El expediente que llevaría a Olmedo López a responder ante la Fiscalía por escándalo de carrotanques en La Guajira

Al parecer, al ahora exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, le advirtieron en reiteradas ocasiones y hasta en territorio guajiro, que la propuesta de brindar agua potable a las comunidades más apartadas del departamento por medio de carrotanques no era la mejor idea.

Sin embargo, él decidió no desistir y presuntamente dio la orden de firmar el multimillonario contrato con intereses, los cuales de ahora en adelante lo van a poner a responder ante la justicia.

Y es que se compraron 40 carrotanques, por un valor de más de 46.000 millones de pesos, aunque el senador Jota Pe Hernández denunció el viernes que eran 35 más, para un total de 75. De acuerdo con la Fiscalía, los sobrecostos llegaron a los 20.000 millones de pesos.

Los detalles de la investigación que por el momento avanzan en el ente acusador y en la Dirección contra la Corrupción fueron conocidas por la revista SEMANA y también como López terminó con más los que los carrotanques de La Guajira.

El agua sucia por el escándalo de los carrotanques le cayó a Olmedo López, que se convertirá en la primera persona llamada a interrogatorio por las irregularidades en el contrato que firmó la UNGRD con una empresa de abarrotes radicada en una casa desocupada y en venta de Cúcuta. No obstante, López no es el único funcionario citado, ya que la Fiscalía también llamó a otros funcionarios y exfuncionarios de la UNGRD que tuvieron en sus manos la responsabilidad en la millonaria negociación, incluso de advertir las presuntas irregularidades.

Según lo pudo conocer el mismo medio de comunicación mencionado, es que entre los otros citados estarán Sneyder Augusto Pinilla, subdirector para el manejo de desastres; Víctor Andrés Meza, exsubdirector de la UNGRD y Roger Alexander Pastas, el estudiante de veterinaria que figura como representante legal de Impoamericana Roger SAS, la empresa con la que la Unidad firmó los contratos.

Los investigadores anticorrupción de la Fiscalía recopilaron documentos, contratos, facturas, recibos y minutas que serán analizados para dejar soporte de lo que parece evidente, incluso para el mismo Gobierno: las irregularidades en la contratación de la UNGRD estaban cantadas, pero solo hasta que los medios las hicieron públicas se tomaron medidas.

Además, el ente acusador dio la orden de ejecutar actuaciones, las cuales incluyen peritos en automotores que viajarán a La Guajira para adelantar inspecciones a los vehículos comprados, al parecer, al doble del precio del mercado.

Entre los hallazgos de la Fiscalía y que seguramente estarán en el listado de preguntas del interrogatorio al exdirector Olmedo López, se incluyen, fuera de los presuntos sobrecostos en la compra de los carrotanques, el pago de seguros de los vehículos, su matrícula en la Secretaría de Movilidad de Riohacha, el mantenimiento y hasta los impuestos que se dejaron de pagar, pero que aparecían en las facturas.

El ente acusador también revisará la denuncia del senador Jota Pe Hernández, en la que advierte sobre la compra de otros 35 carrotanques por más de 25.000 millones de pesos. Según Hernández, hubo un sobrecosto de 13.000 millones de pesos y aseguró que la UNGRD pagó 725 millones de pesos por cada vehículo, cuando su valor no supera los 350.

“De acuerdo con los hechos expuestos y el material probatorio recaudado, esta Secretaría encuentra hechos indicadores que, evaluados en forma conjunta, presuntamente podrían constituir supuestos hechos tipificados en el derecho sancionatorio del Estado, tanto en contra de los particulares proveedores de los bienes como en contra de los funcionarios adscritos a la UNGRD, por los cuales están llamados a responder, incluso, en el caso de encontrarse responsables, con su propio patrimonio”, señaló la denuncia de la Secretaría de Transparencia.

Pese a que este escándalo de presunta corrupción en la Unidad con los carrotanques de La Guajira ha enredado a varios funcionarios, la Secretaría de Transparencia investiga a la vez si las empresas que se presentaron a esa licitación también son investigadas por presunta evasión de impuestos.

La entidad le dijo a la Fiscalía que, tras hacer una revisión de los documentos de la contratación, establecieron que tres empresas se presentaron al proceso lanzado por la UNGRD y que, de acuerdo con los “medios”, fueron identificadas como Impoamericana Roger S. A. S., Luket S. A. S. y Brand S. A. S., las tres con un lazo común que ahora advierten.

Por último, con los hallazgos de las inspecciones, las declaraciones y las pruebas que se recauden en las siguientes etapas de la investigación, la Fiscalía no solo fijará responsabilidades de los principales protagonistas, sino de quienes aparecen en el centenar de documentos que quisieron convertir en el soporte de una transparente contratación.