El balance en implementación de la paz que entregaron los congresistas de la oposición

Un grupo de congresistas realizó un informe en el que se recogen los principales retos en la implementación de los Acuerdos de Paz que han identificado a lo largo del primer año del mandato del presidente Iván Duque.

La representante a la Cámara Juanita Goebertus, una de las autoras del documento llamado ‘¿En qué va el Acuerdo de Paz a un año del Gobierno de Duque?, dice que parte de la problemática es que desde el Ejecutivo se maneja un doble discurso con respecto a la implementación y su efectividad.

“En el escenario internacional asegura su compromiso con el Acuerdo. Mientras tanto en el país expresa reservas a lo acordado, no hace las inversiones necesarias en los territorios, carece de una política de seguridad ciudadana que dé confianza y tranquilidad, presenta objeciones a la ley de la JEP, introduce reformas legislativas que generan incertidumbre entre víctimas y excombatientes, y da vía libre para el avance de reformas legislativas y constitucionales que pondrían en grave riesgo la esencia del Acuerdo de Paz”, se lee en el informe.

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Una de las conclusiones del documento es que “desde que Duque asumió su silla en la Casa de Nariño se ha insistido, en especial desde el Centro Democrático, el partido del Gobierno, que los acuerdos de Cuba “no hacen parte de una política de Estado sino de la política de Paz del Gobierno anterior. Afirman que las obligaciones del Acuerdo son “obligaciones de medio” y que para su cumplimiento el Ejecutivo cuenta con un “margen de apreciación” sobre cómo llevarlas a cabo. Cuando la Corte Constitucional ya ha aclarado que el cumplimiento del Acuerdo Final debe hacerse de buena fe, respetando su integralidad y garantizando la no regresividad”.

El resultado de esta postura es que el 57 % de las normas requeridas para la implementación del Acuerdo aún están pendientes de trámite en el Congreso de la República.

“Pasó todo un año en el que discutimos sobre varios temas, entre ellos las objeciones a la JEP, en qué se debía reformar, y mientras eso pasaba, el Gobierno no presentó las normas que se necesitan para avanzar en la implementación, como la Ley de Tierras, la reforma a la Ley Orgánica de Planeación, y las curules para las víctimas, entre otros”, dice Goebertus.

Otra de las conclusiones del informe es que llevar a cabo la implementación de los Acuerdos, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018 y el Plan Marco de Implementación, tendrá un costo total de $139,1 billones que deberán ser invertidos en un período máximo de 15 años, pero luego de su paso por el Congreso, el Plan Plurianual de Inversiones para el cuatrienio del presidente Duque incluyó $37,1 billones que deberán ser destinados a la implementación del Acuerdo de Paz. Es decir que durante estos cuatro años se invertirá el 26 % del total necesario para la implementación del Acuerdo.

Sin embargo, al revisar las fuentes de financiación, solo el 65 % ($24,3 billones) corresponden a recursos del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Participaciones. “Los demás serán el resultado del Sistema General de Regalías, recursos propios de los territorios, la contribución de privados y la cooperación internacional, de ahí que no hacen parte del proceso presupuestario ante el Congreso de la República”, se lee en el documento.

El reporte revela que el Ejecutivo planteó que en 2020 se destinen $9,8 billones para la Paz, como quedó aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, “es decir que en un solo año el Gobierno estaría proponiendo invertir el 40 % de los recursos de Paz para todo el cuatrienio”.

Entre lo que el grupo de legisladores que elaboró el informe reconoce al Gobierno Duque es la consecución de recursos para la Reforma Rural Integral (RRI), aunque hacen énfasis en que el trabajo en este sentido se resume en “esfuerzos aislados que no obedecen a una estrategia macro”.

“El Gobierno del presidente Duque ha avanzado de forma importante en conseguir los recursos para la puesta en marcha del Catastro Multipropósito negociando dos créditos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por un total de USD 150 millones, para el fortalecimiento institucional y tecnológico del IGAC, la SNR y la ANT. Es fundamental que este se ponga en marcha en los términos del Acuerdo”, agrega.

El análisis dice que las iniciativas de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, la Reforma Política y la garantía del derecho al voto en la ruralidad no han tenido el liderazgo del Gobierno en el Congreso de la República.

“Las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz son una medida para promover la representación política de las poblaciones más afectadas por el conflicto y el abandono institucional. Sin embargo, luego de tres intentos, en el segundo semestre de 2018 la plenaria del Senado hundió el proyecto por falta de quórum”, destaca el documento.

El Acuerdo señala que se deben poner en marcha medidas para facilitar el acceso a los puestos de votación de las comunidades que habitan en zonas alejadas y dispersas. Según la MOE, hay 360 municipios en el país, 32 % de los cuales son municipios PDET, que tienen tan solo un puesto de votación por cada 63,2 kilómetros cuadrados.

En lo que respecta a la reincorporación y seguridad territorial, los autores consideran que “la no repetición del conflicto depende en gran medida del éxito de los procesos de reincorporación y de las garantías de seguridad territorial. Y la realidad nos está demostrando que ambos componentes están en crisis”.

Y explican que si bien desde el inicio del Gobierno Duque han sido aprobados 223 proyectos productivos (entre colectivos e individuales), beneficiando a 717 personas en proceso de reincorporación, la realidad es que a pesar de esos esfuerzos el 83 % de los excombatientes objeto del proceso de reincorporación (13.018) siguen sin hacer parte de ningún proyecto productivo (público o financiado por cooperación internacional) que les permita avanzar en su proceso de reincorporación económica.

Para los congresistas, la situación de seguridad no es menos preocupante. “Luego de que en 2017 experimentamos una tasa de homicidios de 24,4 por cada 100.000 habitantes, esta cifra ascendió a 24,9 en 2018, quebrando por primera vez la tendencia descendente que venía desde 2013”.

En términos de muertes violentas de desmovilizados, el informe dice que de agosto de 2018 a julio de 2019 han sido asesinados 56 excombatientes de las Farc, ascendiendo a un total de 138 desde el inicio del proceso de dejación de armas.

En cuanto al homicidio de líderes sociales, el Gobierno ha reportado que desde el 7 de agosto del año pasado han sido asesinados 68 líderes y lideresas sociales.

“Esto implica que el 40,5 % de los homicidios a excombatientes se ha dado en el Gobierno Duque”, según el reporte, que cita a Indepaz.
Finalmente, en cuanto a narcotráfico, en el documento se hace referencia a los cultivos ilícitos y su comportamiento respecto del número de hectáreas sembradas y erradicadas durante los pasados 365 días.

“Según el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), que se hizo público el pasado 5 de agosto, en 2018 se presentó una reducción de 2000 hectáreas de cultivos de coca con respecto a 2017. Sin embargo, este informe contempla tan solo cuatro meses del Gobierno Duque, de ahí que aún no es posible afirmar que la reducción se dé por ajustes en la estrategia del Gobierno Duque”.

El informe presentado por los congresistas también advierte que el 62 % de los lotes de coca identificados siguen ubicados en los mismos sitios, lo que demuestra, según ellos, que el Estado no ha podido transformar las condiciones que permiten que esos cultivos permanezcan en esos territorios.

“Esto es especialmente grave si se tiene en cuenta que el número de operaciones de desminado suspendidas al mes se triplicó en lo corrido de 2019, pasando de seis operaciones suspendidas en 19 meses de 2017 y 2018, a siete operaciones suspendidas en siete meses de 2019”, añaden.

El consejero para la Estabilización, Emilio Archila, aseguró que el balance presentado por los congresistas se escribió desde el “bogocentrismo”: “Obviamente mientras que los representantes y senadores estaban escribiendo su reporte en Bogotá, nosotros estábamos en los territorios continuando con la implementación”.

En diálogo con la W Radio, Archila rescató la importancia de que se hagan esos informes, pese a que no concuerde con las conclusiones. “Lo que quiere decir es que ya logramos superar el mito de si se está cumpliendo o no y estamos entrando en lo que sí es importante para el país y es que se analice cómo estamos cumpliendo”.