Esta es la razón de los recientes crímenes de las disidencias de las Farc contra comunidades indígenas del Cauca

La esperanza duró poco. La anhelada paz tras la firma del acuerdo del Teatro Colón entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el Secretariado de las Farc solo recorrió por unos días los resguardos indígenas del norte del Cauca.

Cuatro meses antes de patentar el acuerdo de paz, el 6 de julio del 2016, Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, le dio un golpe a la mesa de negociaciones que avanzaba en La Habana (Cuba), se paró del recinto y empezó a rearmar las estructuras desmovilizadas de las Farc para dar vida a lo que hoy son las disidencias.

El mismo grupo delincuencial que, apartado de cualquier ideología política, asesinó el pasado sábado en el municipio de Toribío, norte del Cauca, a la gobernadora indígena Carmelina Yule Paví, en el momento en que la comunidad intentaba rescatar a un menor de edad que era reclutado por esa organización armada ilegal.

“La comunidad advierte del hecho y se moviliza para rescatar al comunero, logrando su liberación y la inmovilización del vehículo en el que se estaba realizando el secuestro y se concentra alrededor del mismo exigiendo que los miembros de este grupo armado dieran explicación (...) la respuesta por parte de estos delincuentes sin mediar palabra fue disparar indiscriminadamente a la comunidad”, explica en un comunicado la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco ‘Proyecto Nasa’.

Este caso es solo el más reciente de un historial de crímenes perpetrado por la columna móvil Dagoberto Ramos de las Farc, contra las comunidades indígenas y que se remonta, incluso, a épocas en que el Gobierno Nacional y el secretariado de las Farc apenas estaban adelantando las negociaciones en La Habana.

¿Por qué se rompió el acuerdo tácito de no agresión a las comunidades indígenas? ¿Qué ha generado el malestar de los hombres del frente Dagoberto Ramos de las disidencias? ¿En qué no están dispuestas a ceder las comunidades indígenas en su territorio?

Es la nueva guerra

Es la mañana del martes 19 de marzo y en la cancha de la vereda La Bodega, zona rural de Toribío, acondicionada con carpas como sala de velación del cuerpo de Carmelina Yule Paví, varios líderes indígenas, incluido Feliciano Valencia, rememoran lo que ha sido esta nueva guerra que les trajo la paz.

“La matazón empezó en el 2014; cuando nos asesinaron a dos miembros de la guardia indígena en el momento en que estaban bajando una pancarta alusiva al segundo aniversario de la muerte de Alfonso Cano. Eso fue aquí en la vereda El Sesteaderos y los muertos fueron Daniel Coicué y Manuel Antonio Tumiñá; esas fueron las primeras víctimas de esta disidencia” recuerdan durante el diálogo.

Ese 5 de noviembre del 2014, el malestar y la decisión de descolgar el material alusivo a las Farc se originaba en el atentado de esa guerrilla contra el guardia indígena Édgar Tumiñá, en un esfuerzo por reafirmar la autonomía del pueblo Nasa en ese sector del norte del departamento.

Atrás quedaba lo logrado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) en 1985, en cabeza del fallecido Anatolio Quirá, cuando viajó a Casa Verde y se reunió con el propio Manuel Marulanda Vélez, con Raúl Reyes y con Timoleón Jiménez y planteó el tema sobre qué iban a hacer las Farc con los indígenas.

La respuesta del secretariado, según Feliciano Valencia, es que ellos dijeron que no actuaban contra los indígenas. “Ante tanta muerte, ellos reconocieron que había algo de desorden en los mandos y fruto de eso fue que se hizo el Acuerdo de Casa Verde, en 1985 y eso está firmado por todo el Secretariado. En ese acuerdo lo que ratificaron es el punto sexto del acuerdo agrario y donde claramente se establece que van a respetar los cabildos, ahí está muy clarito proteger a los cabildos, a respetar la cultura, a garantizar que los indígenas tenga la tierra suficiente y a no perseguir a la comunidad indígena”.

El Acuerdo de Casa Verde redujo en gran medida los ataques de las Farc contra los indígenas del Cauca, pero cuando se llega al acuerdo de paz y se conformaron las disidencias, no solo se rompió la poca tranquilidad que tenían, sino que se cerraron todos los canales de diálogo; hoy ni siquiera se sabe con quién es que se debe hablar.

La manzana de la discordia

Lo que tanto molesta a las disidencias actualmente, según los líderes indígenas, es que la guardia active los puestos de control territorial, no puedan realizar sus movimientos y que les incauten la marihuana, la cocaína y que les retengan los precursores químicos.

“Últimamente están muy chocados porque ellos se han dado a poner vallas por todos lados y la gente dijo, ‘no, cómo vamos a dejar que ellos contaminen el territorio con cosas que no corresponden a nosotros’; entonces es como dañarle la imagen al territorio. Y como nos pusimos a bajar vallas, se molestaron más todavía”, explica el líder Feliciano Valencia.

Lastimosamente, y yendo un poco a la historia, agrega la mayora Ana Deida Secué, “el movimiento indígena ha sufrido a través de la violencia grandes pérdidas porque cuando se hace el ejercicio de gobierno propio, de ejercer control y autonomía en el marco de la jurisdicción especial para los pueblos indígenas, eso no cae muy bien entre quienes generan violencia y guerra”.

“En ese ejercicio de ejercer autoridad, a muchos nos ha tocado enfrentar situaciones de riesgo, amenazas, muertes, desplazamientos y desapariciones; y no solo por parte de la insurgencia sino de otros actores que han querido violentar el territorio”, asegura Ana Deida Secué.

Se suma a ello que desde hace cerca de tres años la guardia indígena y la comunidad han perseguido a algunos de los guerrilleros en su territorio, los ha capturado, les destruye el armamento y los envía luego a prisión bajo las normas de la jurisdicción especial de los pueblos indígenas.

En este caso, la justicia especial indígena no tiene las prerrogativas que contempla la justicia ordinaria y las condenas se pagan plenamente.

Aunque no fue posible logar la estadística exacta, serían más de 30 los miembros de las disidencias procesados y condenados bajo la legislación especial indígena. Algunos de los capturados se encontraban en el municipio de Tacueyó y se logró un caso de conciliación y fueron dejados libres.

Pero la raíz de los hechos recientes es que la guardia indígena está capturando y reteniendo las armas de los disidentes, una decisión que riñe con los mandos superiores de las Farc, quienes han dado la orden a sus hombres de no dejarse desarmar por nadie y accionar sus armas contra cualquiera que intente despojarlo de ella, so pena de enfrentar un juicio de muerte.

Sobre cultivos ilícitos

Cuando permitieron que cientos de hectáreas de tierras ancestrales de comunidades indígenas del Cauca se llenaran de cultivos de uso ilícito como la marihuana, la amapola y la coca, abrieron también la puerta trasera al conflicto armado.

Así lo reconoce en medio de lágrimas Francy Pequi Ascué, mientras a su espalda es velado el cuerpo de su abuela, con funciones de madre, Carmelina Yule. La mujer fue asesinada frente a ella hace una semana por las disidencias de las Farc, en zona rural de Toribío, mientras intentaban rescatar a un menor indígena que era reclutado por el grupo armado ilegal.

“Yo digo que lastimosamente lo que más nos afecta es el hecho de que acá se dé mucho el cultivo ilícito. Eso es lo que como comunidad nos está ocasionando la desgracia y lastimosamente no sentamos conciencia. Hay comunidades que dependen mucho de eso y les diría que recapaciten porque todo lo que nos está pasando es por la droga. Eso fue lo que rompió la tranquilidad nuestra”, asegura Francy Pequi.

Frente a la presencia de las disidencias en torno a esos mismos cultivos y las actividades ilícitas que desarrollan, explica que “anteriormente, como comunidad, nosotros los defendíamos porque ellos también nos defendían a nosotros; sacábamos al Ejército, incluso, pero yo como comunera hoy sé que no lo haría porque ya estoy cansada; estamos cansados de lo que ellos nos están haciendo. Nos están matando y son los mismos de acá; no son familia, para mí no son nada”.

De acuerdo con los estudios de monitoreo de cultivos de uso ilícito, el departamento del Cauca es una de las regiones del país en donde se encuentran las zonas más extensas cultivadas con marihuana y hoja de coca.

“La realidad es que el problemón que tenemos encima, aquí en el municipio de Toribío, es la presencia de cultivos de coca y marihuana. Ese es el negocio que de verdad defienden las disidencias; por eso es qué les duele tanto la autonomía indígena, el gobierno propio y nuestra posición política; porque ellos tienen que rendir cuenta de los cargamentos que llegan donde ellos tienen que llevarlos. Eso es lo que más les talla en el fondo a ellos”, dijo otro líder de manera informal.

Incautaciones de droga

Un kilómetro arriba de donde fue asesinada la gobernadora Carmelina Yule y resultaron heridos otros dos integrantes de la Guardia Indígena en un forcejeo con integrantes de la Columna Dagoberto Ramos de las disidencias, permanece el chasis incinerado de una camioneta que días atrás fue retenida con droga por parte de la guardia indígena.

En medio de su ejercicio de control territorial, la comunidad tenía acondicionado un retén en la vía que del casco urbano de Toribío va hacia la vereda La Bodega; y en el lugar se hizo la parada a una camioneta que era conducida por un integrante de las disidencias de las Farc.

Luego de rodear el vehículo, la comunidad obligó al hombre a descender y en su interior hallaron abundante droga que era conducida por sus territorios y luego fue incinerada al igual que el vehículo que la transportaba.

“Nosotros nunca fuimos violentos con ellos. Y todo lo que está pasando es por el accionar de ellos mismos”, asegura la comunera Francy Pequi Ascué.

Por su parte, Ana Deida Secué recalcó que: “Hemos insistido en que lo que queremos hacer en nuestro territorio es una justicia sin violencia, pese a que nos han querido imponer las armas, no lo hemos aceptado y eso ha causado mucho malestar”.

Ya entre 1984 y 1991, cuando se dio su desmovilización, había surgido de entre las comunidades indígenas el grupo guerrillero conocido con el movimiento Armado Quintín Lame, para enfrentar la violencia de los grupos armados contra las comunidades indígenas del Cauca, pero también para hacer frente a terratenientes, a acciones militares, grupos paramilitares y para extender por la fuerza sus territorios.

Pero la violencia fue incluso superior y de nuevo tomó fuerza el proceso de autoridad y control a través de la guardia indígena. Un proceso basado en la resistencia sin armas y en permanecer unidos sin abandonar el territorio ni sus bienes.

“Nosotros no podemos ceder y ellos tampoco lo harán. Y están arriesgando demasiado porque si siguen tensionando la cuerda con hechos como el ocurrido con Carmelina y que generó la ruptura de la negociación de paz, lo que viene en adelante será más complejo y ellos tiene las de perder; porque la opinión pública se les viene encima, el Gobierno se les viene encima y la comunidad internacional ya advirtió que si la situación no mejora, retiran el acompañamiento porque no pueden estar en diálogos con una guerrilla que no respeta nada “, explica Valencia.

Las heridas cada vez son más inmensas y la autoridad indígena no está dispuesta a ceder. “Imagínese lo que va a pasar, así como está de disgustada la gente, el día que decidan parar la entrada de precursores, que no dejen entrar armamento, que no dejen entrar comida, ¿de qué van a vivir ellos? Ellos son fuertes pero con armas y balas, ¿pero si no tienen balas? Pero ellos no se detienen a pensar esa lógica”, concluye la charla de líderes.

¿Por qué las disidencias de las Farc se ensañaron con las mujeres?

Cristina Bautista Taquinás, Yeimi Chocué, Carmelina Yule Paví y Virginia Silva consagraron su vida a un propósito común: conservar la autonomía de los pueblos indígenas, proteger a sus comunidades, salvaguardar sus territorio y evitar el reclutamiento de menores.

Pero también tienen en común que fueron lideresas, mayoras o gobernadoras asesinadas por integrantes de las disidencias de las Farc por oponerse a los intereses del grupo armado ilegal y que han utilizado sus tierras como plataforma para ejercer sus actividades ilegales.

La valentía de la mujer indígena ha quedado demostrada en las diferentes actividades realizadas dentro y fuera del territorio. “Si nos quedamos callados nos matan; si hablamos también. Entonces hablamos”, fueron las palabras de Cristina Bautista antes de ser asesinada el 29 de octubre de 2019 junto a otros cuatro guardias en el resguardo de Tacueyó.

Estamos defendiendo este proceso porque primero que todo somos mujeres, dice la mayora Ana Deida Secué, quien ha sido integrante de la dirigencia del Cric; “segundo, somos madres, dadoras de vida; tercero, no queremos que nuestros hijos los estemos pariendo y creciendo para que se vayan para la guerra. Por esa razón en el movimiento indígena hay un reglamento y es que ningún indígena puede irse a prestar el servicio militar o ir a ser parte de un grupo armado; debe prestar su servicio es en la guardia indígena”.

Pero ha sido igualmente compleja la utilización de las niñas indígenas como parte de la estrategia de guerra entre los diferentes grupos armados que han tenido presencia en el departamento del Cauca a lo largo de los últimos años.

“Nosotros hemos visto, lamentablemente una descomposición social con la llegada de grupos paramilitares, de miembros de las Fuerzas Militares y de estos grupos insurgentes porque son decenas de niñas que no solo han sido violadas o desaparecidas, sino que han sido asesinadas por algún actor armado porque las ven hablando con algún militar o con el miembro de alguna fuerza que media en el conflicto”, asegura Hilda Culcué.

La ideología del dinero

Aunque no se han establecido las cifras exactas de mujeres indígenas que han sido desaparecidas, son muchas las familias que a la fecha no tienen conocimiento del lugar donde se encuentran sus menores.

“Esa situación nos llevó a decirnos que las mujeres tenemos que movilizarnos y apoyar el tema de la desmilitarización y desarme del territorio; fue cuando hicimos el barrido de algunas trincheras en los territorios que dejaron muchas muertes de niñas y mujeres que fueron enamoradas por integrantes de la Fuerza Pública que luego fueron asesinadas por otro actor armado. Sin embargo hoy la situación se ha puesto mucho más tensa y más aguda en el sentido en que estos grupos armados que han surgido, no tiene un direccionamiento político; no tienen una ideología de lucha, de defensa y su ideología es cobrar impuesto, asesinar gente por encima de quien sea y obtener dinero para estar bien ellos sin importar el que se oponga”, explica la mayora Ana Deida Secué.

Muchos de esos niños, en condiciones de vulnerabilidad por la pobreza de sus comunidades, se han convertido fácilmente en presas de los reclutadores que reciben bonificaciones por cada menor que lleve a las filas. Siempre con la promesa de darles celulares o dinero se los sacan de sus comunidades y sus hogares.

Fue justamente evitando eso que una semana atrás Albeiro Mestizo, alias Zapata, uno de los mandos de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias, asesinó frente a su familia y su comunidad a la mayora Carmelina Yule Paví, como quedó registrado en un video que se ha hecho viral.

Ya unos años atrás el mismo hombre que asesinó a Carmelina había ejecutado a dos de sus hijos en hechos aislados. Esa situación hizo que la mujer asesinada hubiera golpeado en público al jefe guerrillero en reclamo por la muerte de sus seres queridos y su reclamo se presentaba en todo escenario o asamblea a la que Carmelina asistiera. Eso fue generando un odio personal contra ella.

“A los dirigentes de los grupos armados que a diario amedrantan, asesinan, secuestran, extorsionan, desplazan y reclutan a integrantes de la comunidad, les decimos ¡BASTA YA!; el Pueblo Nasa de Toribio no puede seguir derramando sangre de comuneros hermanos por una guerra que no nos pertenece; por eso nos declaramos en asamblea permanente para analizar y orientar los caminos que conduzcan al equilibrio y a la armonía familiar, comunitaria y territorial”, expresó en un comunicado la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco, Proyecto Nasa.

Lo que ellos consideran un plan de exterminio que han denunciado a la comunidad nacional e internacional, se hace más evidente cuando los líderes y liderezas hacen referencia al tema vetado del narcotráfico.

El simple hecho de debatir o discutir sobre el tema de las drogas, en el que son las mujeres las que más alzan su voz, son considerados objetivo militar y llega la lluvia de amenazas.

“Me llevaron a las disidencias a los 12 años con mentiras”

Ni siquiera le ha cambiado la voz infantil y ya de sus labios salen con total normalidad algunos términos como armamento, desapariciones, operativos, juicio político, ejecución y reclutamiento.

A Miguel, quien de niño fue bautizado con otro nombre que preferimos ocultar, las disidencias de las Farc le sedujeron su inmaduro carácter cuando apenas tenía 12 años de edad y abandonó el proceso de comunidades indígenas en el que debería formarse para ser parte de la guardia, como sus padres y hermanos.

Las carencias en su casa, dice, fueron las que lo llevaron a aceptar ser parte de esa organización en la que aún no recibe todo lo que le prometieron. “Empezaron a arrimar a mi casa y les veía buenos teléfonos y yo quería uno de esos. Luego me pedían el favor de comprarles algunas cosas de remesa, un mercadito pequeño y cuando menos pensé ya estaba siendo parte”, cuenta.

“Me daba mucho miedo cuando tenía que salir de noche a acompañarlos para reclutar otros muchachos y cuando vi cosas que no me gustaron ya me decían que no me podía salir; que no los podía traicionar. Pero en un solo día podía sumar hasta tres muchachitos”, relata Miguel entre labios.

“De las cosas que más me daba rabia es que se inventaban mentiras para llevarse muchachos a investigarlos y con esas mentiras los condenaban o los acusaban de ayudar al Ejército y era solo para matarlo. Pero aquí desde el primer día se juega con candela”.

“Yo tuve que acompañarlos a coger muchachos que luego mataron o que la familia dio como desaparecidos y por eso no quiero volver más; porque yo sé donde están pero no puedo decir nada porque me matan”, relata.

“Yo siempre quise expresarme y decir la verdad de las cosas, pero nosotros no podemos hablar; tenemos que permanecer callados y solo los jefes son los que hablan, pero todo es mentira”.

“Yo la verdad no tuve que matar a nadie pero no hubiera sido capaz porque vi como mataban a la gente y eso me daba mucho pesar; sobre todo porque muchos de esos muchachos yo los conocía y sabía que en realidad no habían hecho nada, pero no podía decir nada porque le dicen a uno que es un volteado y le pueden hacer daño y matarlo a uno o a su familia también”.