públicos en San Andrés, Tumaco, Maicao, Buenaventura, Valledupar, Quibdó, Puerto Carreño y Leticia. Durante los últimos cuatro meses de 2018 se invertirán 187 mil millones de pesos en este plan de acción inmediato.

Con el programa Guajira Azul, de acuerdo al documento, el Gobierno busca incrementar la cobertura de acueducto y alcantarillado en las zonas rurales de La Guajira, así como mejorar la continuidad del servicio en él área urbana de la península, garantizando la calidad del agua del departamento y mejorando el tratamiento de aguas residuales de la región.

Este programa consta de 128 intervenciones que se llevarán a cabo durante el cuatrienio y que implican una inversión cercana a 424 mil millones de pesos, recursos que provendrán de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional, la banca multilateral, el sector privado y la cooperación internacional.