Estado colombiano enfrenta billonaria demanda por parte de los dueños de la EPS Sanitas; ¿cuál es la razón?

Las empresas españolas Natanor XXI y Centauro Capital, dueñas de la EPS Sanitas, han avanzado en una demanda arbitral contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por los supuestos perjuicios ocasionados tras la intervención de dicha entidad en abril del año pasado.

El reclamo de los dueños de Sanitas asciende a 1200 millones de dólares, lo que equivale a cerca de 5,2 billones de pesos, cifra que podría incrementarse.

La solicitud, presentada oficialmente el 21 de enero pasado, argumentó que la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud fue arbitraria y discriminatoria, constituyendo una “expropiación indirecta” que vulneró el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Colombia, firmado en 2005.

Según las empresas demandantes, esta medida obstaculizó el manejo y disfrute de sus inversiones, afectando gravemente sus operaciones, lo que representa una violación del estándar del TJE (Trato Justo y Equitativo).

La firma neoyorquina Debevoise & Plimpton, reforzada por el reconocido abogado Nicholas Folly, lidera la defensa de los inversionistas extranjeros, mientras que la oficina bogotana Rincón Castro Abogados asumirá su representación local.

La intervención de Sanitas fue anunciada como una “medida preventiva” por el entonces superintendente Luis Carlos Leal, quien justificó la toma de control para evitar la inminente liquidación de la EPS y garantizar la salud de los colombianos como derecho fundamental.

Según la Superintendencia, el objetivo era corregir fallas administrativas y salvaguardar el acceso a los servicios de salud en el país.

Ante esto, se prevé que la conformación del tribunal arbitral se concrete en los próximos meses, lo que dará paso al inicio del proceso formal de arbitraje internacional.

¿Cuál será el proceso de la billonaria demanda?

Antes de establecer una diligencia judicial, los dueños de Sanitas y el Estado colombiano deberán intentar llegar a un acuerdo directo mediante una conciliación. En caso de que este mecanismo no dé resultados, se dará inicio a una nueva etapa de demanda formal, la cual tiene por objeto plantear otras opciones de conciliación.

Si este proceso también fracasa, ahí sí se instalará el tribunal arbitral, que se encargará de decidir sobre la demanda de los dueños de Sanitas y la postura defensiva por parte del Estado.

El proceso de demanda podría extenderse hasta por cinco años, según informó El Tiempo.

Es de recordar que la defensa del Estado colombiana estará liderada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y bajo la dirección del exmagistrado César Palomino.

*Redacción de El País y Colprensa.