Judicial
El gremio de la vigilancia se manifestó tras pronunciamiento del presidente Petro de “investigar” a las empresas
CONFEVIP pidió investigar a las empresas sospechosas.

Tras el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre algunas empresas de vigilancia que estarían realizando labores criminales, la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada – CONFEVIP, lanzó un comunicado en el que aseguró que la captura del coronel en retiro Pedro Alexander Pulido, el capitán (r) José Omar Urrego Chitiva y Jorge Oswaldo Castaño Galindo, vinculados a presuntas actividades ilícitas mientras representaban empresas de seguridad, es un hecho grave que debe ser investigado a fondo.
Sin embargo, el gremio indicó que es importante que este tipo de casos no afecten la reputación ni el funcionamiento de las empresas que sí cumplen con las normas establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

“En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro anunció, a través de sus redes sociales, que todas las empresas de seguridad privada inscritas en la Superintendencia de Vigilancia serán ‘reexaminadas’, tras estos hechos. Precisamente se trata de una red de empresas de seguridad privada que al parecer carnetizaban como escoltas a personas con requerimientos judiciales y vinculadas a diversas actividades criminales”, indicaron desde la CONFEVIP.
Por ello, el gremio expresó su profunda preocupación y reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia en el sector.

Para Miguel Ángel Díaz, presidente de CONFEVIP, es importante que las autoridades realicen investigaciones exhaustivas y rigurosas para esclarecer las responsabilidades penales y judicialicen a las personas involucradas “es importante que se diferencie claramente entre las empresas que operan de manera legal y ética y aquellas que no cumplen con las normas. La industria de la seguridad privada es importante para la economía colombiana, ya que genera más de 380.000 empleos y contribuye a la seguridad social y la estabilidad en el país”, afirmó Díaz.
Por este motivo, el gremio de la seguridad privada realizó un llamado urgente a las autoridades, como que se realice una investigación exhaustiva y judicialicen a los responsables de estos hechos sin generalizar ni estigmatizar a todas las empresas del sector.

Además, se solicitó que se “diferencien claramente entre las compañías que operan bajo la regulación y las que han obtenido licencias de manera irregular” y que se cancelen inmediatamente más de 40 licencias expedidas el año pasado sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.
El gremio también solicitó que se implementen controles más estrictos en la expedición de licencias, garantizando que solo empresas con altos estándares de calidad y confiabilidad puedan operar.
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