En la Procuraduría hay 111 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales

Aníbal de Jesús Torres Gómez, Jhony Alexander Barbosa Mesa, Uriel de Jesús Vásquez Meneses, Antonio Trujillo Márquez, Humberto Zapata Ruiz y Hugo Armando Torres, son los nombres de algunas víctimas de ejecución extrajudicial y cuyos presuntos responsables serían miembros de las Fuerzas Militares que actualmente son objeto de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría.

El informe del Ministerio Público, conocido por Colprensa, da cuenta que 111 uniformados tienen un expediente en curso por este tema. Los más involucrados por este caso son los soldados profesionales, pues el documento reseña que estarían involucrados en 37 hechos. En segundo lugar, están los soldados regulares con 19 procesos y los soldados campesinos en nueve investigaciones.

El dato no es menor si se tiene en cuenta que entre estas tres categorías de soldados (cabe resaltar que la figura de soldado campesino ya no existe), se concentran 65 homicidios, es decir el 59 % del total de las investigaciones que adelanta la Procuraduría delegada para la defensa de los derechos humanos.

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En el caso de los soldados regulares hay 19 investigaciones que corresponden a tres hechos puntuales. La muerte de Uriel de Jesús Vásquez Meneses, ocurrida en Remedios, Antioquia, con 12 militares enredados, es el proceso más voluminoso y, de acuerdo al Ministerio Público, actualmente se encuentra en la fase de pruebas de descargos.

El segundo con más soldados regulares involucrados es por la muerte de Humberto Zapata Ruiz, ocurrida el 19 de enero de 2008 en Segovia, Antioquia, y por el hecho están investigando a uniformados del Batallón Especial Energético Vial Nro. 8. De acuerdo con el expediente de la Procuraduría, a Zapata Ruiz “lo torturaron y le dispararon”. El caso está a punto de proferir una decisión en primera instancia.

Los 37 soldados profesionales son investigados disciplinariamente en 15 expedientes por asesinatos cometidos en Norte de Santander, Antioquia, Meta, Sucre y Cesar, entre otros departamentos. En estos casos están involucradas las divisiones Cuarta (nueve casos), Segunda (seis casos) y Séptima (ocho), así como batallones y brigadas de las que no especifica el documento de la Procuraduría.

En el informe se indica que hay 66 casos que involucran a miembros del Ejército y cinco casos en los que los supuestos culpables son de las Fuerzas Militares, sin precisar la unidad a la que pertenecen.

En manos de la Procuraduría delegada para la defensa de los derechos humanos hay 86 procesos y en el despacho del viceprocurador general se tienen 12 investigaciones de las cuales, en la mitad, los presuntos responsables son soldados campesinos.

En los grados oficiales hay seis procesos contra tenientes, cuatro contra capitanes y tres contra mayores. El documento señala que hay dos comandantes que también son procesados por esas faltas, pero sin detallar de quiénes se trata o las unidades a las que pertenecen.

El crimen de Omer Alcides Villada, un agricultor que tenía una discapacidad cognitiva, es uno de los casos por lo que es procesado uno de estos comandantes. Aunque, como ya se dijo, no hay precisión de quién es el procesado, se presume que se trata del hoy general Diego Luis Villegas, el mismo que le ofreció su perdón a la comunidad por el asesinato del excombatiente de las Farc, Dimar Torres.

La otra actuación disciplinaria contra una persona de este cargo es la que se sigue por el caso de los jóvenes de Soacha, el emblemático episodio que destapó todo lo que sucedía detrás de los falsos positivos cuando aparecieron muertos en Ocaña, Norte de Santander, y fueron presentados como bajas en combate por parte de las Fuerzas Militares.
Ambos casos son manejados por la Delegada de derechos humanos y en el caso de Soacha aún se adelantan las pruebas de descargos, mientras que en el proceso para esclarecer la muerte de Villada ese despacho adelanta la evaluación de la investigación disciplinaria.

En el resto de los expedientes tienen como aparentes culpables a cabos de diferentes grados, sargentos y subtenientes. Llama la atención que de los 111 casos hay un proceso aún que no tiene definido el militar investigado y está catalogado como “por determinar”.