Emilio Archila, clave en el polémico caso de los fondos de la paz

La investigación saltó a la luz pública después de que Blu Radio revelara que mientras Luis Alberto Rodríguez manejaba la dirección del Departamento Nacional de Planeación, DNP, se habría formado una colectividad “corrupta” entre esa entidad, funcionarios de la Contraloría y congresistas para, aparentemente, solicitar coimas a alcaldes y gobernadores a cambio de aprobar proyectos en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, Ocad, Paz.

El Ocad Paz hace parte del Sistema General de Regalías, SGR, y se encarga de priorizar y aprobar los proyectos que serán financiados con recursos de regalías en los territorios.

“Es responsable de designar la entidad pública ejecutora de dichos proyectos y la instancia encargada de contratar la interventoría del mismo”, explica el Gobierno.

Para que un proyecto tenga el visto bueno del Ocad Paz debe ser aprobado con tres votos: el de un gobernador, el de un alcalde y el del Consejero Nacional para la Estabilización y la Consolidación en representación del Gobierno.

Para que sea aprobado en el Ocad Paz, un proyecto debe ser presentado por el Mandatario local y tiene que cumplir ciertas especificaciones que deben ser constatadas por tres figuras: el del sector que lo ejecutará, el de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, y el del DNP, que principalmente ejerce una secretaria técnica.

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Según la investigación periodística, solo en el 2021 las coimas pagadas habrían ascendido a $500.000 millones, dinero que no habría llegado a los 170 municipios que conforman los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, que corresponden a las regiones del país más afectadas por el conflicto armado.

En ese momento, quien lideraba los Ocad Paz era el exconsejero Emilio Archila y como secretario técnico estaba Álvaro Ávila.

También decidían los alcaldes de La Paz (Cesar) Martín Zuleta, y de La Uribe (Meta), Marcelino Chacón; el contralor delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón; el contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz, y el entonces gobernador de Arauca, José Facundo Castillo. De acuerdo con las denuncias recibidas por Blu Radio de parte de los diferentes alcaldes de los Pdet, para que los proyectos fueran sesionados en el Ocad Paz se pedía tener padrino político y pagar entre seis y quince por ciento de dádivas.

Una de las personas clave en el desarrollo de la investigación es el exconsejero Archila, quien, después de estallar el escándalo, aseguró que a su correo electrónico llegaron diferentes denuncias y comunicaciones que detallaban datos sobre los recursos y hechos de corrupción.

“Durante todo mi ejercicio invité públicamente, por muchos medios, muchas veces, a todos, a denunciar cualquier acto de corrupción o cualquier irregularidad en los procesos, para asegurar principios claros y transparentes. Desde por lo menos el primer trimestre de 2021, denuncié reiteradamente”, informó el exfuncionario en un comunicado.

Archila explicó que a los alcaldes se les estaría cobrando un “peaje” para que los proyectos obtuvieran los vistos buenos, y si no eran pagos esos montos, las iniciativas no pasaban a estudio, instancia en donde eran aprobados por el entonces Consejero Presidencial y los demás integrantes del Ocad Paz.

El exfuncionario reiteró que él no tenía nada que ver con el cobro ilegal debido a que este se ejercía antes de que los proyectos llegaran a sus manos. Además, informó que cuando llegó la actual directora del DNP, Alejandra Botero, Ávila, a quien según la emisora la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria por una denuncia anónima, renunció.

Frente a Ávila, la Directora de Planeación aseguró que “desde que el doctor Archila recibió denuncias, él impulsó copias a los organismos de control. Yo llegué en agosto de 2021, cuando uno llega, trae su equipo de confianza y empieza a hacer empalme. Cuando llegué a Regalías, había ciertas denuncias de presuntas irregularidades”.

Botero agregó que, como el cargo de Ávila era de libre nombramiento, llegaron a un mutuo acuerdo porque ella necesitaba una persona de su confianza para desempeñar esas funciones. Frente a las denuncias, la Fiscalía citó el viernes a Archila a rendir declaratoria sobre las informaciones que recibió mientras ejerció como consejero.

Después de la entrevista, el indagado aseguró que su testimonio será de gran utilidad para la investigación.

“Se trató de una muy buena diligencia, de más de cuatro horas, en la que la Fiscalía continuó detallando sobre las denuncias que yo le trasladé y los hechos relacionados. Un gusto para mí que mis aportes hayan sido y sigan siendo útiles para resolver este tema”, le contestó, vía mensaje de texto, Archila a Colprensa sobre dicha citación.

Botero aseguró que no han recibido pruebas por parte de quienes interpusieron las denuncias: “En este momento no tenemos ninguna prueba, desde que yo llegué tengo cinco denuncias. De esas, automáticamente hemos compulsado copias a todos los organismos de control. Iniciamos investigaciones internas a través del control disciplinario y estaban hechas en gran parte de acusaciones anónimas y un correo”.

De las cinco denuncias, fueron archivadas tres por falta de pruebas y dos siguen vigentes, según indicó.

“Las denuncias mencionan por nombre propio al doctor Ávila y a dos funcionarios de la Contraloría. Cuando ejercimos el control interno, de esas cinco denuncias tres están archivadas, los correos de donde llegaron nunca comparecieron a presentar pruebas adicionales. Cuando estábamos investigando no hubo ninguna rama de donde investigar”, explicó.

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La Contraloría, por su parte, también evidenció irregularidades en proyectos de paneles solares que fueron financiados con recursos de regalías en nueve municipios, de los cuales ocho presentaron una forma diferente de operar.

“En contratos de obra, cobrando un AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) del 30 %, cuando en realidad los ítems del proyecto son suministros que superan el 90 % del valor total del

presupuesto. Se hallaron sobrecostos en el valor de los paneles y falta de planeación poscontractual, al no tener garantizada la operación y sostenibilidad de los proyectos”, informó el ente.

Otra irregularidad hallada es que los estudios de los ocho proyectos fueron elaborados por la misma persona. El órgano de control informó que el 33 % de los municipios Pdet no han recibido ningún recurso de regalías, específicamente del Ocad Paz.

Finalmente, la Procuraduría está adelantando 24 investigaciones que involucran cerca de $250.000 millones en proyectos de municipios Pdet ubicados en Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba y La Guajira, entre otros