"El conflicto armado ha empeorado en algunas zonas de Colombia": jefe del Cicr

Manuel Duce Marques es el jefe de la subdelegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, Cicr, para el Valle, Cauca, Nariño, Tolima y Quindío. El español lleva quince años haciendo parte del Cicr y cuenta en su carrera profesional con 26 años de trabajo humanitario en el mundo. El hombre ha participado en varias misiones, algunas en la ‘Primera guerra del Golfo Pérsico’, entre 1990 y 1991, y el ‘Genocidio de Ruanda’, en África Oriental, entre abril y julio de 1994.

El Cicr, una organización que presta atenciones humanitarias en conflictos del mundo, de forma imparcial, neutral e independiente, este año está cumpliendo 50 años de su llegada a Colombia. La primera misión de esa organización en marzo de 1969 era verificar las condiciones en las que estaban los presos del país.

Duce Marques accedió a hablar con El País del papel de este organismo humanitario en el territorio nacional y sobre la situación actual del conflicto armado en Colombia, nación que a 2018 tenía sembradas con hoja de coca 208.000 hectáreas, según datos del Gobierno de Estados Unidos.

Son cinco las décadas del Cicr en nuestro país, ¿cómo ve actualmente la situación en materia de conflicto armado?
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Nuestros equipos en terreno han sido testigos de la violación de normas humanitarias y constantes infracciones, que no deben ser permitidas en ningún entorno de conflicto y violencia armada. Por mencionar algunas, están las infracciones a misiones médicas, en lo que va del año se han reportado más de 50 incidentes de este tipo que, pueden ser, bloqueo al paso de una ambulancia en medio de una manifestación social, agresiones a personal médico o que un vehículo de este tipo sea utilizado para otros fines que no sean los médicos y humanitarios.

Precisamente, ¿cuáles son esos actores armados ilegales responsables de esas acciones?
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Lo que más nos preocupa, como Comité Internacional de la Cruz Roja, son las consecuencias que esto genera en la población civil, más que un grupo en particular.

¿Qué más le preocupa al Cicr en el momento actual del país?

En todo el 2017 nosotros reportamos más de 50 víctimas de minas antipersonales... y en los primeros seis meses de 2019 hubo 50 casos entre Nariño y Cauca, eso sí que nos preocupa, sumado al crecimiento del uso de artefactos explosivos. También nos llama la atención los casos de desaparecidos, porque eso sigue ocurriendo mucho en el país y es una forma de atemorizar a las poblaciones, por eso mantenemos acompañamientos a familias. En la Subdelegación tenemos reporte de trece desplazamientos forzados, eso es grave.

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¿Qué lectura hace el Cicr del conflicto armado en el Valle y Cauca?
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Hemos visto que el departamento del Valle, especialmente en municipios como Jamundí, Florida y Pradera, se han aumentado las afectaciones a la población civil por causas del conflicto armado. En el Cauca, en localidades como Argelia, Corinto, Caloto y Suárez, las comunidades siguen siendo afectadas por las nuevas dinámicas del conflicto y la violencia. Persisten situaciones de desplazamiento, homicidios y amenazas, en poblaciones más vulnerables, especialmente las campesinas e indígenas.

¿Cómo ha sido ese trabajo de ustedes después del acuerdo de paz con las Farc, en supuestos tiempos de posconflicto?
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Más que hablar de posconflicto, para el Cicr es un posacuerdo, porque el conflicto continúa en el país a pesar de que se firmó la paz con uno de los actores, como fueron las Farc. Lo que queremos decir con los 50 años de presencia en Colombia es que esta no es una fecha para conmemorar, porque no solo el conflicto continúa sino que ha empeorado en algunas zonas del país. Desde nuestra Subdelegación nos preocupa Buenaventura, donde los homicidios se han incrementado, el sur y norte del Valle, y la frontera de esta región con Chocó. También Nariño y Cauca.

¿Por qué el contexto actual del conflicto armado es mucho más difícil que antes de firmar con las Farc?
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Pues están apareciendo grupos armados nuevos, más allá de los ya tradicionales, eso es principalmente...

Porque es que donde hay un cultivo de hoja de coca hay un actor armado ilegal haciendo control...

Es lo que estaba mencionando, parece que hay un paralelismo. Donde hay ese tipo de situaciones (cultivos ilícitos) pueden existir mayor presencia de grupos armados ilegales, lo que trae muchas consecuencias hacia la población civil, que es lo que nos preocupa más.

Cuáles han sido las claves para que después de 50 años en el país el Cicr persista en seguir apoyando misiones en Colombia.

Me parece importante decir que parte de los logros humanitarios en estas cinco décadas es la confianza de los colombianos e instituciones, que han respaldado a nuestra organización que es neutral, imparcial e independiente. Debemos decir que también trabajamos de la mano de la Cruz Roja Colombiana. Siempre será importante cumplir 50 años de presencia acá, pero no es necesariamente un motivo para celebrar. Para nosotros, el respeto por las normas humanitarias no es una opción, es una obligación para todos los actores armados presentes en el país.

¿Cuáles son los efectos del conflicto armado en las personas? Hablo de las secuelas...
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Los efectos de un conflicto armado se reflejan, entre otros aspectos, en afectaciones que requieren una atención especial de tipo salud mental y psicosocial. Recuperarse luego de situaciones como las que viven muchas comunidades requiere un gran esfuerzo, que es mayor si el conflicto armado persiste. Es indispensable una atención efectiva e integral a las víctimas del conflicto y la violencia armada. Toda víctima tiene derecho a la promoción y protección de sus derechos.

Por ejemplo, ¿en el Valle, Cauca y Nariño cuáles son las principales afectaciones del conflicto?
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En estas zonas las comunidades siguen viéndose afectadas por desplazamientos forzados, presencia de minas antipersonal y artefactos explosivos, desapariciones y violencia sexual, entre otras situaciones.

Entre esas regiones hay corredores de grupos armados ilegales que deben ser objeto de preocupación...
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Hemos visto con especial preocupación la situación de vulnerabilidad en la que cual se encuentran los migrantes venezolanos al llegar al país, especialmente en su tránsito por Ibagué, Cali, Buga, Popayán, Remolinos (Nariño) hasta llegar a Ipiales. Preocupan las graves condiciones de salud y la situación de seguridad de cada uno, especialmente en mujeres y niños. La atención a esta población y a las comunidades receptoras es particularmente necesaria en zonas de conflicto armado.