El sistema carcelario, aprisionado por la corrupción: ¿qué hacer?

La fuga de ‘Matamba’ a solo unas semanas del escándalo por los ‘paseos’ del empresario Carlos Mattos, ambos recluidos en la cárcel La Picota, no solo puso en evidencia, nuevamente, la crisis del sistema penitenciario y carcelario del país, sino que obligó al presidente Iván Duque a anunciar una reforma integral al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

La pregunta que analistas y abogados, e incluso internos y exreclusos se hacen, es ¿cómo se hará esta reestructuración? y si efectivamente será un cambio que apunte a una política real de resocialización para las personas privadas de la libertad, o terminará convirtiéndose en un plan de choque sin los cambios estructurales que exige el sistema.

Para el politólogo Andrés Dávila, los escándalos y problemas que ha presentado el Inpec hacen urgente tomar medidas en la entidad.

Sin embargo, dijo que esta no es una tarea fácil, toda vez que se trata de una institución muy compleja, con una serie de funciones muy difíciles de suplir por cualquier otra entidad, además de que internamente tiene problemas de organización y de sindicatos, que complica aún más esta labor.

25 son los sindicatos que cumplen
con todos los requisitos de ley, según Robayo.

11000 guardianes y 4000 administrativos hacen parte del Inpec.

“Creo que primero se debe hacer un buen diagnóstico y pensar muy bien porque la solución no es para nada privatizar. Me parece que hay falsas ideas de que en el mundo esto está generalizado cuando no es cierto. El servicio privado de reclusión se ha probado en algunos países sin necesariamente ser muy exitoso o ser extendible a todo el sistema”, subrayó.

En cuanto al tema de corrupción que afecta a los establecimientos carcelarios, Dávila sostuvo que se deben revisar varias cosas. Una de ellas es que los centros de reclusión están llenos de sindicados. Esto genera un problema de hacinamiento que, sumado a la lentitud de la justicia para definir la situación jurídica de los internos, conduce a facilitar situaciones proclives a este fenómeno.

Adicionalmente, muchos de estos sitios están llenos de personas con muchísimo dinero: narcotraficantes, paramilitares, funcionarios públicos, hecho que posibilita corromper una guardia mal paga, precaria y mal formada.

Por su parte, el exmagistrado Juan Manuel Tello, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, expresó que las “reformas no se pueden hacer por hacer”.

Reiteró que ese ha sido el problema del país, donde no hay una política criminal estable sino que responde a coyunturas.

“Cada que pasa algo es que se hacen las reformas a la carrera, cuando deben hacerse a largo plazo y con planes estructurados. Obviamente que algo tiene que estar funcionando mal y esto obedece a múltiples causas, no solo a problemas en el Inpec, sino de manera estructural en la justicia. Nos la pasamos de reforma en reforma y no pasa nada”, enfatizó.

El jurista, quien señaló que la corrupción no es exclusivo de Colombia, sino un tema globalizado, puso como ejemplo a México donde se registró la fuga del ‘Chapo’ Guzmán, uno de los grandes capos del narcotráfico.

Por eso, recalcó que la corrupción no se puede atribuir a un solo fenómeno, ni a la superabundancia de sindicatos, al tiempo que se mostró de acuerdo con implementar controles electrónicos en las prisiones, pero también en invertir en mejoramiento continuo de la calidad del personal del Inpec, acompañado de una observación constante del mismo por parte del Gobierno, para prevenir el delito.

De otro lado, el concejal Harvy Mosquera, coincidió en que es necesaria y urgente una reforma a la Política Penitenciaria y Carcelaria en el país.
La decisión, aseguró, debe incluir entre otras, la eliminación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, “una entidad intrascendente, lenta y poco visionaria”.

Para el ex director regional del Inpec, esta reforma seguramente tendría dos grandes obstáculos: los cerca de 80 sindicatos presentes en la entidad y su gran número de aforados y, el otro, la falta de recursos para la construcción de los pabellones faltantes. Para ello, propuso acudir a las alianzas público privadas.

Se debe tener un sistema que no les permita a los internos manejar dinero, ni seguir obedeciendo a grupos delincuenciales al interior de las cárceles”, Walter Ágredo, Comité de Solidaridad con Presos Políticos.

Óscar Robayo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, UTP, sostuvo que espera que la reforma se construya entre todos los sectores del sistema penitenciario para lograr una verdadera humanización del mismo.

Dijo que reestructurar, liquidar o privatizar, no es la solución.

“Hay que fortalecer la entidad unificando la Unidad de Servicios Penitenciarios, Uspec, con el Inpec, para tener una buena resocialización de las personas privadas de la libertad, no que vayan a ser medidas populistas porque la fuga de ‘Matamba’ tiene responsabilidades particulares”, manifestó.

Walter Ágredo, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, atribuyó la corrupción a la escasez de personal de custodia que, aunado a las precarias condiciones laborales, termina llevándolos a seguir las órdenes de los jefes de los patios por dinero.

“Todo se ha vuelto un negocio: acceder a la salud, al trabajo, la rehabilitación y la resocialización será un fracaso mientras siga obedeciendo a los intereses económicos del cuerpo de custodia”.

Hay que implementar una política criminal que prevenga el delito y haga efectiva la pena. La construcción de cárceles ha dejado atrás la prevención del delito”. Óscar Robayo, presidente nacional UTP.

El País habló con un exrecluso y un interno para conocer sobre la dinámica de la corrupción en las cárceles.

El primero dijo que además de la corrupción institucional: sobrecostos en las contrataciones y subcontrataciones, se suma la corrupción interna de la guardia.

Esto, afirmó, queda demostrado durante las requisas en las que encuentran elementos prohibidos como armas, drogas y celulares en las celdas.

Por su parte, el interno que cumple condena en una cárcel de máxima seguridad del sur del país, indicó que en este centro hay un ‘cartel de los teléfonos’. “La guardia es quien entra los teléfonos. Un teléfono táctil puede costar entre 3 o 4 millones, mientras un minutero 1,5 o 1,7 millones. Un guardia puede entrar entre cinco o seis por turno”, aseveró.

Calificó como fallida la política criminal, pues cuando se atacan las estructuras del microtráfico y se retiran de las calles, el problema se ‘reubica’ en la cárcel, donde el consumo de base de coca se ha vuelto un grave problema social.

“Estas personas en concurso con la guardia entran la marihuana y la base de coca. Un ‘cacho’ vale $5000 y a un gramo le pueden hacer entre 30 o 40 mil pesos. Esta gente lidera la mayoría de los pabellones y montan sus expendios con el apoyo de la guardia”, afirmó.

Por eso, señalaron que si se quiere meter el dedo en la llaga, hay que decir que la corrupción está muy ligada al expendio de drogas y al dominio o control de los patios.