Escándalo de la UNGRD: Sandra Ortiz no acudió al interrogatorio con la Fiscalía

Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del actual Gobierno, decidió no hablar ante la Fiscalía sobre los señalamientos que han surgido en su contra, en el marco de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), argumentando que “no tenía nada que decir”.

Lo hizo luego de que el pasado 14 de agosto culpó de su situación a los medios de comunicación que la esperaban a su ingreso al búnker. “Me han perseguido y, por todas las noticias de los últimos días, hoy mi vida está en peligro y las de mis dos hijas. Y eso no se hace, si ustedes tienen pruebas yo mismo se la entregó a la fiscal”, acusó la exfuncionaria.

Minutos después, ese día y ante el fiscal del caso, Ortiz usó el mismo argumento ante el fiscal del caso para pedir aplazamiento.

“Le pidió a la Fiscal que lleva el caso que le concediera cinco minutos, guardó silencio y en medio de las lágrimas le contó que se sentía mal, que estaba en tratamiento con un psicológico y un psiquiatra y que, además, estaba tomando medicamentos para controlar los nervios”, razón por la cual el fiscal tuvo que aplazar.

La investigación apunta a que dentro de la UNGRD se creó una “organización criminal”, como lo denominó la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.

Todo dirigido por Olmedo López, quien para ese momento era el director, y Sneyder Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como “El pastuso”, quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados.

En la primera fase de investigación, la Fiscalía detectó irregularidades en más de 20 contratos, relacionados con la adquisición de carrotanques, su alquiler y compra, además de cuestionamientos en el traslado de $100.000 millones de la Agencia Nacional de Tierras.

En ese contexto, Ortiz fue señalada por la Fiscalía de entregar $3.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado. Dinero que tenía como origen el contrato de compra de 40 carrotanques que llevarían agua potable a La Guajira, en cuál López y Pinilla se aliaron con López Rosero para entregarle dichos contratos por un valor de $108.000 millones, a cambio de un 13% de coimas.

*Con información de Colprensa.