El 75% de los contratos de la EPS SOS tenían serias irregularidades”; Supersalud

Ya han pasado dos meses desde que la EPS SOS fue intervenida y en la mañana de este jueves 6 de junio la Superintendencia de Salud dio a conocer los hallazgos encontrados en los manejos de los contratos. El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, señaló que en la investigación se encontró que el 75% de los contratos presentan serias irregularidades.

Respecto al SOS, Leal aclaró que “la integración vertical no se encuentra cumpliendo las normas al interior de esta EPS. Comfandi es el principal accionista, con el poder sobre el 90% de la EPS, SOS. El Presidente de esta entidad fue el mismo presidente de la Junta Directiva del SOS, de allí que tenga la potestad de nombrar a muchos de sus miembros de juntas directivas y esto facilitó que la contratación de casi la totalidad de la red primaria de atención para esta EPS se hiciera con sus propias IPS con múltiples hallazgos irregulares en estas contrataciones”.

Según dio a conocer el funcionario, los contratos generados para la atención primaria en salud solo no estaban prestando los beneficios reales que necesitaban los usuarios de Comfandi, porque las metas alcanzadas eran muy bajas, sino que el 75% de los contratos estaban evaluados con un desempeño muy bajo, no se generaban auditorías, “no se estaba haciendo una revisión de que los pagos que se estaban haciendo a cada una de las IPS por la prestación del servicio de salud en atención primaria estuviesen cumpliendo con los estándares de calidad o cumpliendo con las atenciones pactadas y pagadas por la EPS, es decir, que la EPS pagaba sin revisar que era lo que estaba pagando, con un impacto negativo a nivel de la salud de la población, pero además con tarifas muy elevadas que estaban por encima del promedio del mercado”.

De hecho, las tarifas investigadas a hoy 2024 en los contratos evaluados entre SOS y la red prestadora primaria de atención en salud, que es de propiedad de los mismos dueños de la EPS, se encontraban con tarifas elevadas y estos contratos fueron celebrados en 2022. Esto lo que quiere decir, según la investigación, es que son precios elevados para la fecha.

Asimismo, el Superintendente de Salud, señaló que el 91,42% de los contratos se generaban por la modalidad evento, que es la más costosa al interior del sistema de salud, pero que cuando se suman cuestan igual que el 8% del resto de los contratos y “es este 8% los que nos preocupan, porque son los de atención primaria que tienen sobrecostos, donde además no se estaba verificando el cumplimiento de las actividades y donde se pagaba la totalidad sin hacer ningún reintegro de los recursos de la salud que no se estaban ejecutando por parte de los prestadores. No realizaban las actividades pactadas que se pagan en la totalidad, las tarifas pactadas”.

Supersalud señaló que entre agosto de 2023 y marzo de 2024, la brecha entre lo ejecutado por cada una de las IPS y lo pactado y pagado por la EPS se encuentra por encima de los $19.000 millones. Además, con un redireccionamiento claro entre la red primaria con una entidad de cuatro niveles en el Valle del Cauca, llamada Valle del Lili, donde prestaban los servicios de mediana y alta complejidad.

“No hay ningún rechazo de que las actividades se presten en centros de alta calidad. Al contrario, es excelente que la población pueda tener una alta calidad, pero hay servicios de mediana complejidad que se pueden prestar en otro tipo de redes y que no generarían unos costos tan elevados para el sistema como estos, que se generan por un pacto o un acuerdo de flujo de pacientes la interior del sistema, que además genera barreras administrativas y geográficas”, explicó Luis Carlos Leal.

Agregó que la red de prestadores contratada era insuficiente; no tenían ni cobertura ni tamización para cáncer de cuello uterino, los reportes eran tardíos y los resultados alterados. Además, tenían retrasos en la ruta de ingresos a la atención oncológica y demoras en los tratamientos oncológicos.

“El contrato de medicamentos, que era realizado con Cruz Verde tenía una modalidad donde se pagaba por cada uno de los pacientes afiliados un monto específico, independientemente de que el paciente tuviera o no la indicación de un tratamiento médico, con la gravedad de que Cruz Verde jamás reportó la entrega de la totalidad de los medicamentos y qué tipo de medicamentos estaba entregando”, afirmó Leal.

“A ciegas se hacía un contrato donde se giraba un monto fijo a un prestador farmacéutico, sin verificar que efectivamente la población tuviese un beneficio, aun cuando esta EPS tenía un alto nivel de quejas sobre la entrega oportuna de los medicamentos”, puntualizó.