​Escándalo en la Secretaría de Educación del Cauca: ​investigan posible corrupción para agilizar traslados y nombramientos en cargos

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación preliminar contra docentes y funcionarios por determinar de la Secretaría de Educación del Cauca, por posibles conductas irregulares relacionadas con el trámite de situaciones administrativas en la planta de cargos de la Gobernación.

El Ministerio Público busca determinar si, desde 2022 hasta la fecha, “se estaría ofreciendo dinero a los encargados de realizar trámites o agilizar actividades como traslados, nombramientos, escalafón y elección de cargos en los diferentes colegios del Cauca, y en favor de los educadores”.

Los hechos fueron denunciados, de acuerdo con la Procuraduría General, en un medio local, que señaló que el secretario de Educación del Cauca, Amarildo Correa Obando, habría manifestado que en la dependencia a su cargo “lo que tiene costo se consigna en un banco que básicamente son las constancias, o algunos trámites que están atravesados por una consignación bancaria”, y aseguró que “cualquier negocio que se haga con un particular es un acto de corrupción (...)”.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Cauca ha ordenado la práctica de pruebas para identificar e individualizar el posible autor o autores de las faltas disciplinarias, así como la ocurrencia de los hechos.

El Ministerio Público ha advertido que, de encontrarse méritos suficientes, podría imponer sanciones disciplinarias a los implicados, las cuales pueden variar desde una amonestación hasta la destitución del cargo.

Por su parte, la Secretaría de Educación del Cauca ha asegurado que está dispuesta a colaborar con las investigaciones y que, en caso de encontrarse responsabilidades, tomará las medidas necesarias para evitar que estos hechos se repitan en el futuro.

Investigación contra exalcaldesas del Valle

Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra varias exalcaldesas del departamento de Valle del Cauca por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones durante sus respectivos periodos de gobierno.

En el caso de la exalcaldesa de Zarzal, Luz Elena López (2016-2019), se le acusa de presunta omisión en la asignación presupuestal para el Consejo Territorial de Planeación, lo que habría afectado el apoyo administrativo y logístico necesario para su correcto funcionamiento. Según la Procuraduría, la exmandataria posiblemente violó los principios de moralidad y responsabilidad al pasar por alto una obligación que implicaba el bienestar general de la población.

La Procuraduría también abrió investigación contra la exalcaldesa de Vijes, Blanca Oliva Cardona Hincapié (2012-2015), por presunta constitución de reservas de apropiación en 2015 por más de 1.000 millones de pesos, para concluir obras que suponían la entrega de bienes y servicios para el año 2016. Según el ente de control, la exfuncionaria pudo incurrir en un abuso de funciones al expedir un decreto en diciembre para formalizar el pago de compromisos derivados del contrato, que resultaban improcedentes por estipular un plazo de cuatro meses para su ejecución, lo que lo extendía hasta el año siguiente.

En cuanto a la alcaldesa de Andalucía, Ellicel Arcila Posso, se le acusa de presunta responsabilidad en la contratación irregular de la construcción de una planta de tratamiento de agua potable durante la pandemia generada por el covid-19. Según la Procuraduría, la alcaldesa habría desconocido las normas que regulan los servicios públicos para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Estas decisiones de la Procuraduría hacen parte de su labor en la vigilancia y control de la gestión pública, con el fin de garantizar el correcto uso de los recursos públicos y la transparencia en el ejercicio del poder político. Las exalcaldesas investigadas tendrán derecho a presentar sus descargos y aportar las pruebas que consideren pertinentes en su defensa.