El canciller Álvaro Leyva pide a la procuradora declararse impedida para decidir su suspensión

En un extenso documento de 22 páginas, el canciller Álvaro Leyva presentó su respuesta a la Procuraduría General de la Nación, luego de la suspensión de tres meses y el llamado a juicio disciplinario por las presuntas irregularidades en la elaboración de pasaportes en Colombia.

El documento, firmado por el abogado Yefferson Dueñas, argumenta que la decisión de la Procuraduría vulneró los derechos del ministro de Relaciones Exteriores y las garantías dentro de su proceso disciplinario. La defensa insiste en que la medida de suspensión se puede catalogar como una falta contra Leyva.

Sumado a lo anterior, la defensa del canciller resalta una posible inexistencia de un supuesto ‘patrón inadecuado de comportamiento’, del que habló la Fiscalía al señalar a Leyva. En lo relacionado a la suspensión del cargo, el funcionario señala que los argumentos de la Sala de Instrucción de la Procuraduría no se realizaron de la manera adecuada.

El documento, de 22 páginas, presentado por el canciller califica la medida de suspensión provisional como “falsa y falta de motivación”.

Adicionalmente, la defensa del Canciller solicitó a la procuradora Margarita Cabello que se declare impedida para estudiar el caso debido a las manifestaciones públicas sobre la decisión de la Sala Disciplinaria de Instrucción. Asimismo, se pide la revocación de la medida de suspensión provisional dictada por la Sala.

El pasado 24 de enero, en el marco de la investigación iniciada por las irregularidades en el contrato para el manejo de los pasaportes, el canciller Álvaro Leyva Durán fue suspendido por tres meses por parte de la Procuraduría General. Asimismo, fue llamado a juicio disciplinario.

Cabe recordar que Leyva ha estado en el ojo del huracán luego de iniciar una disputa judicial con la firma Thomas Greg & Sons, encargada de producir los pasaportes en Colombia, pero de un momento a otro, el canciller le quitó la licitación.

Por esta razón, la compañía anunció una millonaria demanda en contra del Estado colombiano, por $117 mil millones, debido, según los empresarios, a daños y perjuicios.

El organismo de control disciplinario afirmó, en la medida emitida este miércoles, que el Ministro de Relaciones Exteriores se habría excedido en el cumplimiento de sus deberes al declarar finalizado el proceso de licitación.

Así lo dio a conocer la Procuraduría por medio de un comunicado de prensa en el cual explica que “la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que el Canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas y cometidas a título de dolo”.

De esta manera, la primera se da al declarar desierta la licitación 001 de 2023 “sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”.

En segundo lugar, el Ministerio Público profirió cargos al Ministro por “supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación”.

Por último, el organismo de control afirmó que esta decisión “se tomó en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes”.