El siguiente escollo que debe enfrentar el proyecto de cadena perpetua para violadores de niños

Según los cálculos de los expertos, desde 1991 se ha intentado por lo menos 18 veces reformar la Constitución para imponer la cadena perpetua a los violadores y abusadores de niños.

En 2009, incluso, se intentó promover un referendo para cambiar la carta magna en este sentido y, aunque fue aprobado por el Congreso, la Corte Constitucional lo declaró inexequible por vicios de forma en su convocatoria.

La fallecida concejal de Bogotá Gilma Jiménez fue la principal impulsora de la iniciativa, que no alcanzó a ver materializada. Esta bandera la heredó su hija, Yohana Jiménez, quien impulsó un nuevo referendo, pero no logró recoger las firmas suficientes para llevar este mecanismo de participación ciudadana a la Registraduría.

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En esta ocasión, tal vez la que ha estado más cerca el proyecto de convertirse efectivamente en una reforma constitucional, el factor principal de éxito fue el respaldo del presidente Duque.

Fue una promesa de campaña del mandatario, que al llegar al poder se reafirmó en su propósito.

“No puede ser que en nuestro país, según los reportes que muestran distintas instituciones, incluida Medicina Legal, aparezca que los niños están cada vez más expuestos a violaciones o abusos en sus propios entornos familiares”, manifestó Duque para justificar su propuesta.

El apoyo del Gobierno le garantizó un tránsito relativamente cómodo a la iniciativa en el Congreso. Aunque tuvo que enfrentarse a recusaciones y trabas de procedimiento, finalmente el proyecto fue aprobado en este último debate del viernes por 77 votos, una mayoría bastante holgada.

Sin embargo, ese podría no ser el último escollo que debe superar esta reforma. Algunos expertos en derecho constitucional consideran que no es probable que obtenga el respaldo de la Corte Constitucional.

En su libro 'Consideraciones sobre la inviabilidad de la prisión perpetua en Colombia', un grupo de investigadoras de la Universidad Externado de Colombia, Angélica María Pardo, Ana Lucía Moncayo y Ángela Marcela Olarte Delgado, afirman que "No es posible reformar la Constitución en el sentido de permitir que en Colombia exista la prisión perpetua, pues una medida semejante no implicaría una reforma, sino una sustitución de la Constitución".

Aunque, de acuerdo con nuestra Constitución, la Corte solo puede declarar inexequibles las reformas constitucionales por vicios de forma, la tesis de las investigadoras es que la prohibición de la prisión perpetua está tan arraigada en la carta política que eliminarla sería modificar la esencia misma de la Constitución.

Una idea similar es la del constitucionalista Rodrigo Uprimny. "Establecer la cadena perpetua no es simplemente la reforma de un “articulito” de la Constitución. Implica una profunda alteración del principio de la posibilidad de resocialización de toda persona, que es un pilar de la Constitución", señaló en una columna del Espectador.

A esto se suman las críticas que desde distintos sectores jurídicos se le han hecho a la medida, pues amenaza con congestionar aún más un sistema carcelario que ya de por sí tiene un hacinamiento altísimo.

De hecho, el consejo asesor de política criminal le había manifestado su oposición al Gobierno, opinión que, por no ser obligatoria, no fue adoptada por la ministra de Justicia, Margarita Cabello.

La última palabra, en todo caso, la tendrá la Corte Constitucional.