“El Chocó tiene un conflicto social muy fuerte”: Obispo de Quibdó

"Gracias al Acuerdo de Paz, hoy las Farc han salido del territorio, pero, ante la falta de implementación del mismo, el ELN ha copado estos espacios, se ha fortalecido militarmente y ha incrementado sus agresiones a la población civil. El Gobierno no ha sido efectivo en combatir las nuevas formas de paramilitarismo y bandas criminales, que hoy han incrementado su accionar al interior de los territorios étnicos”.

Cinco organizaciones sociales del Chocó, entre ellas la Diócesis de Quibdó, se dirigieron al presidente Iván Duque, mediante una carta pública, en el contexto de la entrega de los restos de las víctimas de la masacre de Bojayá, para narrarle cómo se ha recrudecido la violencia en ese departamento.

Sin embargo, tres semanas después, monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la capital chocoana, dice que no solo no han recibido respuesta alguna, sino que el miedo sigue forzando al desplazamiento a muchas comunidades tradicionalmente víctimas también del abandono estatal.

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Monseñor, ¿por qué se ha recrudecido la violencia en el Chocó?
El Chocó tiene un conflicto social muy fuerte por todas las carencias por las que atraviesan las comunidades a nivel de salud, educación, servicios públicos y como fruto del abandono estatal en todos los niveles: nacional, departamental y local, pero toda esta situación se agrava por la acción de los grupos armados, especialmente del ELN y las Autodefensas Gaitanistas. En algunas partes están compitiendo por el territorio y, por lo tanto, afectando a las comunidades a través del confinamiento, el desplazamiento, las amenazas, el reclutamiento de menores y el minado de sus territorios.

¿Pero hay un recrudecimiento?
Hubo un alivio temporal después de la firma del Acuerdo de Paz y ya se venía sintiendo durante el proceso de negociación con las Farc. La gente estaba muy contenta porque veía que con la dejación de armas de las Farc se había disminuido la violencia, y un actor que había sido victimario en el territorio ya no estaba. Se esperaba que llegara el Estado hasta estos sitios con toda su infraestructura social y a hacer control territorial a través de la Fuerza Pública. Sin embargo, esto no se dio y más bien lo que pasó es que el ELN copó los territorios que tenían las Farc y luego han venido a disputarlos también las Autodefensas Gaitanistas. La situación es muy intensa en municipios como Bojayá, Riosucio, Alto Baudó, Río Quito y Litoral del San Juan.

En la carta ustedes denuncian el reclutamiento de menores...
Sí, y el confinamiento, porque los grupos armados minan el territorio y les dicen a las comunidades que no pueden ir a pescar, ni a sus cultivos de pancoger, ni a cazar, y en consecuencia, muchos están aguantando hambre porque no han podido desarrollar su vida normalmente, todo lo cual implica el sufrimiento para niños y familias en general. Algunos
se han desplazado por amenazas directas, por el temor que van sintiendo o por el hambre.

¿Y hacia dónde se han desplazado?
Ha habido desplazamientos internos, de una comunidad hacia otra; en otros casos van hacia el municipio más cercano, y algunos han llegado hasta Quibdó. El reclutamiento es muy fuerte, hay muchas comunidades en las que hay uno, dos o tres niños reclutados, más sistemáticamente por el ELN, pero también en algunos casos por los paramilitares. El reclutamiento tiene predominio en las comunidades indígenas que están más alejadas, más vulnerables, pero también en población afro.

Los líderes hablan también del dominio de economías ilegales...
Las economías ilegales han financiado históricamente a los grupos armados. Una parte la constituye la producción de hoja de coca, también existen algunos laboratorios, e igualmente es muy fuerte lo de las rutas del narcotráfico y la minería ilegal.

¿También tienen reparos frente al accionar de las autoridades?
En general, hay desinterés por parte de todas las autoridades. La Fuerza Pública no ha logrado hacer el control territorial esperado.

Se esperaba mayor control sobre la minería ilegal. En algunas zonas ha tenido disminución, pero continúa y también el narcotráfico. En términos generales, se percibe que hay una alianza entre algunos miembros de la Fuerza Pública con grupos ilegales.

En el Chocó y en muchas regiones de Colombia se insiste solo en controlar la hoja de coca sin ejercer el control sobre los otros insumos. ¿Qué pasa con la gasolina? ¿Por qué circula tranquilamente por los ríos y se vende libremente y sin restricciones? ¿Por qué tantos alimentos para abastecer a estos grupos armados y no hay control? Son preguntas que la gente del territorio no logra resolver satisfactoriamente y sobre lo cual hay diversas denuncias por instituciones
oficiales y organizaciones sociales.

En ese sentido, ¿qué peticiones le hace usted al Gobierno Nacional?
Nosotros hemos hecho un trabajo colectivo, las tres diócesis (Quibdó, Istmina–Tadó y Apartadó) y las organizaciones afro e indígenas del departamento, se le ha pedido al Estado, en primer lugar, una inversión social a nivel estructural, que resuelva los problemas de fondo, que son los que hacen más vulnerables a las comunidades, pues están abandonadas, geográficamente dispersas y viven en pobreza económica. Están prácticamente subyugados por los actores armados, y si eso no se resuelve, habrá siempre rendijas para que muchos sean víctimas de la criminalidad.

Por otra parte, es necesario que la Fuerza Pública se desmarque totalmente de los grupos armados y la población pueda recuperar la confianza en ellos, la cual se ha perdido por razones históricas. Nos parece importante también que se implemente el Acuerdo de Paz, sobre todo en lo que tiene que ver con el componente étnico, por el aspecto diferencial que tiene respecto a otras regiones del país.

También están pidiendo los diálogos con el ELN...
Este diálogo es necesario porque salva vidas, evita sufrimientos a las comunidades, ahorra recursos económicos y es menos largo y doloroso. Además, el Estado difícilmente los va a poder vencer militarmente debido a las circunstancias geográficas y a otros intereses… El diálogo que pide la Iglesia hace exigencias al ELN y al Gobierno. También hemos pedido que haya planes de sometimiento para los otros grupos ilegales. Es un paquete que tiene que venir con todo. Porque actualmente no se hace inversión social, con la disculpa de la presencia de los grupos armados en el territorio; y en caso de que se desmovilicen los grupos armados y no se haga inversión social, las condiciones para nuevas violencias siguen vigentes. El Gobierno debe tener un diálogo social con la región para que pueda entender las dinámicas desde el territorio y lograr un enfoque diferencial. Es necesaria esa respuesta efectiva e integral.

Pero el Gobierno está impulsando una Gran Conversación en el país...
Creemos que la voluntad de diálogo es importante, pero tiene que ser más explícita y a partir de una metodología consensuada con los sectores poblacionales y también con los territorios.

A propósito, varios jerarcas de la Iglesia se pronunciaron sobre el Paro Nacional. ¿Cuál es su mensaje para los organizadores de este?
En los comunicados de la Conferencia Episcopal y en el de los Obispos del Pacífico y Suroccidente evidenciamos que el Paro es una propuesta justificada por la situación social que vive el país, e invitamos a que esa protesta se desmarque totalmente de las acciones violentas. Que sea un paro realmente pacífico, respetuoso de la vida de las personas y de los bienes públicos y privados.

¿Y para el Gobierno Nacional?
Nosotros indicamos en el comunicado del 28 de noviembre quiénes están participando en las marchas: jóvenes, desempleados, afros, indígenas, campesinos, muchos pensionados, todo el sector de trabajadores del país. Quisimos identificar rostros concretos, porque a veces se dice que la gente que está en la calle no sabe qué es lo que pide y resulta que ahí hay una población colombiana que está expresándose y necesita ser escuchada... Nos parece que el empresariado colombiano tiene aquí una tarea muy importante para realizar, porque en el fondo el problema de Colombia es de desigualdad. Somos uno de los diez países más desiguales del mundo. El Papa nos dijo, cuando vino a Colombia, que la inequidad es la causa de muchos males sociales, entonces se requiere un análisis diferente del país.

A propósito, ¿qué salidas se han planteado desde la Iglesia Católica?
La posición de la Iglesia ha estado centrada en cinco grandes afirmaciones. Primero: que sí hay una insatisfacción en el país por los problemas sociales históricos que no han tenido solución. Segundo: que las movilizaciones sociales son legítimas y no se deben estigmatizar ni criminalizar. Tercero: la protesta social tiene que ser pacífica. Cuarto: vemos con buenos ojos que el Presidente haya dicho que quiere una conversación nacional, ante lo cual se deben abrir esos espacios lo más pronto posible y de manera amplia, consensuada y sincera. Quinto: la Iglesia colombiana está dispuesta a participar también en ese diálogo nacional y a hacer su aporte desde el Evangelio, la Doctrina Social Católica y el pensamiento del Papa Francisco.