Emiten fallo condenatorio contra integrantes del ELN por el homicidio de firmantes de paz en Nariño

La Fiscalía General de la Nación ha logrado un avance en la búsqueda de la justicia por el homicidio de tres firmantes de paz en el municipio de Santa Cruz de Guachavés en Nariño. Tras una exhaustiva investigación y trabajo colaborativo con la comunidad, se obtiene un fallo condenatorio contra los integrantes del Comando Central del ELN y los cabecillas del frente Comuneros del Sur y la compañía Jaime Toño Obando.

Este caso, que data del 25 de enero de 2018, involucra la desaparición forzada y posterior asesinato con arma de fuego de tres reincorporados, cuyos cuerpos fueron encontrados días después enterrados en una fosa en zona rural del municipio de Samaniego.

La condena, solicitada por la Fiscalía, busca imponer la máxima pena de 60 años de prisión, así como una multa de 10.000 salarios mínimos, por los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y rebelión. Los responsables identificados incluyen a altos mandos del Ejército de Liberación Nacional, como Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino y otros líderes de esa organización.

La lectura de la sentencia está programada para el próximo mes de mayo, marcando un paso importante en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas y las familias de estos firmantes de paz.

En 2023 fueron asesinados 45 firmantes del Acuerdo de Paz

El 2023 fue un año difícil para los firmantes de los Acuerdos de Paz en Colombia, quienes a pesar de las políticas de seguridad del Gobierno como la Paz Total y los esfuerzos por implementar los tratados, continuaron siendo víctimas de homicidio.

Según las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, desde el 1 de enero hasta el 28 de diciembre de 2023 ocurrieron 44 delitos contra la vida de excombatientes de las Farc, dos de ellos en Cali, la única ciudad capital incluida en la lista de municipios más afectados. Sin embargo, en la madrugada del 31 de diciembre ocurrió en Sucre el último hecho del año, alcanzando la cifra de 45 muertes, solo cinco menos que en 2022.

De acuerdo con el Instituto, los departamentos con más número de reincorporados asesinados en Colombia fueron Cauca, con siete registros; seguido por Meta, con seis; Huila, con cinco y Antioquia, con cuatro asesinatos. Por otra parte, Arauca, Chocó y Nariño presentaron tres crímenes cada uno; Caquetá, Guaviare, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca y Sucre tuvieron dos casos; y Bolívar y Norte de Santander, uno por departamento.

De la misma manera, los municipios con más homicidios a firmantes fueron La Plata (Huila) y Tame (Arauca) con tres muertes, seguidos por Toribío (Cauca), Cali (Valle), Mesetas (Meta) y Puerto Rico (Caquetá) con dos.

Si bien las zonas rurales son las más afectadas por este flagelo, en las ciudades también hubo registros. Esto se debe, según el investigador y corresponsal de conflictos armados, Néstor Rosanía, a que los excombatientes han migrado desde sus territorios a las áreas urbanas por la falta de medios económicos, lo que ha trasladado el conflicto a otros lugares del país.

Además, a pesar de la creencia de que estos crímenes se dan por hechos relacionados con el narcoterrorismo, la realidad es hay multiplicidad de factores. Algunos de los asesinatos se perpetraron contra firmantes que luchaban por restitución de tierras, por liderazgos regionales, represalias por haber pertenecido al grupo ilegal o por temas personales y es por ello que en muchas ocasiones no se logran determinar los autores de los delitos.

Cabe destacar que de acuerdo con el informe anual de Violencia en Colombia de Indepaz, en el tercer trimestre del año pasado se presentó una disminución en el número de muertes, puesto que entre julio y septiembre se registraron 15 homicidios, mientras que entre octubre y diciembre sucedieron 10, tendencia a la baja que se espera se mantenga en 2024.

Para el experto, la dificultad de bajar el número de firmantes fallecidos radica en la inseguridad física, jurídica y económica de los excombatientes debido a que el Estado no ha cumplido, por ejemplo, con los planes de desarrollo con enfoque territorial.