En firme la Paz Total de Petro: Corte Constitucional se inhibe de pronunciarse en la demanda

En el primer pronunciamiento sobre las demandas contra la Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, la Corte Constitucional se inhibió de responder de fondo.

Al respecto, la sala decidió no pronunciarse de fondo sobre la demanda con el argumento que “ninguno de los cargos formulados cumplía con los requisitos exigidos y se declaró inhibida”.

Según se conoció en la resolución de la sala plena, en las decisiones de los magistrados la mayoría ganó, ya que las magistradas Natalia Ángel Cabo y Diana Fajardo Rivera se reservaron la posibilidad de presentar una aclaración de voto.

Por su parte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar se apartó de la posición mayoritaria y salvó su voto, pues consideró que la demanda “sí tiene aptitud sustancial para ser fallada de mérito”. Cabe resaltar que esta demanda fue la presentada por el ciudadano Javier Pava Quiceno, al cual la Corte la nombró de urgencia nacional para pronunciarse al respecto.

Sin embargo, esto no quiere decir que no se van a pronunciar de fondo en las demás demandas. Además de la de Pava, existen otras 7 demandas contra la ley 2272 de 2022 o también denominada Ley de Paz Total.

Este articulado es uno de los más importantes del gobierno de Gustavo Petro, pues esta es la hoja de ruta para negociar con los diferentes grupos armados que han formado parte del conflicto y el sometimiento a la justicia de bandas criminales que no tienen ningún status político.

Una las demandas presentadas por el congresista José Jaime Uscátegui está en manos magistrado Antonio José Lizarazo y el otro proceso que fue acumulado por los demandantes Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, la cual está en manos de la magistrada Natalia Ángel.

Cabe decir que, la Paz Total es el proyecto legislativo más polémico y ambicioso del gobierno del presidente Gustavo Petro. Por lo tanto, es uno de los temas que más controversia jurídica ha desatado en esta administración.

Se trata de una iniciativa que busca darle facilidades al Gobierno para negociar con grupos criminales y que permitiría, por ejemplo, que los disidentes de las Farc, que incumplieron al proceso de paz y regresaron a la subversión y el tráfico de estupefacientes, puedan emprender nuevamente una negociación con el Estado. Todo lo cual tiene a diferentes sectores políticos y sociales en alerta por la flexibilidad que esto pudiera generar, y que no haya un proceso de justicia y penas al respecto.

En este sentido, fue el magistrado Jorge Enrique Ibáñez quien pidió ‘tumbar’ toda la Ley 2272 de 2022, de la Paz Total, lo que también generó rechazo de los sectores políticos que apoyan la iniciativa del Gobierno Petro.

Así las cosas, tras la decisión de la Corte, el magistrado Ibáñez fue uno de los primeros críticos.

Al no fallar, dijo que se pierde la oportunidad de pronunciarse en aspectos tan importantes como la garantía a los derechos de las víctimas, adelantar los acercamientos con grupos armados y lograr hasta el sometimiento de estas bandas criminales, donde varias de ellas decidieron reincidir en sus conductas delictivas a pesar de participar en un acuerdo de paz anterior como el de La Habana.

Igualmente, el magistrado Ibáñez contradijo a los demás magistrados de la Corte al considerar que la demanda sí tiene aptitud sustancial para ser fallada de mérito. ”En cuanto a los cargos atinentes al proceso de formación de las normas demandadas, la demanda cumple con los estándares exigibles, en la medida en que, de una parte, indicó cuál es procedimiento que ha debido seguirse y, de otra, señala cómo este procedimiento fue desconocido por el Congreso”.

Tras esta decisión, se espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre otras demandas que aún están en curso para su estudio y debate.

Con información de Colprensa y El País