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Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por el escándalo de Centros Poblados
El contratista se comprometió a devolver parte de los dineros comprometidos en el polémico contrato.
A seis años y cuatro meses de prisión fue condenado por un juez en las últimas horas el empresario Emilio José Tapia, considerado el cerebro del escándalo de corrupción de Centros Poblados.
La condena se da tras la firma de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en la que ofreció excusas por sus actuaciones y se comprometió a colaborar con la justicia y a devolver más de $5.060 millones de pesos.
Tapia aceptó su responsabilidad directa en el sonado escándalo de corrupción ocurrido durante el gobierno del expresidente Iván Duque, en el que se celebró el billonario contrato que tenía como propósito llevarles Internet a cerca de siete mil escuelas rurales en diferentes regiones del país.
En medio del proceso judicial por el escándalo de Centros Poblados, un juez de conocimiento aceptó en las últimas horas la firma del preacuerdo realizado entre Tapia y la Fiscalía General de la Nación.
Lo que vendrá a continuación es que el empresario Emilio Tapia, oriundo del departamento de Córdoba, deberá devolver los más de $5.060 millones de los que se apropio de manera ilegal y que correspondían al anticipo que le entregó el Ministerio de las Tecnologías TIC con el propósito de adquirir equipos de cómputo y los elementos necesarios para lograr la conectividad en las zonas apartadas del país.
De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, el condenado empresario ha reintegrado hasta la fecha $2.532 millones y en los próximos días deberá expedir varios pagarés a nombre la Nación por un valor de $1.256 millones cada uno hasta que haya terminado de retornar el dinero que falta.
Durante el proceso judicial le fueron imputados a Emilio Tapia los delitos de peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y fraude procesal.
Así mismo el empresario, detenido en una unidad militar en Barranquilla, deberá ofrecer disculpas públicas por la gravedad de sus actos y sería testigo de la Fiscalía en los demás procesos judiciales que se adelantan por el escándalo de Centros Poblados.
